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sábado, 28 de enero de 2017

Editorial: ¡FOCO!, @primerpoderac





25 de enero de 2017

Bajo absoluto apego a la Constitución Nacional (CN), la Asamblea Nacional (AN) destituyó a Nicolás Maduro Moros y a todo su tren de Ministros. Ello dentro del lapso en que la CN obliga a llamar a elecciones presidenciales en 30 días. La presencia de Maduro en Miraflores usurpa el cargo de Presidente de la República bajo las exigencias que la CN impone, hecho por el cual, se ha consumado un golpe de estado y se ha instaurado un régimen de facto.

Ni Maduro, ni su tren de Ministros, ni los funcionarios de los Poderes confiscados por este clan (TSJ, CNE, Fiscalía, Contraloría, Poder Ciudadano, etc.) tienen poder constitucional para legalmente actuar. Lo único que tienen es el poder de facto que les otorga las armas, la violencia y el control del aparato público por coacción. Todo funcionario que viole la CN, pierde su autoridad estatal.

En este sentido, ningún venezolano, ni la comunidad internacional, deben reconocer como legítimas las acciones de Maduro, ni de ninguna persona que haya violado a la CN. No existen presos cuando no se han cumplido procesos legales y por ello solo hay secuestrados dentro de instalaciones del Estado. Es decir, ninguna persona –con o sin credencial estatal- puede violar nuestros derechos y aquel que lo haga será perseguido y enjuiciado, con la máxima probabilidad de ser sentenciado con cárcel y la confiscación de sus bienes.

Los demócratas necesitamos una AGENDA DE ESTADO. Esto es mucho más que un pasajero asunto electoral. Las fuerzas democráticas no pueden seguir pegando brincos según la agenda de escándalos que promocionen los delitos de Maduro. Eso no es asumir la responsabilidad fundamental. Ese no es el foco.

La CN en su Art.333 obliga a cada ciudadano a defenderla y a trabajar para el rescate de TODO el orden constitucional. Esta defensa solo se logra con acciones y la AN es la primera instancia que debe marcar el ejemplo para el resto de la ciudadanía.

La República no se puede parar, no importa donde estén sus funcionarios constitucionales. Es imperativo que exista un contrapeso legal y no mantener al vacío que estos delincuentes imponen como “legales”.

La Asamblea Nacional es hoy el Estado Nacional y debe asumirlo con una AGENDA DE ESTADO. Todas las fuerzas democráticas deben apegarse a esta.

Venezuela no tiene un gobierno constitucional, ni un Estado Nacional en plena operación. El único Poder estatal legítimo y constitucional es la AN y en consecuencia, es el último reducto que sobrevive de nuestra República, de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado Nacional. 

Maduro y su grupo montan escándalos porque eso ya es su modo de operación diaria para distraer los puntos centrales de la agenda democrática. Si bien no podemos callarnos ante estas tropelías, el foco es la AGENDA DE ESTADO para rescatar a la República, a nuestro sistema democrático y a nuestra CN.

El lenguaje define líneas de acción y objetivos: Maduro no puede ser tratado como Presidente, porque ya no lo es. Ningún ciudadano, ningún funcionario público (incluyendo militares), ningún Estado del mundo, debe reconocer a Maduro, ni a ninguno de sus adláteres como funcionarios del Estado de la República Bolivariana de Venezuela. 

Maduro debe ser tratado en Venezuela y el mundo como EL DESTITUIDO, si acaso alguien quiere “perfumarlo” podría decir: “el destituido presidente” o "el presidente de facto". 

Ante este vació institucional, la AN debe tomar medidas especiales, que bien podrían comenzar por modificaciones a la CN que le permitan flexibilizar la elección de las nuevas autoridades de los Poderes estatales secuestrados por el grupo usurpador, violador de la CN y el mandato del pueblo. El mismo vacío (o inexistencia de los Poderes) debe empujar la creación de medidas especiales que no estarían contempladas en la CN, siempre cumpliendo con sus principios.

