DECLARACIÓN del Centro de Orientación en Energía
(COENER), Academia de Ingeniería y Hábitat (ANIH) , CEDICE Centro de Estudios
de Energía de Venezuela, el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente la y la
Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo (SVIP) A TRES AÑOS DE LA TRAGEDIA
OCURRIDA EN LA REFINERÍA AMUAY EL 25-08-2012
Al cumplirse el
tercer aniversario del más grave incidente ocurrido en la industria petrolera
venezolana, en el que, según la fuente oficial, perdieron la vida 42 personas,
150 resultaron heridas y 5 aún permanecen desaparecidas, nuestras instituciones
expresan nuevamente su pesar y palabras de solidaridad a los familiares de
todos las personas fallecidas y heridas, así como también a aquellos ciudadanos
cuyos bienes se vieron afectados por este desastre, a la vez que manifiestan su
preocupación por no haberse obtenido de los organismos oficiales respuestas
razonables y perentorias a las interrogantes básicas que surgieron desde el
primer día de ocurrida esta tragedia.
Ante la gravedad
del evento y tal como fue oportunamente comunicado por nuestras instituciones a
la opinión pública, en aquel momento se imponía que el Gobierno Nacional
designara rápidamente un Comité de Investigación independiente, integrado por
expertos nacionales e internacionales, en el cual el personal de la refinería
participara únicamente para prestar el soporte requerido para la recopilación
de la información pertinente. Dicho comité debería, en un plazo perentorio,
determinar las causas de esta lamentable tragedia, identificar los elementos
necesarios para establecer las responsabilidades del caso y lo que es más
importante, emitir las recomendaciones necesarias para evitar la ocurrencia de
otra fatalidad similar, acciones que no se ejecutaron en el momento preciso.
Dado que en agosto
de 2013 -transcurrido un año de la tragedia- no se había emitido un informe
oficial del accidente por ningún organismo del Estado, el Centro de Orientación
en Energía (COENER) presentó a la opinión pública los resultados de su
investigación realizada por un equipo de técnicos y especialistas. Este
documento se publicó el 25 de agosto de 2013 en el blog de COENER http://coener2010.blogspot.com/ e inclusive fue entregado personalmente al
presidente de la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional. En este Informe
se presentó el análisis del accidente; sus causas potenciales; su impacto de
tipo material, económico y ambiental, para la corporación PDVSA y el país; las
conclusiones que se derivan de la investigación; y un conjunto de recomendaciones
orientadas a evitar la recurrencia de accidentes similares en la Industria
Petrolera Nacional.
Seguidamente PDVSA,
intuimos que como un mecanismo de defensa/respuesta a la iniciativa tomada por
COENER, realizó el lunes 09 de septiembre de 2013 una presentación sobre el
accidente de la Refinería de Amuay, en la que concluyó que el mismo fue
ocasionado por una acción de “sabotaje”, afirmando que “se encontraron
aflojados siete de ocho espárragos de la base de la bomba de olefinas P-2601
del Bloque 23”, situación que atribuyeron a una “acción intencional de terceros
interesados en provocar una catástrofe” y que prontamente se darían a conocer
sus responsables. Esta presentación mostró una serie de datos y eventos
análogos a los indicados en los análisis e informes presentados previamente por
COENER.
De manera
inmediata, especialistas que integran COENER, analizaron cuidadosamente el
contenido de la referida presentación de PDVSA (pues no se publicó el
correspondiente informe técnico) y unánimemente se llegó a la conclusión que el
argumento del sabotaje no tenía sustento técnico alguno; por el contrario, en
esta presentación se reforzaba la tesis que las causas de la fuga de gas, la
secuencia de eventos previos a la explosión e incendio, y la lamentable
ausencia de los sistemas de alarma, de procedimientos efectivos de combate de
incendios y de la aplicación oportuna de adecuados procedimientos de
evacuación, fueron consecuencia de serias deficiencias operacionales y de
mantenimiento.
