FLORANTONIA SINGER y FRANCESCO MANETTO 04 de julio
de 2019
Michelle
Bachelet denuncia abusos policiales y el deterioro democrático en un demoledor
informe tras su visita a Venezuela
Graves
violaciones de los derechos económicos, sociales, civiles y políticos.
Violencia y abusos policiales. Una cifra aterradora de muertes, 5.287 solo en
2018, atribuidas a la "resistencia a la autoridad". Una migración sin
freno. En definitiva, un deterioro profundo de la democracia. Son algunas de
las conclusiones del demoledor informe de la Oficina de la alta comisionada de
la ONU para los Derechos Humanos elaborado tras la visita de Michelle Bachelet
a Venezuela. El estudio, conocido este jueves, insta al Gobierno de Nicolás
Maduro a "adoptar de inmediato medidas específicas para detener y remediar
las graves vulneraciones" que asfixian a millones de personas. De lo
contrario, advierte, "continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y
refugiados que abandonan el país y empeoran las condiciones de vida de quienes
permanecen en él". El Ejecutivo rechazó el informe, que pide el
desmantelamiento de las fuerzas especiales de la policía conocidas como FAES y
de los colectivos armados, y presentó 70 alegaciones.
Según
Naciones Unidas, que se basó en 558 entrevistas con víctimas y testigos
directos, el chavismo "ha desmontado el sistema de control institucional
sobre el poder ejecutivo". A la crisis de la separación de poderes se
añade una emergencia económica que el informe atribuye abiertamente no solo a
la imparable hiperinflación sino también a "las políticas económicas y
sociales adoptadas durante la última década", que han acabado por
debilitar los sistemas de producción. Pero las observaciones de la oficina son
especialmente duras en relación con la actuación de los cuerpos de seguridad y
las fuerzas especiales de la Policía Bolivariana.
Las fuerzas de seguridad
"Las
FAES, una unidad de respuesta rápida creada en 2017 para combatir el crimen
organizado, han sido presuntamente responsables de numerosas ejecuciones
extrajudiciales en operaciones de seguridad, al igual que el CICPC [la policía
científica]. Los servicios de inteligencia (el SEBIN y la DGCIM, la
contrainteligencia militar) han sido responsables de detenciones arbitrarias,
maltratos y tortura de opositores/as, políticos/as y de sus familiares",
señala el texto. Estos procedimientos se enmarcan, además, en un contexto en el
que los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos armados,
"contribuyen a este sistema ejerciendo control social en las comunidades
locales, y apoyando a las fuerzas de seguridad en la represión de manifestaciones
y de la disidencia".
La
alta comisionada recoge denuncias de esas ejecuciones, detenciones arbitrarias
y persecución a los opositores. Presenta la cifra de 5.287 muertes, según el
Gobierno de Maduro por “resistencia a la autoridad”, en el curso de esas
operaciones de las FAES en 2018 y de las otras 1.569 asesinadas entre enero y
mayo de este año. También destaca que un mes antes de su visita había 793
personas privadas arbitrariamente de libertad, entre ellas 58 mujeres, y en lo
que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido su presidente, han
sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Dos
visitas
La
expresidenta de Chile visitó el país entre el 19 y el 21 de junio y se reunió
con Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, ONG y actores
de la sociedad civil. “Durante mi visita a Venezuela, pude conocer directamente
los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del Estado y sus
peticiones de justicia. He transmitido con exactitud sus opiniones y las de la
sociedad civil, así como las violaciones de derechos humanos documentadas en
este informe, a las autoridades competentes”, manifestó la alta comisionada.
Cuando estaba a punto de salir de Venezuela, las autoridades detuvieron a un
grupo de militares con la acusación de planear un atentado contra Maduro. Uno
de ellos, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, murió bajo custodia de
agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). El
resultado de la autopsia, filtrado por funcionarios del Estado, apunta a que
falleció tras sufrir torturas continuadas.
