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lunes, 10 de agosto de 2015

Gobierno vs libertad económica: esencia de la “guerra”, @jesusalexis2020


Por Jesús Alexis González, 10/08/2015

La evolución de la economía de mercado, ha sido fundamental para el desarrollo económico de la gran mayoría de los países siendo que para el año 2015 más de la mitad (51,1%) muestra una condición de libertad económica (Hong Kong:1 y Singapur:2), mientras que un 34,2% reflejan una situación de economía mayormente controlada al tiempo que solo un 14,6% son países de economía reprimida; contexto donde Venezuela se ubica como el segundo país del mundo con la economía más reprimida (posición 177/178) apenas superada por Corea del Norte, en un escenario caracterizado por la presencia de un 19,2% de Naciones Centroamericanas, del Caribe y Sudamericanas con tan indeseable interferencia del Gobierno en la economía (Ecuador:156, Bolivia:163, Argentina:169, Cuba:176 y Venezuela:177), mientras que en contrario—y para fortuna de su población—Chile:7 y Colombia:28 se muestran como economías mayormente libres (Canadá:6) en claro indicador de su sostenido crecimiento económico; al tiempo que Uruguay:43, Perú:47, Costa Rica:51, Panamá:68, Paraguay:83, República Dominicana:86 y Guatemala:87 se encuadran como economías moderadamente libres, y en simultaneo Nicaragua:108, Honduras:116, Brasil:118 y Haití:151 son mayormente controladas.

El perfil de economía reprimida—intervención gubernamental para restringir la participación del sector privado—se materializa a la luz del efecto que genera la intromisión del sector público en aspectos tales como (A) respeto al derecho de propiedad e independencia del Poder Judicial, (B) el “costo social” emanado por la corrupción, (C) el nivel del gasto público como % del PIB, (D)carga impositiva sobre los ingresos personales y empresariales, (E) marco de regulaciones y controles, (F) legislación laboral marcadamente populista, (G) inadecuada política monetaria con impacto inflacionario, (H) obstáculos a la libertad comercial, (I) desestimulo a la inversión nacional y extranjera, (J) limitaciones al funcionamiento del mercado, (K) deficiencia en la solidez de las instituciones financieras, (L) desequilibrio de los precios relativos, (M) elevado % de la capacidad de producción nacional en manos del Estado con resultados altamente ineficientes e improductivos. Ante el indeseable liderazgo venezolano en materia deausencia de libertad económica, resulta una perogrullada señalar que en todos y cada uno de estos aspectos citados su comportamiento es extremadamente negativo hasta configurar un panorama que nos coloca por debajo de algunos países africanos con economías similarmente reprimidas como es el caso de Angola, Congo, Guinea Ecuatorial y Zimbabue; al igual que otros del Medio Oriente como Argelia e Irán.

Ha de estar suficientemente entendido, que la economía de mercado no es un mercado libre de restricciones e influencias gubernamentales necesarias pero con manifiesta profundidad pluralista—sin control del pensamiento y de las iniciativas—alejado de la más mínima posibilidad de ser manejado desde “arriba” por el poder político-partidista separado del contexto social donde se desarrolla la actividad económica, a la luz de un ambiente signado por el imperio de la ley y de las “virtudes sociales” generador de confianza que impulsa el trabajo individual cooperativo creador de bienestar colectivo, con mucha más viabilidad—como enseña la historia—que cualquier dictadura (incluidas aquellas disfrazadas de democracia) de izquierda, centro o derecha que en materia de crecimiento y desarrollo han culminado en un fracaso, a diferencia de los países con elevado índice de libertad económica que a la postre hacen más prospera la nación induciendo el bienestar ciudadano; caso contrario al venezolano que en los últimos 10 años ha venido perdiendo libertad económica desde el puesto 153 (ya deficiente) en el año 2006 a la ya citada posición 177 (penúltima) en 2015, es decir un bajón de 24 puestos a un promedio de 2 puestos anuales; con la penosa realidad de haberse detenido su caída en el ranking de libertad económica al haber tocado el fondo—es imposible más “dictadura” económica—lo cual igualmente nos “posiciona” en otro indeseable liderazgo: la economía más “sumergente” del mundo, habida cuenta de haber desperdiciado el caudal de oportunidades que en el tiempo nos ubicó como unas de las principales economías emergentes del planeta.

Resulta pertinente mencionar, por reprochable, que nuestra condición de economía sumergente sea apuntalada por una desinformación institucionalizada por parte del BCV como estrategia para dificultar los análisis e investigaciones macroeconómicas por parte de terceros interesados en el futuro del país, estrategia que resultó “avalada” por el Tribunal Supremo de Justicia mediante la reciente Sentencia No 935 de la Sala Político Administrativa que desechó la acción en procura de que el BCV informe al país sobre variados aspectos de interés como el decrecimiento del PIB, el índice de precios al consumidor con su inflación implícita, escalofriante caída de las reservas internacionales (las liquidas no superan los US$3.000 millones, “suficiente” para escasos días de importaciones), situación de la balanza de pagos, índice de escasez y muchas otras; ausencia informativa que en nada favorece la disminución de la incertidumbre—principal enemiga de la acumulación de capital—y muy por el contrario aleja las potenciales reinversiones y nuevas inversiones al generar la percepción de unas reglas del juego ocultas.

Es suficientemente conocido, que la prosperidad de un país y el consecuente bienestar de los ciudadanos descansa sobre, al menos, tres elementos vitales: (1) la presencia de un sistema democrático que confiera prevalencia al ser humano, creando mecanismos para que el imperio de la ley esté por encima de los gobernantes; (2) permanente estímulo y respeto a la participación del sector privado en la economía, en simultaneidad con una supervisión Estatal para garantizar su competitividad evitando formas de organización perturbadoras de la economía de mercado; y (3) existencia de un Poder Judicial totalmente libre de influencias político-partidistas, que en armonía con el Poder Legislativo perfile un marco jurídico cuyo desenvolvimiento no sea a favor ni en contra de nadie.


Economista Jesús Alexis González
@jesusalexis2020

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