Infolatam
Sao Paulo, 28 septiembre 2015
Por SERGIO FAUSTO
(Infolatam).- A principios de año, en este mismo espacio, predije que
la crisis brasileña se prolongaría, pero que no terminaría en un colapso
económico y en un final anticipado del mandato de la presidente Dilma Rousseff. Llegó la hora de
rehacer esta predicción, admitiendo que subestimé no sólo la precariedad de la
situación fiscal heredada del primer mandato, sino sobre todo la capacidad del
gobierno para cometer una increíble serie de errores en la gestión de la
política y la economía en los siguientes meses.
Esta secuencia de errores culminó con la presentación al Congreso, a
finales de agosto, de un proyecto de ley de presupuesto con un déficit primario
superior a R$30.000 millones (0,5% del PIB) para el 2016. Fue la gota que colmó
el vaso para la reducción de la calificación crediticia de Brasil por la Standard
and Poor. La pérdida del “grado de inversión” disparó el tipo de cambio, más
allá del límite de R$ 4,00/US$ 1,00, y llevó a un deterioro aún peor de las
estimaciones sobre la evolución del PIB para 2015 y 2016, ahora situadas en
torno a -2,7% y -0,8%. También las estimaciones relativas a la inflación se
vieron afectadas negativamente, aunque se mantenga la previsión de una
disminución significativa del IPCA, el índice de referencia para al régimen de
metas de inflación, del 9,3% en 2015 al 5,6% en 2016.
El país no vive bajo la amenaza de un colapso económico en la forma
clásica e históricamente frecuente en América Latina, de una crisis aguda en la
balanza de pagos, ya que cuenta con US$370 mil millones de reservas y un
déficit alto en transacciones corrientes, pero en rápida contracción. No hay
duda, sin embargo, de que Brasil enfrentará por lo menos dos años de recesión y
aumento del desempleo. Tampoco es imaginable que el país pueda reanudar su
trayectoria de desarrollo sin tener que enfrentar una dura agenda de reformas.
En política, lo que vemos es un gobierno en una búsqueda desesperada
para evitar el término anticipado del mandato de la presidente Dilma. El impeachment
entró definitivamente en la agenda. El 23 de septiembre, el presidente de la
Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, leyó en sesión plenaria los procedimientos
que deberán regular el análisis de las solicitudes ya presentadas de impeachment
y sus posibles consecuencias. Acordada con Cunha, que está enfrentado con el
gobierno desde julio, la estrategia de la oposición es presentar un recurso al
plenario en caso de que el Presidente de la Cámara rechazase una de las
peticiones de impeachment. Aquella evaluada como técnica y políticamente más
sólida es la que cuenta con la firma de dos nombres de peso del mundo jurídico
brasileño, uno de ellos es uno de los fundadores del propio PT, que se
desafilió del partido como reacción al escándalo del “mensalão”.
Por los procedimientos definidos por Cunha, la oposición necesitaría
mayoría simple para aprobar la apelación en sesión plenaria y llevar al
presidente de la Cámara a instalar una comisión especial que examinará la
solicitud de impeachment, pudiendo o no aprobarla. Si la petición es aprobada
por la comisión, sería remitida nuevamente al plenario para la votación final
sobre la apertura o no apertura del proceso. Para la aprobación definitiva de
la apertura del impeachment se necesita mayoría cualificada de dos tercios de
los diputados.
El PT ya ha presentado objeciones a la tesis de que el recurso de la oposición
podría ser aprobado por mayoría simple, con el argumento de que, ya en esa
etapa, serían necesarios 2/3 de los votos. A sabiendas de que el argumento es
débil, a la luz de la misma norma adoptada en 1999, cuando el PT presentó la
petición de impedimiento del entonces presidente Fernando Henrique, el partido
también puso en duda la posibilidad de abrir el impeachment por responsabilidad
de delitos presuntamente cometidos en el mandato presidencial anterior, tesis que
ya despierta una intensa controversia jurídica.