A pesar de los
compromisos anunciados por el Ejecutivo Nacional y por la Fiscalía General de
la República desde el mismo momento del evento, todavía hoy a tres años de
ocurrida la tragedia, PDVSA no ha publicado el Informe Definitivo ni ha vuelto
a declarar sobre el tema. De igual forma, los demás entes oficiales
responsables de investigar este asunto, como es por ejemplo el Ministerio
Público, que se comprometió a publicar su respectivo informe y en el que debía
haberse pronunciado formalmente sobre las responsabilidades del caso, tampoco
lo ha hecho. Esto denota el grave vacío institucional que impide que la
sociedad venezolana tenga una respuesta clara, veraz y confiable sobre las
causas de este accidente que causó la pérdida de invalorables vidas humanas y
cuantiosos daños materiales al patrimonio de los venezolanos y particularmente
a la comunidad de Paraguaná. Lo más grave y preocupante es que no se hayan
presentado hasta ahora recomendaciones de lo que ha debido y debe hacerse para
evitar que vuelvan a ocurrir tragedias de esta magnitud.
En el recién
publicado Informe de Gestión Social y Ambiental de PDVSA año 2014, hay varias
menciones que intentan mostrar como una tendencia, la disminución en sus
índices de accidentalidad respecto al año anterior, 2013. A continuación un
resumen de los datos:
De hecho, se
reporta una reducción en general de los eventos y de los índices, sin embargo,
se observa que los números siguen siendo muy elevados y la cantidad de
“lesiones incapacitantes” y el Índice de Frecuencia Neta (IFN), que indica la
frecuencia de accidentes que causan lesiones incapacitantes en los
trabajadores, se mantienen en 2013 y 2014 en el mismo elevado nivel de 2012.
Por otra parte, al comparar con otras referencias internacionales, e incluso
con empresas que son propiedad de la misma PDVSA, como es el caso de CITGO, se
confirma que los esfuerzos que se hayan podido realizar no han sido suficientes
ni eficaces y que están lejos de traducirse en una urgente y significativa
reducción de los índices de accidentalidad. Adicionalmente, lo que se evidencia
de las noticias sobre siniestros y fatalidades que han llegado a publicarse en
lo que va del presente año 2015, hace pensar que los niveles de riesgo de la
industria petrolera venezolana tienden a aumentar.
Uno de los
indicadores más importantes para medir la accidentalidad es el Índice de
Frecuencia Neta (IFN) antes mencionado. A continuación las cifras de 2007 a
2014:
Otro indicador asociado es el Índice de Severidad,
el cual presenta hasta 2014 el siguiente comportamiento:
Ambas gráficas
indican que la lamentable situación de PDVSA en cuanto al riesgo industrial,
lejos de presentarse como una situación coyuntural por la ocurrencia de un
accidente grave, como fue el caso de Ecopetrol en 2010, luce como una
característica intrínsecamente relacionada con el modelo de gestión que se ha
adoptado en los últimos años en la industria de los hidrocarburos en Venezuela
que ha impactado la manera como se programan, se supervisan y se llevan a cabo
los procedimientos operacionales y de mantenimiento. Sus índices de
siniestralidad siguen siendo escandalosos y consistentemente elevados, aun
observando una leve disminución en 2014, en comparación con empresas similares
y con su propia subsidiaria CITGO, lo cual confirma que el problema es propio
de sus operaciones y de su pésima gerencia en Venezuela. Este lamentable
desempeño queda aún más evidenciado con los indicadores específicos del CRP,
donde en 2014 el índice de severidad alcanzó una las cifras más elevadas de la
industria (689 días perdidos por millón de HH según Informe de Gestión Social y
Ambiental PDVSA 2014). Esto indica que a pesar del lamentable siniestro de 2012
la gerencia de este complejo y la Junta Directiva de PDVSA siguen sin tomar
medidas efectivas en materia de seguridad industrial.
