La Patilla 10 de marzo de 2020
@la_patilla
La
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle
Bachelet presenta una nueva actualización de su informe sobre la crisis en
Venezuela.
Desde
la sede del Consejo de DDHH en Ginebra, la funcionaria reiteró que el régimen
ha impedido el ingreso de los diputados al Palacio Federal Legislativo, además,
recordó los casos de los paralamentarios presos Gilber Caro e Ismael León.
Bachelet
también condenó los ataques contra periodistas en el Aeropuerto Internacional
de Maiquetía por parte de grupos identificados con el chavismo.
“Mi
Oficina también documentó agresiones contra opositores políticos, manifestantes
y periodistas, sin que las fuerzas de seguridad actuaran. El 11 de febrero,
fueron agredidos por lo menos 12 periodistas que cubrían la llegada de Juan
Guaidó, mientras que el 29 de febrero, presuntos miembros de colectivos armados
agredieron a manifestantes y periodistas que se congregaron en un acto político
en Lara”.
Durante
el informe, se destacó que “sigue siendo urgente atender la situación de los
niños y niñas venezolanos con necesidad de trasplante. Hasta hoy, 38 siguen en
lista de espera en Venezuela y seis están aún pendientes de ser atendidos en
Argentina.
Según
información recibida, las sanciones han obstaculizado la transferencia de
recursos para los tratamientos. Sin embargo, a ellas se suma la situación
crítica del Hospital infantil J.M. de los Ríos, en Caracas. Al final de 2019,
sólo el 21 por ciento de las camas se encontraban operativas”, manifestó la ex
presidenta de Chile.
Por
último, actualizó en 2,3 millones la cifra de las personas que “se encuentran
en inseguridad alimentaria severa” y en 4,9 millones las que “han abandonado el
país”.
“Confío
en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para garantizar
elecciones creíbles”, concluyó.
En
el documento, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas y fue dado a conocer en julio del año pasado, se afirma que en
el último decenio -y especialmente desde 2016- el régimen de Maduro y sus
instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar,
reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al
Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el
ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el
poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos
humanos. En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis
económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer
sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre
otros.
El
informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el
éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y
empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El
informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de
derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros
ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre
enero de 2018 y mayo de 2019.
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