Tal como hemos sufrido en el pasado (reciente) es inútil pedirle elecciones a quienes no respetan la voluntad ciudadana. La AN debe nombrar las nuevas autoridades del TSJ, el CNE, y de no ser acatadas sus decisiones, deberá imponerse con todo un tren de nuevos funcionarios que ejerzan aún desde un escritorio dentro del Palacio Federal. Desde allí, estos nuevos funcionarios sancionarán, decretarán y administrarán según lo obligue la CN. La República debe reclamar la restitución del orden constitucional, del sistema democrático y la protección de sus ciudadanos (ello) ante el país y el mundo.  

Es obvio que la AN debe entrar en contacto con la comunidad internacional a los fines de apalancarse. Todos los partidos democráticos deben organizar una campaña mundial que anuncie la destitución de Maduro, los acuerdos de la AN y el anuncio de los nuevos funcionarios nombrados por la AN para que sean recibidos fuera del país. Todos los parlamentos democráticos deben cerrar filas con este Poder electo por la ciudadanía venezolana. Igual, este Poder debe buscar el apoyo de la ONU, OEA y el Mercosur para encontrar el camino pacífico a la salida de estos delincuentes.

Las nuevas autoridades del CNE, son las que deben organizar nuevas elecciones e imponerle a las FFAA –junto con los nuevos magistrados del TSJ- que cumplan con la CN y las nuevas instrucciones de la AN. Sin embargo, tenemos que ser realistas al reconocer que todos los caminos hoy apuntan a la salida militar - una acción que la misma CN impone a las FFAA en lo relativo al resguardo del orden constitucional.

Los ciudadanos somos el Primer Poder de la democracia y los únicos dueños de la República. El trabajo no es de “otros”, el trabajo es de cada uno que porte la nacionalidad venezolana. Cada uno de nosotros está obligado por la CN a defenderla y a trabajar por el sistema democrático. Si quieres democracia, si quieres república independiente, si quieres un Estado eficiente, no se lo pidas a otro ¡trabaja para lograrlo!

La AN solamente ha cumplido con el mandato que impuso el soberano pueblo de Venezuela el 6 de diciembre de 2015, cuando votó en contra del actual régimen hasta lograr (aún con vicios de procedimiento) no menos de 2/3 del total de Diputados. Quien destituye a Maduro es la ciudadanía a través de la AN y tal destitución proviene del malestar por el incumplimiento de las funciones del cargo de Presidente, quien ha debido ofrecer seguridad ciudadana, empleo, abastecimiento de todos los productos que se necesitan para construir un mínimo satisfactorio de calidad de vida. Maduro, no cumplió con sus obligaciones y por lo tanto, abandonó su trabajo; abandonó su cargo. Esta es la realidad que se sufre cada día en nuestro país, mucho más allá de lo que algunos semiólogos de la semántica se ofusquen intentando salvarle el pellejo a los responsables de la mayor tragedia que este país ha sufrido en 150 años – sino es que desde que existimos como territorio autónomo.

La AN perdió el apoyo masivo que obtuvo en Dic2015, ello gracias a la desconfianza que personas como Julio Borges han creado. La “cogollo-cracia” está viviendo sus finales momentos. NO podemos castigar a todo un partido, ni a todos los partidos, cuando la culpa de muchos problemas no es de muchos, sino de muy pocos. Tal como en el país, son los activistas, así como los ciudadanos, quienes deben empujar nuevos liderazgos. Es imperativo hacer cambios que restituyan la confianza.

Vienen cambios profundos entre el grupo democrático, que muy seguramente implicarán la expulsión de varios dirigentes (y sus partidos, de ser necesario) de lo que hoy se llama MUD. Nuevas caras y nuevos factores de la sociedad civil van a estar en esa reingeniería.  

Tomado de: