VÍCTOR RODRÍGUEZ CADEÑO 13 de junio de 2016
Mientras
se realizan algunos esfuerzos para adelantar un diálogo entre la oposición
democrática y el gobierno de Nicolás Maduro, con el apoyo de los expresidentes
Rodriguez Zapatero, Fernández y Torrijos, para resolver la gravísima crisis
política, económica y social que ha colocado al país al borde del colapso y de
un peligroso estallido social, el Secretario General de la OEA, Luis Almagro,
en el ejercicio de las atribuciones que lo otorga la Carta de la OEA, invoca la
Carta Democrática Interamericana, un instrumento jurídico que recoge el
compromiso de todos los Estados de la región, de promover y garantizar el
derecho de los pueblos a vivir en democracia.
Entre
tanto, por iniciativa de México y Argentina, el Consejo Permanente examinó, por
primera vez, la situación en Venezuela. No se activó en esa reunión la Carta
Democrática Interamericana. Más bien se exhortó, una vez más, al diálogo entre
oposición y gobierno, lo que resulta normal al menos en una primera fase del
tratamiento de una crisis, cuyo objetivo según se infiere de las intervenciones
de muchos, es lograr que el régimen respete la Constitución y el Estado de
Derecho, libere los presos políticos y cese la persecución judicial en contra
de disidentes y críticos; y, acepte la convocatoria del Referéndum Revocatorio
este año, en pocas palabras, que respete el orden constitucional.
Si
bien hubo un avance en esta dirección, como se refleja en la resolución del
Consejo Permanente de la OEA adoptada entonces, la consideración del tema sigue
secuestrada por la interpretación de principios fundamentales de Derecho Internacional
y de las relaciones internacionales que si bien una vez se mostraban rígidos,
en beneficio de la competencia exclusiva del Estado sobre su territorio, los
bienes y las personas que se encuentran en él, hoy ceden ante las nuevas
realidades que colocan ciertas materias, como el respeto de los derechos
humanos, entre ellos el derecho a la democracia, fuera de sus jurisdicciones
exclusivas, y las colocan en espacios comunes del interés colectivo.
Lamentablemente,
en esta reunión del Consejo muchas delegaciones que intervinieron recurrieron,
como en épocas anteriores, en una suerte de “curación en salud”, al concepto
“soberanía” y al principio de “no injerencia en los asuntos internos de los
Estados”, para evadir su responsabilidad ante la violación de los derechos de
los ciudadanos y la defensa de la democracia y los derechos fundamentales en
Venezuela.
La
Carta Democrática no es necesariamente un instrumento sancionador. Es más bien
un mecanismo para proteger un bien colectivo fundamental, el derecho que tienen
todos los pueblos a vivir en democracia y la obligación de todos los Estados de
garantizar su ejercicio cabal, como se establece en su artículo 1. Lo que
pretende este instrumento es facilitar la solución de una crisis y que el
Estado que “rompe el orden constitucional” rectifique y restituya la legalidad.
Afirmar
que en algún país se ha violado el derecho a vivir en democracia, no puede hoy
en día significar “violar” la soberanía de un Estado, mucho menos una
injerencia en sus asuntos internos. Por el contrario, “intervenir” en este
sentido es una respuesta a la violación de derechos fundamentales. La
“intervención legítima” busca la protección de un bien que nos pertenece a
todos como ciudadanos, en forma individual; y como pueblos, en forma colectiva,
lo que coloca su defensa por encima de cualquier otra consideración.
Impedir
que la comunidad internacional conozca las situaciones que ponen en peligro la
democracia y que exija de algún gobierno su respeto, lejos de contrariar la
soberanía, la fortalece en beneficio de los pueblos.
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