Desde
2004 Venezuela no recibía una evaluación en terreno de la situación de los
derechos humanos. La visita de Bachelet fue antecedida por la de un cuerpo
técnico que en medio de la crisis eléctrica de marzo recorrió cuatro ciudades
del país y realizó entrevistas a activistas. El escrutinio al que se deja
someter el chavismo ahora, luego de años de negarse a la visita de funcionarios
de este tipo, ocurre en el momento en que Maduro, como líder de la revolución,
está contra las cuerdas y el país enfrenta la peor crisis económica, política e
institucional.
“El
Gobierno ha aceptado autorizar gradualmente asistencia humanitaria de las
Naciones Unidas y de otros actores. Sin embargo, el nivel de asistencia es
mínimo en relación con la magnitud de la crisis y hay una necesidad urgente de
adoptar reformas económicas estructurales”. En otra parte del texto señala:
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia —tanto en Venezuela como
en el resto del mundo— a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios
para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista
para seguir apoyando”.
Separación de poderes
A
los datos, Bachelet contrapone en su informe las omisiones del sistema de
justicia y critica duramente al fiscal designado por la Constituyente, Tarek
William Saab, con quien tuvo un breve encuentro en su visita. “El Ministerio
Público ha incumplido con regularidad su obligación de investigar y llevar a
juicio a las personas responsables de los hechos y el Defensor del Pueblo ha
guardado silencio ante las violaciones de los derechos humanos. Ninguna de esas
instituciones, así como tampoco el Gobierno o la policía dan protección a las
víctimas y testigos de violaciones a los derechos humanos. Además, el Fiscal
General ha participado de una retórica pública de estigmatización y desacreditación
de la oposición y de quienes critican al Gobierno, violando así el principio de
presunción de inocencia”.
El
informe dedica un capítulo a las sanciones económicas aplicadas al país que
sistemáticamente el Gobierno de Maduro ha atribuido como responsables de la
actual crisis. En este apartado destaca que la mayoría de las sanciones son de
naturaleza selectiva y consisten en congelación de activos y prohibiciones de
viajes a unos 150 altos cargos. “La economía venezolana, especialmente su
industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en
crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial. Las cifras
publicadas por el Banco Central de Venezuela el 28 de mayo de 2019 muestran que
los indicadores económicos fundamentales empezaron a degradarse drásticamente
mucho antes de agosto de 2017. Sin embargo, las últimas sanciones económicas
están agravando aún más los efectos de la crisis económica, y por tanto la
situación humanitaria. El informe señala como origen de la crisis humanitaria
que vive Venezuela "el desvío de recursos, la corrupción y la falta de
mantenimiento en la infraestructura pública, así como la subinversión, han
tenido como resultado violaciones al derecho a un nivel adecuado de vida".
El Gobierno de Maduro presenta 70 alegaciones
El Gobierno de Maduro presentó 70 observaciones al
informe de Bachelet. Según el documento presentado por Cancillería, la ONU
ofrece "una visión selectiva y abiertamente parcializada sobre la verdadera
situación de derechos humanos de la República Bolivariana de Venezuela, que
contradice los principios que deben regir el tratamiento de los asuntos de
derechos humanos, recogidos en la Declaración y Programa de Acción de
Viena".
"Es especialmente preocupante que el 82% de las
entrevistas utilizadas para fundamentar su informe se correspondan con personas
ubicadas fuera del territorio de la República Bolivariana de Venezuela,
especialmente tomando en cuenta que dicha Oficina realizó dos visitas al país
durante el año 2019", continúa el Gobierno. Además, según el Gobierno no
se hace referencia a "otras medidas implementadas por el Gobierno de
Venezuela que impactan positivamente sobre el poder adquisitivo del pueblo
venezolano". Es decir, los subsidios contemplados por el llamado carné de
la patria o la gratuidad de los servicios públicos. Cancillería niega también
que en Venezuela existan "personas detenidas" por motivos políticos.
Con estos argumentos, el Ejecutivo solicitó a Naciones Unidas que modificara el
informe antes de su publicación.
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