Luis Manuel Esculpi 10 de marzo de 2020
Uno
de los lugares comunes que más ha perdido sentido y significado es aquel de:
«vamos a investigar hasta su últimas consecuencias sobre la causa del incendio»
y otros semejantes como «se investigará caiga quien caiga» o «exigimos una
exhaustiva investigación»; no se trata tan sólo del uso convencional de esas
frases, sino que muchos de esos anuncios o solicitudes, suelen ser solo objeto
de una declaración inicial obligada por las circunstancias, luego en la mayoría
de los casos no llegan ni a las primeras consecuencias, termina no cayendo
nadie y si se investiga, por lo regular no se hace exhaustivamente.
El
Consejo Nacional Electoral no ha dejado de ser noticia por estos días, no tan
solo por las peripecias y especulaciones en torno a la renovación de los
rectores, sino por el incendio del sábado en el galpón de Mariches donde se
deposita buena parte del material que se emplea en los procesos electorales.
La
presidenta del CNE en su primera declaración habló de exigir una «investigación
profunda», una pequeña variación del lugar común, para luego contradecirse «muy
seriamente»… a quienes presuntamente «intentan sabotear el sistema
electoral»…no esperó ni siquiera el inicio de las pesquisas para adelantar un
juicio sobre la posible causa que originaría el incendio. Ese último
señalamiento no contribuye para nada a elevar el bajísimo prestigio de la
institución que preside. Delcy Rodríguez aseveró: «Incendiaron y atacaron el
sistema electoral porque tienen miedo». Pareciera que la exigencia de
«investigación profunda» constituye nuevamente una formalidad.
En
su segunda declaración Tibisay informó que en el incendio se perdieron 582
computadoras, 40.408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas y 127
boletas que iban a desincorporarse. Afirmó «fue poco lo que se pudo salvar».
Surgen entonces importantes interrogantes como: ¿Será necesario adquirir en lo
inmediato nuevas máquinas de votación? De ser positiva la repuesta ¿Se abrirá
un proceso de licitación o se realizará a través de adquisición directa? Tal
operación de realizarse ¿La efectuará el nuevo CNE?
Para
responder esas preguntas habría que esperar un poco por el desarrollo inmediato
de los acontecimientos y observar el avance del proceso de designación de los
nuevos rectores.
Independientemente
de cierto optimismo inicial en algunos sectores, por el acuerdo para integrar
el comité de postulaciones para designar los nuevos representantes del
organismo electoral, está por resolverse cuál será en definitiva el mecanismo
para su elección. De mantenerse la disposición a cumplir con lo establecido en
la Constitución, es decir, que los rectores sean designados por los dos tercios
de la Asamblea Nacional, eso implicaría necesariamente, el reconocimiento por
parte del oficialismo de la legitimidad del órgano legislativo presidido por
Juan Guaidó y el reconocimiento implícito de lo inconstitucional e ilegal de la
figura del desacato.
La
otra posibilidad es que el paso dado por el oficialismo sea tan solo una finta,
para sugerir la intención de cumplir con el dispositivo constitucional, pero
frente a la eventualidad de no alcanzar la votación requerida, justificar la
designación por el TSJ alegando la omisión legislativa. Además del propósito de
proyectar la imagen -sobre todo a nivel internacional- de ajustarse a la
legalidad, suponen que mientras se cumple el proceso, la polémica en el campo
de las fuerzas democráticas, en torno a la exigencia de condiciones electorales
se exacerbará e intentarán sacar provecho de tal situación.
Su
estrategia es clara, el juego está cantado, salvo que ocurra un milagro la
posibilidad de alcanzar un acuerdo en la Asamblea Nacional para alcanzar los
dos tercios, al día de hoy luce muy improbable, con esos datos configuran su
comportamiento político y aspiran lograr nuevamente la conformación de un CNE
fiel, obediente y al servicio de sus objetivos. Es una ilusión pensar en una
composición diferente y un organismo presidido por una personalidad aceptada de
mutuo acuerdo, aceptarla sería para ellos una negación de su concepción y
práctica de la política.
Luis
Manuel Esculpi
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