Por Gregorio Salazar
Los vecinos del sector
Los Cocos de Cabimas sienten que el terror ha venido a integrarse como una
presencia cercana en sus vidas. A pesar de que los dos funcionarios de la
fuerza de Acciones Especiales (FAES) que una semana atrás asesinaron a dos
jóvenes comunicadores de una televisión comunitaria han sido detenidos, hay
cómplices sueltos y eso hace que no se sientan a salvo de cualquier sangrienta
represalia.
Familiares de las
víctimas abandonaron la casa donde se cometió el doble homicidio, han borrado
de sus redes sociales fotografías y datos que tengan que ver con lo ocurrido.
Nadie vio, nadie sabe. Si Andrés Eloy Nieves Zacarías y Víctor Manuel Torres,
trabajadores de la televisora comunitaria La Guacamaya TV y leales
revolucionarios fueron asesinados sin ninguna razón ni conmiseración en su
propio hogar, ¿quién les puede asegurar que no pueden correr la misma suerte?
La Guacamaya TV es una
de las numerosas televisoras comunitarias que se crearon para apoyar las
políticas públicas y la acción política del gobierno bolivariano. Desde el
2012, el docente Franklin Torres Ramírez, su propietario y padre de Víctor
Manuel, estuvo en esas labores. Sus premios regionales de periodismo en 2015 y
2018 dan fe de que las hizo a la altura de lo esperado.
En ocasiones Chávez y
el propio Maduro lo llegaron a mencionar en sus alocuciones televisivas. Nunca
podrá entender por qué le han pagado así.
El viernes 21 de agosto
todo ocurrió de acuerdo al conocido ritual tantas veces denunciado dentro y
fuera del país. Este parecía un operativo de envergadura contra sujetos
especialmente peligrosos: unos treinta hombres fuertemente armados, algunos
encapuchados, llegaron en camionetas y en un camión militar. Cerraron la calle,
se apostaron en cada casa y obligaron a encerrarse a los vecinos. Dos de ellos
hicieron huir a una adolescente que les abrió la puerta de la vivienda de
Torres y al entrar, en la propia sala que servía de estudio a la televisora,
estaban los jóvenes viendo películas.
Las víctimas tal vez no
tuvieron ni tiempo de percatarse de que venían a matarlos. A Víctor Manuel un
balazo le partió el corazón. Andrés Eloy recibió dos tiros en el pecho. Los
policías homicidas, después de abandonar los cuerpos en la morgue del hospital
de Cabimas, fueron a su comando a reportar el suceso. Sus jefes se encargaron
de redactar las actas convirtiendo lo que eran dos hechos abominables en “actos
justicieros” en defensa propia. Por supuesto que se sembró la consabida pistola
como elemento de utilería que adorna el escenario de las masacres y las
justifica.
La otra parte del
libreto es la miserable rapiña: cargaron con las botas de Víctor Manuel, sus
pantuflas y su ropa; la bomba del agua, arrancaron un aire acondicionado,
echaron manos de cuatro computadoras, un router, un ventilador, una laptop. El
arrase tiene que ser total: de la nevera sacaron la comida de la familia y la
que le guardaba a varios vecinos. Si hubieran podido descuajar la casa de sus
bases también hubieran cargado con ella. Dice el régimen que la FAES es “una
fuerza élite”.
Al final son 9 los
involucrados, cuyos cargos recorren toda la línea de mando del comando de la
FAES involucrado en este hecho repudiable. Una fiscal del Ministerio Público se
prestó para dar aviso a algunos de los involucrados y se dieran a la fuga.
Algún medio también puso inconscientemente o no su parte: “¡Los cercaron!
Fulminados por la FAES otros dos delincuentes en Cabimas”. Y cerrado el
círculo.
Según los documentados
informes de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH, Michelle Bachelet, más
de 6.800 ejecuciones extrajudiciales han sido perpetradas por las fuerzas de
seguridad venezolanas entre enero de 2018 y mayo de 2019. Otras 350 en el
primer trimestre de este año.
Convencida de que el
despliegue del poder de fuego de la FAES sistemáticamente se lleva por delante
a delincuentes e inocentes y que muchos casos son mera aplicación de penas de
muertes a capricho de funcionarios, Bachelet propuso la disolución de ese
cuerpo policial.
Hay que detener esa
oleada sangrienta. Pero la respuesta de Maduro fue inmediata: “Todo el apoyo
para el FAES en su labor diaria de darle seguridad al pueblo Venezuela. ¡Que
viva el FAES!”.
Paradójicamente, el
mismo día que se anunciaba la detención de los funcionarios, la FAES sostenía
un enfrentamiento con delincuentes de la Cota 905 que ultimaron a uno de sus
oficiales. La respuesta fue sorprendente. Abandonaron la zona sin ir tras los
homicidas por una orden que vino de arriba. ¿Quién entiende?
Son muchas las
expresiones oficialistas que han contribuido a crear un clima de
condescendencia, de impunidad, que desnaturaliza y desprofesionaliza a los
cuerpos policiales y militares. No hay mejor licencia bien sea para atropellar
o detener periodistas por el simple hecho de fotografiar una protesta o para
matar a quienes se les tilda de delincuentes.
Después de fracasar en
la lucha contra el hampa, al régimen no le queda otra que aferrarse a estas
brigadas exterminadoras. Hay 456 funcionarios juzgados y 140 sentenciados, dice
fiscal, pero las ejecuciones no han parado. Los cuerpos represivos, las
fiscalías, los centros de reclusión y los tribunales forman un solo cuerpo
gangrenado e irrecuperable en medio de este estado de cosas. Por eso y otras
innumerables calamidades este régimen debe salir.
30-08-20
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