Por Gregorio Salazar
A poco más de cien días
para vencerse la legislatura 2016-2020, el presidente de la AN, Juan Guaidó,
intenta un llamado a la unidad a los diversos sectores de la oposición para la
búsqueda de una ruta común a fin de lograr “la libertad de Venezuela” y, a los
efectos, solicita a diversos factores políticos “una respuesta pública y
activa” en una término perentorio de diez días.
No es un plan surgido
del debate interno en el denominado G-4, sino “concebido por mi equipo”,
dirigido para su discusión a grupos y figuras de la oposición, incluidas las
que hasta ahora se han mantenidos radicalmente alejados y a ratos acremente
cuestionadores de la línea que él ha encabezado, como María Corina Machado y
Antonio Ledezma, y también a otros que manteniéndose en el G-4 han discrepado
de hechos y decisiones, como Henrique Capriles Randonsky.
Por primera vez en
mucho tiempo, el jefe del gobierno interino reconocido por una cincuentena de
los países más influyentes del mundo, llama a un “plan de lucha y
movilización”, que vistas las limitantes circunstancias de reclusión
epidemiológicas en que se encuentra la población es obvio que por lo pronto no
contempla las acciones calle, ya bastante menguadas en los últimos meses del
año pasado.
La directriz apunta a
“un mecanismo de participación nacional e internacional masiva de participación
ciudadana”. ¿Un referéndum virtual?
El plan contempla
además “activar una agenda de acción y movilización para lograr la actuación de
la Fuerzas Armadas, de la comunidad internacional y de cada uno de nuestros
aliados, que comienza por “denunciar, rechazar y desconocer el fraude
parlamentario”. Parece otra forma de abordar ese escollo que se considera
fundamental para romper el bloque de poder oficialista.
Es una ruta
verdaderamente exigente y trabajosa la que se propone Guaidó pero, que de
recibir el respaldo de las fuerzas que lo han acompañado hasta ahora y sobre
todo si pone en funcionamiento el “mecanismo de participación masiva”, pudiera
servirle para darle cariz de legitimidad a su presidencia interina más allá del
6 de diciembre, especialmente ante sus aliados internacionales.
Luce que hacia allá se
orienta el objetivo de Guaidó sin que esto signifique por sí mismo el diseño de
una estrategia de las dimensiones exigidas por la Conferencia Episcopal
Venezolana.
Son muchos los factores
que se han ido acumulando en su contra, antes de que Guaidó pudiera o se
propusiera ir eslabonando la hoja de ruta que ahora necesita.
En un inventario al
voleo, los partidos que lo acompañan han sido intervenidos judicialmente y
desgajada alguna parte de sus militancias. Es una incógnita cómo se van a
reorganizar para mantener reunida y activada a sus huestes.
La enorme popularidad
que acompañó a Guaidó durante varios meses del 2019 ha disminuido
considerablemente, vista la imposibilidad de cumplir con los muy gastados
postulados del mantra que comenzaba por el cese de la usurpación, el gobierno
de transición y las elecciones libres. Y falta todavía por cuál será el
resultado de las elecciones de los Estados Unidos y cómo pueden incidir un
cambio en el poder.
A pesar del deterioro,
si Guaidó conserva el reconocimiento de los principales países de la comunidad
internacional podrá mantener bajo control los activos de empresas en el
exterior como Citgo, Monómeros y seguir siendo el pivote para las sanciones
contra el régimen de Maduro que, como se sabe, impactan en la capacidad de
maniobra de la cúpula, pero también en las condiciones de vida de una población
ya bastante atribulada por carencias, limitaciones y riesgos de todo tipo.
23-08-20
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