Fernando Camino Peñalver 04 de noviembre de 2018
@fernandocaminop
Recientemente
en una de sus tantas cadenas de radio y TV, el régimen tenía como invitado
especial un alto funcionario del gobierno chino, allí uno de los altos jerarcas
del gobierno nacional pidió la palabra para preguntar al invitado chino, palabras
más palabras menos, que cuales eran los controles que ejerce su gobierno sobre
la actividad económica en su país. La respuesta fue: “El 90 % de las empresas
en China son privadas, el Gobierno no puede ejercer ningún control a ellas. El
Gobierno puede implementar un sistema de incentivos o acicate para que las
empresas privadas puedan elevar la productividad y mejorar la eficiencia y así
puedan ganar más. Las empresas privadas pueden trabajar con las políticas
industriales del Gobierno y éste puede ofrecerles asistencia y los subsidios
necesarios. Así algunas empresas buenas, que tanto necesitamos, pueden
desarrollarse con más rapidez”, explicó al ministro.
Y esto
no es un cuento chino, esa nación, mientras mantuvo una economía centralizada
con empresas manejadas por el Estado, fue uno de los países más pobres del
mundo donde el hambre, la desnutrición y las enfermedades mataron millones de
personas. Pero después de la apertura económica y la privatización de su
economía, China se convirtió en la segunda economía del mundo (14,8% del valor
de la producción mundial) y pudo sacar de la pobreza a millones de sus
ciudadanos.
La
pregunta que se atrevió a formular el jerarca del régimen fue imprudente,
porque ignoraba que China maneja dos sistemas de gobierno, el político que es
una férrea dictadura comunista y en lo económico se comporta a la manera del
capitalismo más salvaje del mundo. Por cierto que este funcionario es uno de
los responsables directos de la hambruna que está padeciendo nuestra población,
debido a su activa participación en la aplicación de controles a la producción
de alimentos y al irrespeto a la propiedad privada.
La
pregunta que formuló el funcionario venezolano al funcionario chino tiene su
respuesta en los artículos 112; 115; 116; 299; 305; 306 y 307 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todo ciudadano debe
conocer la carta magna de su país y su contenido es de obligatorio cumplimiento
para toda nuestra población, sobre todo si ejerce funciones públicas.
En
esos artículos de nuestra constitución, precisamente, está la hoja de ruta para
emprender el retorno a la prosperidad y para devolverle la dignidad y la
felicidad a nuestra población. En esos artículos, se garantiza el derecho de
propiedad y se expresa claramente que, sólo por causa de utilidad pública o
interés social, mediante sentencia firme y pago oportuno de justa
indemnización, podrá ser declarada la expropiación de cualquier clase de
bienes. Para eso existe la Ley de Expropiaciones con Fines de Utilidad Pública
o Interés social, pero el régimen no la usa e inventó “decretos leyes” que
violan la constitución.
Con el
fin de garantizar la seguridad jurídica y la propensión a invertir, la
Constitución establece que no se decretarán ni ejecutarán confiscaciones de
bienes sino en los casos permitidos por esta. Y se señala que el Estado puede
confiscar bienes solo cuando estos se hayan obtenido mediante el
enriquecimiento por actividades de narcotráfico y por delitos de corrupción
administrativa. Es decir, no existe la confiscación de bienes obtenidos
mediante actividades económicas lícitas, sin embargo el régimen las ejecuta.
El
marco legal socioeconómico de nuestro país se fundamenta en los principios de
la libre competencia, la protección del ambiente, la productividad; y la
armonía entre la oferta y la demanda. El propósito es el de asegurar el
desarrollo humano integral y la existencia digna de nuestra población. En ese
sentido se establece claramente que el Estado, conjuntamente con la iniciativa
privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de
generar fuentes de trabajo y mayor valor agregado nacional en los bienes y
servicios producidos. Señala también que esto se logrará mediante la libre
competencia, la libertad de trabajo, y permitir y estimular el desarrollo de la
libre empresa. El régimen ha hecho todo lo contrario, se ha dedicado a destruir
la iniciativa privada y la libre competencia mediante controles, regulaciones y
el irrespeto a la propiedad.
La
carta magna establece que: “el Estado promoverá la agricultura sustentable como
base estratégica del desarrollo rural integral a fin de garantizar la seguridad
alimentaria de la población”. En resumen la seguridad alimentaria es entendida
universalmente como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, así
como el acceso oportuno y permanente a éstos por el consumidor. Esa premisa
también la contempla nuestra constitución. Si el régimen respetara este
precepto constitucional se hubiese evitado la crisis humanitaria que padecemos
por la falta de alimentos.
El
irrespeto a nuestra constitución, nos ha conducido hacia la grave situación
económica en que se encuentra sumergida nuestra nación, debido a la pobreza, el
desempleo, la escasez y la hiperinflación.
Y
pensar que todo está allí mismo: los todavía grandes recursos, los formidables
talentos y los firmes propósitos de ayuda internacional. Solo con lograr el
establecimiento de un verdadero Estado Democrático, podemos rescatar a
Venezuela y la reactivación de la economía, estamos seguros, será el comienzo
de la reconstrucción integral de nuestro país, una inmensa empresa donde vamos
a necesitarnos todos los venezolanos.
Fernando
Camino Peñalver
@fernandocaminop
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