Víctor Salmerón 10 de agosto de 2019
@vsalmeron
El
procurador especial designado por el presidente interino Juan Guaidó, José
Ignacio Hernández, explica que a las empresas que realicen operaciones con el
Gobierno de Maduro les serán bloqueadas sus propiedades en Estados Unidos. La
orden ejecutiva no incluye a las operaciones de ayuda humanitaria siempre y
cuando las lleve a cabo el Gobierno de Guidó
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump,
ordenó el bloqueo de todas las propiedades del Gobierno de Venezuela en Estados
Unidos y anunció medidas que restringen la ayuda que países aliados
de Nicolás Maduro, como Rusia y China, pueden prestarle
para que se mantenga en el poder.
La administración de Donald Trump, al igual que la
Unión Europea y países latinoamericanos como Colombia, Brasil y Argentina,
considera fraudulentas las elecciones del 20 de mayo de 2018 que Nicolás Maduro
esgrime como piso legal para su reelección y apoya a Juan Guaidó, el líder del
Parlamento, quien en enero asumió como presidente interino de Venezuela.
José Ignacio Hernández, nombrado por Juan Guaidó y el parlamento venezolano
como procurador especial para la defensa del Estado, explica que la
orden ejecutiva anunciada por Donald Trump tiene como consecuencia que
"todas las propiedades del Gobierno de Venezuela están bloqueadas en
Estados Unidos, por lo tanto, es un bloqueo total que no admite ningún
tipo de excepción. Hasta ahora solo se habían bloqueado las propiedades de
los sujetos y organismos incluidos en la lista de sancionados del Departamento
del Tesoro".
En la lista de sancionados del Departamento del Tesoro
(Specially Designated Nationals And Blocked Persons List) están
incluidos más de cien individuos y organismos del Gobierno venezolano o
relacionados con este.
Hernández, quien es doctor en derecho por la
Universidad Complutense de Madrid, agrega que "la segunda gran
consecuencia es que se extiende este bloqueo a aquellos terceros que apoyen,
presten servicios, suministren bienes o colaboren con el régimen de Nicolás
Maduro, en concreto que colaboren con los organismos que ya han sido incluidos
en la lista de sancionados como es el caso de Pdvsa y el Banco Central de
Venezuela".
"Esto significa que ninguna compañía que tenga
vínculos con Estados Unidos puede prestar servicios a Pdvsa o el Banco Central
y de hacerlo también sería bloqueada en Estados Unidos. Esto busca
cortar la triangulación que el régimen de Nicolás Maduro ha tratado de hacer
para burlar las sanciones, es decir, en pocas palabras, la orden ejecutiva
bloquea las propiedades de aquellos terceros que colaboren de una u otra manera
con el régimen de Nicolás Maduro", dice José Ignacio Hernández.
Esta medida impacta a las empresas estadounidenses y a
las de otros países que tengan cuentas bancarias y propiedades en Estados
Unidos. El procurador especial explica que "las órdenes ejecutivas tienen
un marco jurídico muy amplio, y dentro de ese marco el Gobierno de
Estados Unidos tiene un amplio rango de actuación".
A manera de ejemplo indica que "puede haber una
empresa no estadounidense prestándole servicios a Pdvsa sin conexión con
Estados Unidos en esta relación. Pero si esta empresa tiene operaciones o
cuentas bancarias en Estados Unidos, sus propiedades también estarán bloqueadas
en Estados Unidos".
Ante la interrogante de si esto sucedería de
inmediato, José Ignacio Hernández indica: "Eso no va a pasar de manera
automática, lo que va a pasar, desde mi punto de vista, es que el Departamento
del Tesoro va a llamar al presidente de la empresa y le dirá: 'Mire, si usted
continúa prestándole servicios a Pdvsa, vamos a bloquear sus propiedades en
Estados Unidos, así con las empresas de India, China e incluso Rusia".
