EFE 10 de marzo de 2020
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"El
régimen de Nicolás Maduro ha recurrido a la explotación de minas de oro para
vender en el extranjero de forma ilícita como una fuente crucial de ingresos
para mantener a su régimen ilegítimo en el poder"
Un grupo de veintisiete eurodiputados reclamaron este
martes al jefe de la diplomacia comunitaria, Josep Borrell, que “promueva
activamente” sanciones europeas al sector del oro venezolano, que ya aplica
Estados Unidos.
En una carta publicada en Twitter por la eurodiputada
liberal Dita Charanzová, veintisiete diputados de cinco grupos políticos instan
a Borrell a que se muestre partidario de prohibir el comercio y la circulación
de “oro de sangre ilegal venezolano” en la Unión Europea, y le piden también que
amplíe la lista de personalidades sancionadas en la actualidad.
“El régimen de Nicolás Maduro ha recurrido a la
explotación de minas de oro para vender en el extranjero de forma ilícita como
una fuente crucial de ingresos para mantener a su régimen ilegítimo en el
poder”, denuncia la carta.
Los diputados, en su mayoría de los grupos popular,
conservador y liberal, advierten de que este “oro de sangre” se extrae en
“circunstancias ilegales y criminales” que amenazan el medio ambiente y los
derechos humanos, y posteriormente se saca del país de forma irregular para
intercambiarlo por monedas con más valor que el bolívar.
“Esto se hace sin beneficiar a los cada vez más
empobrecidos venezolanos y sin que ellos sean conscientes de los negocios que
se hacen con la riqueza de su país”, señalan.
El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y
autoproclamado presidente interino del país, Juan Guaidó, había reclamado estas
mismas sanciones en su reciente visita al Parlamento Europeo, si bien es el
Consejo, la institución que representa a los países de la UE, la institución
que debe acordar por unanimidad la imposición de esas restricciones.
La UE ha rechazado hasta ahora imponer a Venezuela
sanciones económicas, que sí aplica Estados Unidos, para evitar penalizar al
conjunto de la población, aunque sí que mantiene medidas restrictivas contra
personalidades (prohibición de viajar a la Unión y congelación de sus bienes en
ese territorio) a las que considera responsables de menoscabar los derechos
humanos.
Además, mantiene restricciones a la exportación de
armas y de equipos de telecomunicaciones y que puedan utilizarse para la
represión interna.
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