Por Luisa Pernalete
La miseria en la que vive
sumida buena parte de los venezolanos golpea con mayor fuerza a las poblaciones
indígenas, quienes no solo han visto diezmados sus derechos humanos y los que
les corresponden como pueblos originarios, sino que han visto el peor rostro de
la crisis alimentaria y de medicamentos: nuestra columnista, investigadora de
Fe y Alegría y defensora de derechos humanos, Luisa Pernalete, ofrece de
primera mano este desgarrador caso que desnuda la crisis humanitaria nacional.
“Carmen tenía 8 años. Era de
la etnia jivi (guahibo, dicen los criollos). Es una etnia que habita zonas de
Colombia y Venezuela. Su familia, como muchas otras indígenas, por el tema del
hambre, se han ido desplazando de sus comunidades a pueblos criollos. No les va
mejor, pero buscan qué comer y a veces consiguen. Eso hizo la pequeña que
caminaba con su padre por la carretera que pasa por su comunidad. Ella
consiguió un pan en el suelo, cerca del vertedero de basura a la salida de
Morichalito -sur del estado Bolívar, sierra de Los Pijiguaos-, lo tomó y lo
comió. Lo compartió con su papá. Se puso mal la niña, corrieron y la llevaron
al dispensario de Bauxilum, pero no resistió y murió. El pan tenía algún
veneno. Su padre resistió y pudo ir al funeral”.
La niña vivía en Las Lajitas:
una comunidad jibi en donde hay varios alumnos de la Escuela Carmen
Sallés de Fe y Alegría. Por eso le avisaron a las hermanas concepcionistas, una
religiosas que son unas verdaderas santas de este siglo y que trabajan en el
centro desde sus inicios, en 1993. Desde entonces han acompañado el largo vía
crucis de resistencia de indígenas de diversos pueblos: curripacos,
mapoyos, jivis, eñepás… Esa zona del sur de Bolívar es rica en diamante,
bauxita…. Pero sus habitantes originarios viven con gran precariedad.
Se supone que los indígenas
tienen el derecho a disponer de las riquezas de sus territorios, pero no sucede
así con estos pueblos. Según la Declaración Universal de los Pueblos Indígenas
(ONU 2007) los indígenas tienen derecho al disfrute pleno de todos los DD HH
(artículo 1); también tienen derecho a participar en la adopción de decisiones
de cuestiones que les afecten en sus territorios (artículo 18); también tienen
derecho al mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales (artículo 21).
Y también nuestra Constitución tiene artículos que les favorecen, pero nada de
esto sabe el padre de Carmen. Sólo sabe que su hija tenía hambre, que agarró un
pan cerca del vertedero y murió a los 8 años.
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Morir de mengua
“Afortunadamente la niña no
llegó a compartir con sus otros hermanos ese pan, también hubieran muerto”,
comenta con tristeza la hermana Isabel, que lleva años en el pueblo. Añade la
religiosa que ya saben que hay malaria en varias comunidades: “Ya murió el hijo
de un maestro indígena, era un bebé, pero su madre desnutrida ¿qué podía
darle?, y es el segundo que se le muere pequeño”.
Se mueren por desnutrición. El
paludismo, a una persona que esté bien alimentada, no tiene por qué causarle la
muerte, pero desnutrido, sí. No pregunté por programas de prevención. No
pregunté por medicamentos: creo saber la respuesta.
Carmen murió por pobre. Murió
por falta de políticas públicas que protejan de manera integral a los niños y
niñas. Este caso lo supimos porque nos tocó de cerca, ¿cuántos habrá sin
registro?
Mientras el gobierno se pone
de acuerdo cuándo aparecen billetes, cuántas armas nuevas va a comprar, Carmen
murió sin haber acabado de crecer. ¿Quién paga esas muertes anticipadas?
26-01-17
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