Un aspecto
adicional de reciente repercusión en las redes sociales y en los poquísimos
medios de comunicación que aún se mantienen independientes y con una digna
posición crítica frente a la acción gubernamental, ponen de manifiesto la
nefasta gestión de la Directiva de PDVSA y lo que obliga a preguntarnos:
¿Cuántas demandas
judiciales habrán iniciado las compañías de seguros contra PDVSA sobre este accidente
y con relación a los programas de mantenimiento y prácticas operacionales
aplicadas en los sistemas donde se produjo la explosión de Amuay, y con
relación a accidentes similares producidos posteriormente en las refinerías de
Cardón, El Palito y Puerto La Cruz? A este respecto invitamos al lector a
acceder a más información sobre el asunto en los siguientes enlaces:
De su lectura, nos
surgen preguntas adicionales: ¿Cuál es la verdadera situación del Centro de
Refinación Paraguaná en cuanto a las pólizas de seguro de sus instalaciones?
¿Logró PDVSA recuperar de las compañías de seguros las cuantiosas pérdidas
económicas de este incidente?
Queda evidenciado
que el lamentable accidente ocurrido en la Refinería de Amuay el 25 de agosto
de 2012, no fue un hecho fortuito. La tendencia creciente de paradas no
programadas, la extensión de paradas programadas en las refinerías y el
recurrente aumento de la accidentalidad en todas las instalaciones industriales
de PDVSA, son consecuencia directa de la decisión de despedir en el año 2003 a
más de 20 mil trabajadores, irresponsable acción que desprofesionalizó sus
cuadros gerenciales y técnicos, agravado por el hecho de desviar la atención de
la empresa de sus actividades medulares para convertirla en un brazo ejecutor
de múltiples actividades ajenas al negocio petrolero. Para superar esta crisis,
se requiere retomar el modelo de una empresa eficiente, productiva y orientada
a la mejora continua de su gestión, concentrada en el negocio de los
hidrocarburos, que fue la razón de ser y caracterizó a Petróleos de Venezuela,
S.A. en sus primeros veinticinco años.
Ante la ausencia de
respuestas y el desconocimiento de esta situación por parte de PDVSA, del
Ejecutivo y de los poderes públicos responsables de la fiscalización de los
entes públicos y la defensa de los trabajadores y las comunidades circundantes
a los centros petroleros, exigimos de nuevo a la Comisión de Energía de la
Asamblea Nacional y a la Fiscalía General de la República, acometer las
acciones inherentes a sus funciones de contraloría y ejercer las acciones
necesarias para que se responda, tal como lo establece la Ley y sus Normas
Internas, por el grave accidente ocurrido en la Refinería de Amuay, y en
particular se adopten las medidas requeridas para evitar que vuelvan a ocurrir
tragedias similares. Solicitamos igualmente que efectivo de inmediato se someta
a PDVSA y a todas sus filiales a una auditoría integral de Seguridad, Higiene y
Ambiente (SHA) en todas sus operaciones y que los resultados de esa auditoría
se apliquen para corregir irregularidades y prevenir futuras desviaciones, con
estrictos seguimientos mensuales.
Esperamos que se
haga justicia con las familias que han perdido a sus seres queridos, con
empresas y comerciantes que perdieron bienes y propiedades producto de muchos
años de trabajo honesto y sacrificios, como consecuencia de esta dolorosa
tragedia, y otras que han ocurrido durante los últimos tres años en la
industria petrolera nacional.
Las Juntas
Directivas del Centro de Orientación en Energía (COENER), la Academia de
Ingeniería y Hábitat (ANIH), CEDICE Centro de Estudios de Energía de Venezuela,
el Grupo Orinoco de Energía y Ambiente y la Sociedad Venezolana de Ingenieros
de Petróleo (SVIP)
Caracas, 25 de
agosto de 2015
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