Por Froilán Barrios Nieves
En momentos en que el país
clama por políticas públicas que detengan la inflación, doten de poder
adquisitivo a la población empobrecida, el gobierno se dedica a ahogar el poco
empleo estable que se ha estructurado en el mercado venezolano, caracterizado
por contratos colectivos con múltiples beneficios socio-económicos,
pulverizados hoy por el atroz índice de precios, la escasez y el
desabastecimiento.
Al restringir las divisas en
forma absurda y discrecional coloca en riesgo más de medio millón de empleos,
como lo han denunciado los sindicatos y gremios de la harina, automotrices,
autopartes, Empresas Polar, medios de comunicación, quienes han desplazado sus
peticiones tradicionales laborales por exigencia de divisas para el
mantenimiento de las fuentes de trabajo. Situación que ha sido corroborada por
los empresarios y representantes de empresas de los sectores citados,
organizados alrededor de Conindustria, quienes ven alarmados cómo se desintegra
el parque industrial construido en nuestro país desde mediados del siglo XX,
bajo la mirada implacable del Estado.
Mientras el planeta debate
el futuro del empleo en el contexto de la cuarta revolución industrial,
antecedida por la primera revolución industrial de finales del siglo XVIII
donde el revuelo lo causaron las máquinas a vapor. Luego, en el XIX, la
electricidad. A finales del siglo XX y principios del XXI, la automatización de
las fábricas, la aparición de los computadores e Internet. Y ahora, la que ha
sido bautizada como la “cuarta revolución” toca la campana avisando que es hora
de montarse en el tren de la “Internet de las cosas”, que es el concepto que,
más allá de la red misma, abarca la posibilidad de que objetos, máquinas y
personas interactúen remotamente en cualquier lugar y momento.
Entre tanto, en Venezuela el
tema es otro, es el comportamiento gubernamental que no solo afecta el parque
industrial privado, igualmente el empleo público que fue impactado de 900.000
puestos de trabajo en 1999 a más de 3.000.000 en 2016, a partir de una agresiva
política de expropiaciones y estatizaciones que, en lugar de expandir la
actividad económica, la ha restringido, con centenas de empresas publicas
quebradas en diversas ramas de la economía, la consecuente pérdida de decenas
de miles de empleos y la precarización de las condiciones de trabajo, al
desconocer los contratos colectivos y los sindicatos conformados históricamente
por los trabajadores.
El gobierno nacional con la
excusa de la guerra económica pretende desatar el odio de clases, como táctica
para justificar el control de la botija del erario nacional y distribuir a su
antojo y capricho las ya no abundantes divisas a empresas de maletín,
representadas por empresarios adeptos al proceso gobernante. Cuyos objetivos no
son la defensa de la industria nacional, ni los miles de puestos de trabajo que
se perderán, lo que agravará el desempleo, la escasez y la hambruna que
padecemos los venezolanos y determinará la necesidad de participación sindical
como respuesta.
08-06-16
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