Noticias ONU 04 de julio de 2019
Según
un informe de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos, si la situación no mejora continuará el éxodo de migrantes y
refugiados que salen de Venezuela, además de que la situación de quienes
permanecen empeorará.
La Oficina de la Alta
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos llamó
este jueves al Gobierno venezolano a tomar medidas sin dilación para detener
y remediar las transgresiones graves de derechos económicos, sociales,
civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país.
En un informe elaborado por orden del Consejo de
Derechos Humanos, la Oficina dice que si la situación no mejora, continuará
el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que
abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen
en él.
El documento afirma que en la última década, y sobre
todo desde 2016, el Gobierno de Venezuela y sus instituciones han puesto en
marcha una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a
la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.
Agrega que un conjunto de leyes, políticas y
prácticas ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema
de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la
reiteración de graves violaciones de derechos humanos.
Destaca también la repercusión de la profunda
crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios
para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y
cuidados médicos, entre otros.
Metodología del informe
Para escribir el informe se realizaron 558 entrevistas
con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada
situación económica, en Venezuela y otros ocho países. Toma en cuenta también
otras fuentes y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de
2019.
La Alta Comisionada Michelle Bachelet, visitó el país
del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras
políticas, desde el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del
gobierno, hasta el presidente de la Asamblea Nacional, así como con miembros de
la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con
víctimas y sus familiares.
Tras esa visita, un equipo de dos oficiales de la
Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite
prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de
derechos humanos.
Los grupos armados civiles progubernamentales
conocidos como colectivos han contribuido al deterioro de la situación, al
imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones. La Oficina
ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de
2019, de las cuales 52 son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno
o a los colectivos.
La proporción de presuntas ejecuciones extrajudiciales
cometidas por las fuerzas de seguridad, en particular por las Fuerzas
Especiales (FAES), en el contexto de las operaciones policiales ha sido
sorprendentemente elevada, según señala el informe. En 2018 el Gobierno
registró 5.287 muertes, supuestamente por “resistencia a la autoridad”, en el
curso de esas operaciones. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del presente
año, otras 1.569 personas fueron asesinadas, según las estadísticas del propio
Gobierno. Otras fuentes apuntan a que
las cifras podrían ser muy superiores.
El informe indicaque, hasta el 31 de mayo de 2019,
había 793 personas privadas arbitrariamente de la libertad, entre ellas 58
mujeres, y en lo que va de año 22 diputados de la Asamblea Nacional, incluido
su presidente, han sido despojados de su inmunidad parlamentaria.
Pocas denuncias
La Alta Comisionada acogió con
beneplácito la reciente puesta en libertad de 62 presos políticos y
pidió a las autoridades que liberasen a todas las demás personas detenidas o
privadas de libertad por haber ejercido de manera pacífica sus derechos
fundamentales.
El informe enfatiza que la mayoría de las víctimas de
vulneraciones de sus garantías fundamentales no han tenido acceso real
a la justicia ni a una reparación adecuada.
“Según los entrevistados, son pocas las personas que
presentan denuncias, por miedo a las represalias o por falta de confianza en el
sistema judicial”, expresa el informe. Quienes sí lo hacen, en su mayoría
mujeres, se enfrentan a obstáculos omnipresentes y, en la mayoría de los casos,
a investigaciones que se estancan.
En cuanto a la libertad de expresión, el
informe señala que el espacio para los medios de comunicación libres e
independientes se ha reducido, mediante la prohibición o la clausura de medios
de comunicación, y la detención de periodistas independientes.
Crisis y sanciones
El informe afirma que las últimas sanciones económicas
vinculadas a la exportación de petróleo están agravando aún más los efectos
de la crisis, que ya existía antes de dicha imposición.
Además, considera Estado incumple su obligación de
garantizar los derechos a la alimentación y la atención sanitaria.
La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres.
A pesar de que el Gobierno ha realizado
esfuerzos para afrontar esta situación mediante programas sociales,
amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida
y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no
eran partidarias del Gobierno.
La situación sanitaria del país es grave: los hospitales
carecen de personal, suministros, medicamentos y electricidad para
mantener en funcionamiento los equipos. De noviembre de 2018 a febrero de 2019
hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros.
El documento también aclara la repercusión
desproporcionada de la situación humanitaria sobre la población indígena y cómo
estos pueblos pierden el control de sus tierras por diversas razones, entre
otras la presencia de fuerzas militares, de bandas de delincuentes y de grupos
armados.
Recomendaciones
El informe hace una serie de recomendaciones al
Gobierno para salvaguardar los derechos humanos de la
población.
“Espero sinceramente que las autoridades
examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento
y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo
en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a
los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a
otras necesidades básicas”, afirmó Bachelet.
La Alta Comisionada aseveró que el informe no
aborda cuestiones de “política, geopolítica, relaciones internacionales o
cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano
tiene derecho”.
“Exhorto a todas las personas con poder e influencia
–tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los
compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo.
Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, apuntó.
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