Editorial Sovenor.org, 04/08/2011
Los venezolanos esperaban que los 31 días de violencia que se registraron en la cárcel de El Rodeo y que mostraron en toda su extensión la grave problemática del Sistema Penitenciario del país, dejara una enseñanza y abriera las puertas para la búsqueda de soluciones sostenibles y sostenidas en esta materia.
Pero el Ejecutivo Nacional, no aprovechó la crisis para tratar de hacer borrón y cuenta nueva en cuanto a: revisar la contradictoria legislación que norma la materia, humanizar y deshacinar la infraestructura carcelaria, aplicar un sistema de selección y clasificación de los reos según delitos cometidos, y establecer programas de reeducación y reinserción en la sociedad para los reclusos.
La vía "fácil" que escogió el Gobierno de Chávez para buscar soluciones a tan grave problemática fue ampliar la burocracia y crear un nuevo Ministerio para el Sistema Penitenciario. Una salida que sólo podría ser plausible si el nuevo ente del Gobierno se pusiera en manos de una conducción especializada, integrada por un equipo de profesionales multidisciplinario y de comprobada experiencia en la materia.
Pero, de nuevo, el Gobierno de Chávez privilegió lo político sobre lo técnico y escogió como Ministro a Iris Varela, una de las dirigentes más controversiales, polémicas y radicales del PSUV. La gran pregunta es ¿por qué?
Varela es una abogada, con largo ejercicio como diputada, al servicio del proyecto, de demostrado temperamento explosivo y supuestamente vinculado a grupos violentos radicales del chavismo. Que se conozca no tiene experiencia en materia penitenciaria ni gerencial.
Queríamos hacer votos por el éxito de Varela en esta nueva tarea que le asigna su comandante Hugo Chávez. Lamentablemente, Iris Varela en sus primeras declaraciones, echó por la borda estos buenos deseos.
Por un lado, simplificó peligrosamente la compleja problemática y la redujo a un "Plan de Descongestionamiento Carcelario", que sacaría a la calle a 20.000 de los 50.000 reclusos existentes. Una salida que pudiera ser justa para muchos inocentes que pagan arbitrariamente cárcel, o que han estado largo tiempo en prisión por delitos menores, pero que si no se hace bajo criterios profesionales y siguiendo el debido proceso se corre el riesgo de poner en la calle a personas que podrían volver a delinquir. Son recientes los casos de personas asesinadas por ex reclusos que estrenaban libertad.
Por otro, la ministra Varela recurrió de primeras a la amenaza: "si un juez me pone una traba le digo a la Presidenta del TSJ que lo saque del cargo". Una clara e inconstitucional injerencia de un funcionario del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial.
Nada promisorio que esperar, por ahora.
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