Por Andrés Cañizález
Michelle Bachelet habló
y habló fuerte con su informe presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU, en Ginebra. Debo decir que ocurrió lo que se esperaba, ya que este
informe estuvo precedido de dos informes anteriores, de agrias discusiones
sobre Venezuela en seno del consejo y de declaraciones previas de
alta comisionada que para nada dejaban bien parado al régimen de Nicolás
Maduro.
Desde un punto de vista
comunicacional, el informe se encarga de no dejar dudas sobre el carácter
generalizado que tiene la crisis en derechos humanos que padecemos los
venezolanos, estén dentro del país o que se hayan visto obligados a emigrar. Al
hacer un balance enfocado en los años 2018 y 2019, por otro lado, el informe
Bachelet tampoco deja dudas sobre quién tiene la responsabilidad. Sí,
el principal responsable es el gobierno de Nicolás Maduro.
El informe de la alta
comisionada de la ONU para los Derechos Humanos tiene una serie de frases que
sencillamente ayudan a la comprensión internacional de la gravedad. No es el
papel de la señora Bachelet venir a Venezuela y meter preso a Maduro, como
tantas personas viscerales le exigen. Ella, con este informe, ha cumplido lo
que es su papel: documentar y denunciar públicamente.
·
“La crisis económica y social se agudizó
considerablemente entre 2018 y 2019”.
·
“El desvío de recursos, la corrupción y la
falta de mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión,
han tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida”.
·
“Información verificada por el ACNUDH
confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida la obligación del
Estado para garantizar que la población no padezca hambre”.
·
“Además de la hiperinflación y la contracción
de la economía, las políticas económicas y sociales adoptadas durante la última
década han debilitado los sistemas de producción y distribución de alimentos,
aumentando la cantidad de personas que dependen de programas de asistencia alimentaria”.
·
“Violaciones al derecho a la salud son
resultado del incumplimiento del Gobierno de sus obligaciones fundamentales,
las cuales son irrenunciables, aún por motivos económicos”.
·
“La discriminación con base en motivos
políticos y el control social mediante los carnets (de la Patria) tiene un
impacto diferenciado en la habilidad de las mujeres para hacer valer sus
derechos (…) Las mujeres reportaron que en ocasiones preferían no exigir sus
derechos, incluido el derecho a pronunciarse en contra del Gobierno, por miedo
a represalias”.
·
“La economía venezolana, especialmente su
industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en
crisis antes de que se impusiera cualquier sanción (internacional)”.
·
“En los últimos años el Gobierno ha tratado
de imponer una hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los
hechos y creando un ambiente que restringe los medios de comunicación
independientes”.
·
“Durante al menos una década, el Gobierno,
así como las instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y
políticas que han acelerado la erosión del estado de derecho y el
desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea
Nacional”.
·
“La GNB y la PNB han sido responsables del
uso excesivo de la fuerza en manifestaciones al menos desde 2014. Las FAES, una
unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen organizado,
han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones extrajudiciales en
operaciones de seguridad, al igual que el CICPC. Los servicios de inteligencia
(el SEBIN y la DGCIM) han sido responsables de detenciones arbitrarias,
maltratos y tortura de opositores/as políticos/as y de sus familiares. Los
colectivos armados contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las
comunidades locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de
manifestaciones y de la disidencia”.
·
“Estas políticas van acompañadas de una
retórica pública, utilizada también por autoridades de alto rango, que
desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al Gobierno o se
oponen a él”.
Y así, con este tono
demoledor, está escrito el informe Bachelet sobre Venezuela. Puede leerlo en
español (también está en inglés y francés) en la
web del alto comisionado.
Violaciones sistemáticas
La narrativa de Bachelet,
además, como me lo comentó Rafael Uzcátegui, coordinador general
de Provea, usa la palabra sistemático para referirse a patrones
de violaciones a derechos humanos. Esta palabra es clave para entender la
gravedad de una crisis, y la responsabilidad de los gobernantes en tales
violaciones, por parte de la comunidad internacional, especialmente de
instancias como el Consejo de Derechos Humanos.
09-07-19
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