Ayuda humanitaria
La orden ejecutiva no incluye a las
operaciones de ayuda humanitaria siempre y cuando las lleve a cabo el
presidente interino Juan Guaidó.
"Hay dos excepciones que van en sintonía con lo
que el embajador Carlos Vecchio y yo hemos venido conversando con el Gobierno
de Estados Unidos desde febrero. La primera es ayuda humanitaria, alimentos y
medicinas y la segunda son las operaciones a cargo del gobierno legítimo del
presidente Juan Guaidó", dice José Ignacio Hernández.
Añade que "el sentido de la excepción es que
opera siempre y cuando el Gobierno de Maduro no esté a cargo de la operación.
Esto tiene sentido porque hay evidencias como el informe de la alta comisionada
para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet y
el elaborado por el comité de expertos de la OEA, que dicen que Maduro utiliza
la ayuda humanitaria con fines políticos".
"La única posibilidad en la que se aplica la
ayuda humanitaria es que no sea gestionada o administrada por el régimen de
Maduro sino por el legítimo gobierno de Juan Guaidó. Es importante tener
presente que el régimen de Maduro ni está en la capacidad ni está
interesado en importar alimentos y medicinas para atender la emergencia
humanitaria, lo hace para hacer negocios, perseguir políticamente y violar
derechos humanos", dice el procurador especial.
"Esto busca disuadir a las compañías que han
venido contratando con el régimen de Maduro programas de alimentación haciendo
una especie de triangulación de las sanciones para alimentar la corrupción del
régimen", agrega José Ignacio Hernández.
Los activos
La orden ejecutiva de Donald Trump indica que los
bienes de Venezuela en Estados Unidos "están bloqueados y no pueden ser
transferidos, pagados, exportados, retirados o tratados de otra manera".
La consecuencia de esta orden es que las empresas e
inversionistas a los que Venezuela debe dinero y han acudido a tribunales para
obtener fallos que les permitan cobrar la deuda apropiándose de activos de
Citgo, la empresa petrolera venezolana que opera en Estados Unidos, ya no
podrán realizar embargos de ningún tipo.
"Se refuerza la protección de activos de
Venezuela y Pdvsa en Estados Unidos, y se ratifica con claridad que el gobierno
de Estados Unidos no va a permitir ninguna medida de enajenación, toma de
control o embargo sobre activos del estado venezolano en Estados Unidos, muy
especialmente en el caso de Citgo", dice José Ignacio Hernández.
Las importaciones
La medida anunciada por Donald Trump ocurre en
momentos en que la economía venezolana acumula veinte trimestres consecutivos
de caída, una hiperinflación y una catastrófica caída de la producción
petrolera que merma severamente el ingreso en divisas y obliga a un recorte sin
precedentes de las importaciones.
El Instituto de Investigaciones Económicas de la
Universidad Católica Andrés Bello señala en su informe más reciente que en
2019 se espera que las importaciones lleguen a 10.900 millones de
dólares (83% menos que en 2012)".
La caída de las importaciones se traduce en la escasez
de insumos y materia prima para que las empresas mantengan las plantas en movimiento.
Las proyecciones de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las
principales casas de estudio del país, indican que este año el PIB
caerá 22% y a finales de año solo equivaldrá a 39% de lo llego a ser en 2013.
Una de las causas principales del deterioro es el
descenso de 74% de la producción petrolera en los últimos cinco años, porque el
barril provee más de dos terceras partes de las divisas que ingresan a
Venezuela.
Las sanciones de Estados Unidos han profundizado los
problemas de Pdvsa, la empresa petrolera del Estado. "Las sanciones
internacionales han afectado a las importaciones de diluyentes y mejoradores
necesarios para volver comercializable el petróleo venezolano, especialmente
los crudos pesados de la Faja Petrolífera del Orinoco, e incluso para poder
tener en funcionamiento las refinerías donde se producen derivados, incluyendo
los combustibles destinados al mercado interno", dice el Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Católica Andrés Bello.
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