DW 04 de julio de 2019
Cuanto
más se intensifica la violencia estatal en Venezuela, más impotentes se sienten
los civiles que no abogan por una intervención militar. El informe de Bachelet
sobre DD.HH. es recibido con pocas esperanzas.
"El
exilio es un acto doloroso porque el emigrante puede regresar, algo que no
puede hacer el exiliado”, dice a DW Tulio Hernández, sociólogo de la
Universidad Central de Venezuela, exiliado en Colombia tras una amenaza de
cárcel proferida por Nicolás Maduro en cadena televisiva por críticas a su
Gobierno. "Como exiliado no puedo volver a Venezuela ni a asistir a los
familiares y amigos enfermos ni a los entierros de quienes se suicidan, porque
la crisis les ha hecho perder la razón”, confiesa Hernández, columnista del
diario El Nacional.
Según
Roberto Briceño, director del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en
las últimas dos décadas han sido registradas 330.000 muertes violentas. De
acuerdo al mismo OVV, "el suicidio se cuadriplicó en los últimos 15 años
convirtiéndose en un fenómeno social”, pasando a una media de 8 a 19 personas
por cada 100 mil habitantes.
Rufo
Chacón, otro joven que pierde Venezuela
La
desesperación y la impaciencia crecen en Venezuela. Y la imagen del joven
ensangrentado Rufo Chacón, de 16 años, promete convertirse en otro ícono de la
violencia de venezolanos contra venezolanos. Mientras el 1 de julio, en Táriba,
a 10 minutos de San Cristóbal, Rufo Chacón pedía a las autoridades restablecer
el servicio de gas, recibió de agentes de la policía un disparo con perdigones
de goma que lo dejaron ciego.
En
el informe sobre su visita a Venezuela, la Alta Comisionada de Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, señala que "pude conocer
directamente los relatos de quienes han sido víctimas de la violencia del
Estado y sus peticiones de justicia”. Según dicho informe, "el Gobierno se
comprometió a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas –entre otras,
el uso de la tortura y el acceso a la justicia—y a facilitarnos la entrada ilimitada
a los centros de reclusión”.
Justamente,
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió este 3 de julio al
gobierno venezolano a "investigar, juzgar y sancionar" a los
responsables de la muerte del militar detenido Rafael Acosta Arévalo. Este
capitán de corveta murió el 29 de junio bajo custodia de la Dirección General
de Contrainteligencia Militar (DGCM), tras haber sido arrestado acusado de
conspirar contra Maduro. La CIDH, órgano de la Organización de Estados
Americanos (OEA), expresó su "alarma y preocupación por probables actos de
tortura".
El
calvario de una juez que dictó justicia
Sobre
todo los presos políticos son víctima de grandes abusos de poder, relata Tulio
Hernández: "Desde pasar años sin recibir una sentencia hasta la tortura psíquica
y física, como en el caso de la exjueza María Afiuni, que por haber dejado en
libertad a un contradictor de Hugo Chávez en 2009, fue metida a la cárcel y ha
vivido hasta hoy un calvario de violaciones, abortos, cuchilladas y rociadas
con gasolina”.
El
informe de Bachelet detalla, por otro lado, la paulatina militarización de las
instituciones del Estado durante la última década y el consecuente aumento de
la violencia contra civiles y militares disidentes. "Tanto a fuerzas
civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones
arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del Gobierno y a sus
familiares, violencia sexual y de género perpetrada durante los periodos de
detención y las visitas, y uso excesivo de la fuerza durante las
manifestaciones”, reza el informe.
Las
FAES y los colectivos, el terror de los pobres
Pero,
según Tulio Hernández, que trabaja con el Observatorio Venezuela de la
Universidad del Rosario de Colombia, "el mayor terror lo causan las FAES
(Fuerzas de Acción Especial de la Policía Nacional Bolivariana) que operan
junto con los ‘colectivos'”. Las FAES, tildadas como "el escuadrón de la
muerte del chavismo” son acusadas de cientos de detenciones y ejecuciones
arbitrarias.
Ante
este panorama de degradación social en Venezuela, Tulio Hernández, de Ávila
Monserrat (un grupo de reflexión de emigrantes venezolanos), saluda que el
Grupo de Lima haya invitado a más de cien países a una conferencia sobre
Venezuela el 6 de agosto, pero reconoce que son pocos los venezolanos que creen
algo vaya a salir de ahí. Concluye que "esta es una dura realidad, sobre
todo para los venezolanos que en la desesperación no abogamos por una
intervención militar de nadie”. Tampoco esperan mucho del informe de Bachelet.
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