Por Luis Pedro España.
La nueva Ley de las Comunas, junto a la Ley de Fomento y Desarrollo del Sistema Económico Comunal, han generado cierto revuelo en los medios de comunicación. En general, las críticas se concentran en el hecho de que esta nueva unidad político-territorial se superpone a la división política constitucional de Venezuela, lo que en la práctica representa un ataque a la descentralización y sus gobiernos locales.
Adicionalmente se sostiene que este conjunto de leyes restringe la libertad económica, producto del fomento de una contraloría social laxa que llevaría a incrementar la inseguridad jurídica que ya padecen los productores y, finalmente, todas las críticas coinciden en el carácter inconstitucional de las leyes en proceso de aprobación, así como la intencionalidad de aplicar la Reforma Constitucional rechazada en referéndum.
Aun cuando seguramente suscribiría buena parte de las críticas que están en la mesa, me parece ocioso seguir insistiendo en el carácter inconstitucional de tal o cual ley. A fin de cuentas, al ciudadano común, no muy formado en valores republicanos sino más bien agobiado por los problemas materiales del día a día y su subsistencia, lo que le interesa es cómo le afecta este asunto.
Si bien no voy a tratar de anticipar los efectos de esta ley en la cotidianidad de los venezolanos, no tanto por pereza o desmerecimiento de su utilidad, sino porque el conjunto de leyes que constituyen la pretensión del poder comunal son poco más o menos que imposibles de implementar. Sí me parece de interés tratar de dilucidar el proyecto de país que está detrás de la mirada de largo plazo de este amasijo de motivos, artículos, conceptos y disposiciones, así como el impacto de corto plazo que se pretende con estos anuncios de ley.
Si alguno de los lectores ha trabajado, por su profesión o por voluntarismo social, en alguna comunidad o incluso en una simple junta de condominio, y hace el ejercicio de tratar de implementar las leyes del poder comunal, seguramente podrá concluir que semejante disparate sólo es posible si autoritariamente uno de los miembros del poder local se alza como el contacto con el Ministerio del Poder Comunal y ordena los papeles y requisitos para acceder a un financiamiento que, ojalá, le sirva de algo a la comunidad. De resto, la iniciativa legislativa parece haber sido asesorada desde la tumba por personajes del socialismo utópico de finales del S.XVIII o principios del S.XIX como Fourier y sus Falansterios, o por el socialista inglés Robert Owen y su "nuevo orden moral", pero sin que este último hubiese aprendido nada de su aldea comunal de New Harmony, que mal funcionó por cinco años hasta que en 1829 las diferencias entre los colonos hizo que cada quien hiciera tienda aparte.
El poder comunal no tiene mucho de original y sí mucho de fallido. Cuando se abunda en explicaciones, más allá de lo escrito en las imprecisas leyes, brota su carácter autárquico, más que endógeno y de subsistencia, más que de satisfacer necesidades. Se aboga por una vida austera, de voluntarismo y cooperación, sin considerar ni uno solo de los problemas que comprende la acción colectiva y los miles de páginas que se han escrito al respecto. La ingenuidad bucólica de sus planteamientos es más primitiva que utópica y ciertamente parece la alegoría al reino de los cielos, que ni la más come flor de las comunidades cristianas de los años setenta hubiese proyectado.
El único atisbo de realidad que tiene el poder comunal se relaciona con el reparto y el financiamiento, que es lo que finalmente puede que termine implementándose y, precisamente, este es el apartado que probablemente tenga su máxima utilidad en el corto plazo. Concediendo, por irrelevante, el honesto interés del gobierno por crear un nuevo modelo económico para Venezuela y el mundo, el discurso del poder comunal no es más que una nueva oferta electoral, un nuevo mecanismo de acceso a la renta petrolera por parte del pueblo. Una nueva esperanza para redimir las necesidades y una reedición del compromiso del gobierno con el pueblo desde ideas e iniciativas que, por cierto, la oposición mecánicamente rechaza convirtiéndola en enemiga del pueblo. Se trata de una reedición de la esperanza de las Misiones (de las cuales primero la oposición se burló, para luego alabarlas, sin que sepamos qué fue peor para su imagen), pero más complicado y abstracto, y por ello, puede que menos eficaz electoralmente.
El poder comunal, como nueva lógica distributiva, será el latiguillo electoral de esta campaña. Va dirigido a los dos núcleos de fortaleza electoral del gobierno. En unas elecciones donde las circunscripciones y la proporcionalidad en la Asamblea sobrerrepresenta a las localidades rurales o semiurbanas, la promesa de financiamiento para el desarrollo de una economía comunal, donde sus habitantes tienen empleos precarios y mal remunerados, no es más que una nueva esperanza. Su autor, si bien no ha cumplido ni con las Misiones ni con los Consejos Comunales, sigue siendo el único que hace ofertas a los sectores populares, aunque sean disparatadas e inaplicables como estas leyes.
El poder comunal, en el largo plazo, es el intento de organizar el país bajo una mayoría dependiente del financiamiento estatal, que subsiste en localidades que se pretenden autosostenidas, aisladas entre sí gracias a una sistema de intercambio anterior a la creación de la moneda en el mundo, y articuladas en un vértice protector que es en lo que el Ejecutivo Nacional aspira convertirse. Junto a ese país convivirá otro, minoritario, que se mueve zigzagueante entre las regulaciones del Estado y la lógica de la economía mundial moderna, y que sobrevivirá en la medida en que pueda por sí mismo relacionarse con otras economías o sirva de intermediario entre el Estado y el capitalismo mundial.
El proyecto no es fácil que prospere, ya que supone un importante empobrecimiento al cual el país no está dispuesto a someterse. Pero mientras tanto esta va siendo la única oferta política que se le hace al país popular.
Publicado por:
elmundo.com.ve
Maravilloso articulo!!!
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