El hecho de que en el ámbito político ya se discuta abiertamente la
hipótesis del impeachment muestra la inmensa fragilidad del gobierno. Si todavía
quedase alguna duda al respecto, desapareció durante la última semana, cuando la
presidente Dilma se lanzó torpemente a la iniciativa de hacer un cambio de
gabinete cuyo único propósito es mantenerla en el cargo. En este esfuerzo, Dilma
busca lograr la cuadratura del círculo: por un lado, cumplir con la promesa de
reducir el número de ministerios; por otro, agradar a todas las alas del PMDB, el
partido más grande en el Congreso, sin tampoco desagradar al PT, que no ahorra
críticas al gobierno, sobre todo al ministro de Hacienda.
Aconsejada por el presidente Lula para no disgustar a los jefes del PMDB,
especialmente al vicepresidente Michel Temer, cada vez más distante del
gobierno, la presidenta se ve obligada a preservar la cota de poder ministerial
de la cúpula del partido, al mismo tiempo que trata de incorporaren el gobierno
al bajo clero del partido. Son diputados cuya biografía no resiste por tiempo
prolongado la exposición a la luz solar, como ya notaron los profesionales más atentos
de la prensa brasileña.
En medio de las dificultades para completar la reforma, la presidenta viajó
a los Estados Unidos el 24 de septiembre para abrir la Asamblea General de la
ONU, dejando tras de sí una base de apoyo cada vez más inestable. Le esperaba,
a su vuelta, la votación de los vetos presidenciales. Asegurar que se mantengan
por el Congreso, es esencial para evitar la consumación de un desastre
fiscal que produciría inmediatamente una mayor devaluación y un aún más grave empeoramiento
de la crisis económica. En la noche del 22 al 23 de septiembre, mostrando responsabilidad
hacia el país, el Congreso conservó veinticuatro vetos presidenciales. En la
sesión prevista para el 30 de septiembre, se examinarán ocho vetos más, dos de
los cuales son esenciales para la evolución de las cuentas públicas. Esperemos
que se mantengan, inclusive con los votos de la oposición, que debería estar
interesada en la salud financiera del Estado, porque tarde o temprano asumirá nuevamente
el gobierno.
Tal vez la reforma ministerial sea suficiente para contrarrestar la ola
a favor del impeachment que se empieza a formar en la cámara baja. Es remota,
sin embargo, la posibilidad de que resulte suficiente para asegurar al gobierno
una mayoría en el Congreso dispuesta a aprobar medidas de ajuste fiscal que
puedan crear las condiciones mínimas para una salida gradual de la profunda crisis
en la que se encuentra el país.
Ante la severa reacción de los mercados a la presentación de una ley de
presupuesto con déficit, el Gobierno dio marcha atrás el 14 de septiembre,
anunciando medidas de reducción de gastos y la re-creación de un impuesto sobre
las contribuciones financieras, el llamado CPMF, para presumiblemente asegurar un
superávit primario del 0,7% del PIB en 2016. Las posibilidades de aprobación de
este nuevo “paquete fiscal” parecen reducidas. Hay una gran resistencia a la
aprobación del CPMF, incluso con la diminuta alícuota de 0,2%, sin lo cual se perderá
más de la mitad del efecto buscado por el paquete. Incluso si se aprueba, el
“paquete” no producirá los efectos necesarios para la reanudación de la confianza.
La creencia de que con Dilma Rousseff como presidente el país no va a retomar
su senda, está cada vez más extendida. Por eso, los líderes de la oposición que
piensan que un proceso de impeachment es traumático y difícil, creen que la
renuncia de la presidente se impondrá tarde o temprano.
Hoy en día, el gobierno se sostiene menos por sus propias fuerzas, y más
por las incertidumbres que rodean a una coalición entre el PMDB y el PSDB, el
principal partido de la oposición, en un posible futuro nuevo gobierno. Las
incertidumbres son de diversa naturaleza y merecen un artículo aparte, pero parte
de ellas se derivan de la operación “Lava Jato”, que afecta no sólo al
PT, sino también a los dirigentes delPMDB, en una medida aún
desconocida pero no despreciable.
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