Guillermo Palacios 09 de marzo de 2016
El
Gobierno de Maduro está acariciando la idea de disolver la Asamblea Nacional
con argumentos rebuscados y avalados por sus celestinos del Tribunal Supremo de
Justicia en Sala Constitucional.
Un
adelanto de ello lo expresaron los integrantes de la Sala Constitucional en la
sentencia que produjeron sobre el recurso de interpretación acerca de las
disposiciones 222 y 223 de la Constitución, que están tan claras, que lo que
hicieron fue reescribirla y donde expresaron que “para evitar graves
perturbaciones al ejercicio de las competencias constitucionales que a su vez
corresponden al Gobierno y a la Administración Pública, en perjuicio del bien
común de todos los ciudadanos y ciudadanas, y, en fin, para proteger el
funcionamiento constitucional del Estado y la colectividad en general” el
gobierno tiene la facultad de disolver la Asamblea Nacional, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 236, ordinal 21, siendo que la disposición citada
alude es a la facultad que tiene el Presidente de la Republica para disolver el
órgano parlamentario si el Vicepresidente es destituido en tres oportunidades
en el mismo periodo por votos de censura por votación calificada.
Es decir,
que el gobierno mando a construir una tesis que va más allá de lo establecido
en la Constitución acerca de la disolución de la Asamblea Nacional, inspirados
sus precursores del TSJ en la tesis de la Alemania fascista de “protección al
pueblo”, a través de un procedimiento de interpretación constitucional, por
cierto muy peligroso y riesgoso para la estabilidad del país.
Es de
esta manera que la Sala Constitucional, por mandato de Maduro, dejo una amenaza
velada de disolución de la Asamblea en caso de que el gobierno requiera
deshacerse del poder legislativo en función de sus intereses muy particulares
de aferrarse al poder, a pesar de la nula confianza que tiene el pueblo
venezolano en sus instituciones de gobierno para resolver la crisis que hay y que
está afectando seriamente a todos los sectores del país, sobre todo aquellos de
menores recursos económicos, que hoy están padeciendo un desbalance terrible
para resolver sus necesidades básicas, hasta el punto de que hoy están muriendo
niños y personas adultas por falta de medicamentos.
Así es
que alertamos a la población venezolana sobre esta pretensión del gobierno
venezolano, que se encuentra en la letra “chiquita” de la sentencia que produjo
la Sala Constitucional la semana pasada para proteger a los funcionarios
corruptos del régimen y autoprotegerse de las decisiones de la Asamblea en
relación con el procedimiento para designar los Magistrados el 23 de diciembre
del 2015.
Dip.
Guillermo Palacios (UNT-Lara)
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