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lunes, 28 de junio de 2021

Para muestra, un botón, por @cgomezavila


Carolina Gómez-Ávila 27 de junio de 2021

@cgomezavila

Es tan profunda la brecha entre quienes —habiendo resuelto sus problemas de supervivencia— aspiran al poder y el pueblo que aspira a la democracia mientras lucha por su supervivencia, que los argumentos de quienes han cruzado la acera política para participar en la convocatoria electoral de la dictadura se han vuelto insostenibles.

Allí están, huérfanos de un plan para contrarrestar, al menos, a los «protectores», que, si tradujéramos correctamente de la neolengua, deberíamos llamar «opresores». Consternados, vimos al otrora combativo Américo De Grazia anunciar que pedirá ser presentado al que a él le corresponda —si y solo si su negociación incluye ganar la Gobernación de Bolívar, supongo yo— para saber a quién reclamarle agua, gasolina, gas, electricidad, vacunas y comida.


Así, al rompe, el pueblo guayanés queda advertido de que a él no podrán pedirle nada de eso. Peor: en la misma alocución, De Grazia admite no querer poner al pueblo a protestar ante Miraflores sino ante el tal «protector», con lo cual renuncia a hacerle oposición al mismo a quien ha llamado usurpador y dictador, como millones de venezolanos, presentando nuevos adversarios políticos que no son igual de relevantes.

Los románticos electorales confían en que los buenos oficios de algunos países europeos podrían lograr que la tiranía se comprometa a no poner en práctica esa figura que ya es habitual. Se supone que, en ese caso, el pueblo de Venezuela deberá creer en el poder de los europeos, porque al que sería firmante del compromiso no le creemos hace mucho.

Pero, ¿saben los europeos que, antes de los «protectores», el chavismo usó las figuras de las corporaciones de Estado, con recursos y radio de acción para neutralizar la capacidad de ejecución y —sobre todo— de crecimiento político de los gobernadores opositores? Seguramente Henrique Capriles no esté dispuesto a recordar que Corpomiranda lo ató de pies y manos, impulsando a quien lo sustituyó poco después en el poder. Ni que, antes de eso, la figura era el Plan Bolívar 2000, muy nombrado en la historia de la corrupción chavista.

¿Estos mediadores saben que se ha legislado sobre ciudades comunales y zonas económicas especiales que vaciarán de poder a los gobiernos municipales y estatales? ¿Saben que el tribunal más poderoso —el mismo que en cosa de un año produjo más de medio centenar de sentencias conculcando atribuciones legales a la Asamblea Nacional 2015— actúa a la orden del grupo en el poder y que tiene libertad para crear nuevas, interminables, figuras que con el apoyo de la actual asamblea podrían ejercer idéntica función?

Defender el voto como principio, es una cosa; defender que, después de que se cuente, tenga un valor representativo para el pueblo, es otra muy distinta. Pero ya que hablamos de contar, otra para que los buenos oficiantes no sean sorprendidos en su buena fe:

¿Por qué se silencia que el elector venezolano, en la era chavista, no tiene la opción electrónica de votar nulo? ¿Parece una fruslería? Pero que no haya un botón dispuesto para tal cosa tiene gravísimas consecuencias, porque el método previsto (en el numeral 2 del artículo 137 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, se advierte que se considerará que el voto es nulo cuando «caduque el tiempo previsto para ejercer su derecho») permite que las personas que estén en el recinto —muchas de las cuales podrán ver su cédula de identidad— identifiquen plenamente a ese elector que se tardará un poco más de la cuenta, dejando claro que está votando nulo.

Esta ley, creada por el chavismo, convierte al CNE en cómplice necesario del control social que la dictadura establece sobre la población.

Esto, que predice persecución política a la libertad de conciencia obliga a abstenerse de acudir a los centros de votación en los casos en que la decisión del elector sea votar nulo. No hay una falta más evidente, una clara violación de garantías democráticas en el proceso electoral. Una que es flagrante y que permanece impune desde que el chavismo llegó al poder.

Y si le parece baladí que se viole el secreto del voto, varias veces garantizado en nuestra constitución nacional, si le parece que eso es irrelevante por el número de quienes ejercerían ese derecho, es hora de recordar que los derechos humanos están para proteger a las minorías. Sí, el secreto del voto también es un derecho humano.

Nadie que se diga defensor de los derechos humanos puede apoyar un proceso electoral que viola el numeral 3 del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto».

Si fuéramos un pueblo consciente y solidario en la protesta por nuestros derechos humanos, si los defensores de los derechos humanos fueran coherentes con lo que dicen defender, la protesta sería una abstención masiva hasta que eso se solucione. En Venezuela, el voto nulo no es secreto. Y como de esa violación podemos estar seguros, de todas las demás tenemos derecho a dudar. Para muestra, un botón.

Carolina Gómez-Ávila

@cgomezavila

  

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