Omar Barboza Gutiérrez 27 de septiembre de 2015
Recientemente se extendió, entre otros
municipios, el Estado de Excepción a los de: Rosario de Perijá, Machiques de
Perijá y Jesús María Semprúm del Estado Zulia, que conforman el Circuito No. 1,
por el cual he sido postulado como Diputado por la Unidad Democrática para las
elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.
Sobre esa materia debo reiterar que
cuando el gobierno alega como razón para dictar ese Decreto, que con el mismo
se propone combatir el contrabando y el bachaqueo, está confesando que somete a
la población a mayores dificultades de las que ya tiene, para combatir las
consecuencias y no las causas de la grave crisis que estamos viviendo; pues, la
causa de la misma es el fracaso del modelo económico que Maduro ha tratado de
imponernos, sin darse cuenta de que el contrabando y el bachaqueo son hijos
legítimos de ese fracaso y que la solución de fondo está en una profunda
rectificación de las políticas que hoy generan las actuales circunstancias.
Hay dos razones principales de la crisis
económica: La primera, es el ataque a la producción nacional para beneficiar a
los productores extranjeros y a los intermediarios o testaferros con los
dólares preferenciales que les pertenecen al pueblo venezolano; y, en segundo
lugar, la destrucción de la capacidad adquisitiva de la moneda a través de la
devaluación, que genera escasez y el alto costo de la vida. Le quitaron tres
ceros al bolívar, lo llamaron fuerte, y hoy está más débil que nunca; mientras
tanto, el Banco Central de Venezuela en vez de velar por la estabilidad de
nuestra moneda como se lo manda la Constitución, se ha convertido en una
imprenta de billetes sin respaldo, con los cuales le pagan el salario a
nuestros trabajadores en bolívares y tienen los precios dolarizados.
Con esta decisión el gobierno trata de
echarle la culpa de su fracaso, como siempre lo ha hecho, a factores distintos
a sus propios errores para así tratar de justificar los resultados negativos de
su gestión, en vez de corregirlos para el bien de todos.
Tenemos razones para pensar que detrás
de estas medidas hay intenciones de ventajismo electoral, sin reparar en el
daño que le causan a la gran mayoría de los pobladores de estos Municipios, que
no tienen nada que ver con las actividades que se pretenden combatir; y ese
propósito electoral tiene el objetivo de atemorizar a la inmensa mayoría de
esos pobladores que quieren un cambio porque no soportan la actual situación.
Confiamos en que los oficiales
responsables de nuestras Fuerzas Armadas, en cumplimiento de su misión
constitucional no partidista, no se prestarán a las intenciones de muchos
dirigentes del oficialismo de utilizar este Decreto como excusa para atropellar
y meterle miedo a la población opositora.
A esa población que quiere un cambio, le
hago un llamado a no dejarse atemorizar y a seguir luchando por nuestro derecho
a tener una Venezuela mejor. Cumplo con informarles que si bien están
restringidas algunas garantías constitucionales, los derechos a la libertad de
opinar, de informar, y de participar para ejercer el derecho al sufragio, están
plenamente vigentes de conformidad con el Artículo 7 de la “Ley Orgánica sobre
Estados de Excepción”, y por tanto, nuestra campaña por el cambio debe
continuar con todo el entusiasmo y decisión para asegurar el triunfo el próximo
6 de diciembre.
En ese sentido, sólo están sometidas al
requisito de la autorización previa, las actividades relacionadas con las
reuniones públicas y las manifestaciones; el resto de las actividades
electorales no solo están permitidas, sino que están ordenadas por el Consejo
Nacional Electoral, órgano constitucional competente en materia de elecciones,
el cual acordó el Cronograma electoral del 2015, que nos obliga a una serie de
actividades políticas previas al inicio formal de la campaña que es el 13 de
noviembre, como lo son la captación de testigos durante el mes de septiembre de
este año, y la capacitación de los mismos durante todo el próximo mes de
octubre, incluido el Simulacro Electoral previsto por el CNE para el próximo 18
de octubre y todo lo que se refiere a la capacitación del personal electoral
durante todo el mes de noviembre. Actividades estas que para cumplir con lo
aprobado por el CNE, requieren del activismo político normal que nos permita
captar al personal electoral, formarlo, y además informar a todos los electores
sobre las materias relacionadas con el proceso.
La Ley Orgánica sobre Estados de
Excepción protege a los ciudadanos frente a los abusos que cometan los
ejecutores del Decreto, tal como lo establecen sus Artículos 7, 24, 25 y 40.
La decepción que ha causado este
gobierno se expresará con una gran votación por la Unidad y el Cambio el
próximo 6 de diciembre. Juego ganado ni se tranca, ni se entrega.
Omar Barboza Gutiérrez
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