Por Marta de la Vega
El resultado de la farsa
electoral confirma la pretensión totalitaria de Maduro con su camarilla militar
civil que pareciera arrojarnos a un callejón sin salida. Por estar al margen de
la Constitución, según sus artículos 25 y 137, la supuesta elección
presidencial es jurídicamente inexistente.
No quedan dudas del carácter
anticonstitucional de la convocatoria y la ilegitimidad del proceso, que
excluyó a los adversarios políticos, inhabilitó, apresó u obligó al exilio a
los dirigentes y probables candidatos de las fuerzas democráticas, ilegalizó a
los partidos políticos de oposición, adelantó arbitrariamente la fecha de los
comicios y violó todas las garantías efectivas para ejercer el derecho al
sufragio. Queda claro que también por origen Maduro es hoy usurpador del cargo
de presidente de la República.
Los medios de comunicación
audiovisual hicieron evidente a escala internacional el fraude perpetrado con
cinismo y alevosía. También visibilizaron el repudio masivo de la población
pese a las presiones, coacción económica, amenazas y miedo, al mostrar las
mesas electorales vacías, las calles desiertas, la bajísima participación real
de los votantes. Esta no alcanzó al 30% de los ciudadanos registrados.
En silencio, al rechazar
este evento, la mayoría del país ejerció el mandato constitucional recogido en
los artículos 333 y 350. Nadie se cree la cantidad de votos anunciada por la presidenta
del cne. No es esta la primera vez que “inflan” los resultados. La más reciente
y trágica, con 14 asesinados durante la jornada, fue la de la impuesta
“elección” de la anc a fines de julio de 2018.
Parar la sistemática
violación a la libertad de expresión y las agresiones contra medios
audiovisuales de comunicación, periodistas y legítimos representantes de la
voluntad mayoritaria de la ciudadanía que integran la Asamblea Nacional.
Militares como el funesto Lugo y sus secuaces, no han hecho sino degradarse al
irrespetar y violentar las instituciones democráticas.
La responsabilidad histórica
de la dirigencia democrática está comprometida. Pasarán como pusilánimes y
serán despreciados si no ejercen su liderazgo con firmeza, proactivamente, con
altura y visión de largo plazo. La ciudadanía espera de los dirigentes
demócratas decencia y ética, siguiendo el artículo 2 de la Constitución. Urge
que actúen sin cálculos de corto alcance ni prebendas a lo Judas Iscariote, por
el cambio político, la restitución del Estado de derecho y la democracia, el
rescate de una justicia imparcial, pronta y transparente.
Recuperar la confianza
requiere no solo justicia oportuna, proporcional y objetiva. Se necesita un
viraje de 180° del modelo económico, la reinversión sin opacidad en la
infraestructura, la recuperación de la industria de hidrocarburos, producción
agroindustrial y manufacturera, la profesionalización en el área de los
servicios públicos, el ataque frontal a la corrupción que se ha enquistado en
todos los niveles y la implementación de políticas sociales que alivien los
estragos de la crisis humanitaria.
No basta el apoyo externo.
Hay tres retos del liderazgo para afianzar el cambio indetenible frente al
desastre cada vez peor del actual régimen de muerte. Hacer pública una
estrategia clara con unidad de propósitos y metas compartidas a favor del
cambio político, con plan de gobierno, liberación de los presos políticos,
gobierno de transición y nuevas elecciones con las debidas garantías. Aliviar
con la ayuda humanitaria internacional el horror cotidiano de tantas familias
por la carencia de nutrientes, medicamentos y tratamientos médicos eficaces.
Reconstruir el país y la esperanza mediante una reconciliación nacional basada
en la justicia, no en la venganza.
28-05-18
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