Sergio Muñoz Bata 24 de mayo de 2016
La
salida democrática de la crisis política en Venezuela se cae de madura. Hay que
permitir que los ciudadanos ejerzan su derecho al voto y respetar los artículos
de la Constitución bolivariana que establecen el referendo consultivo y
advierten de que “todos los cargos de elección popular son revocables”. Lo que
impide la solución democrática es la porfía de Nicolás Maduro, que le teme al
referendo, y el servilismo del Consejo Nacional Electoral, que se niega a
cumplir la norma constitucional que lo obliga a realizar el conteo de las
firmas de quienes apoyan el referendo.
¿Por
qué se opone al referendo el gobierno de Maduro?, le pregunto al escritor
venezolano Sergio Dahbar. “Porque sabe que lo perdería –me contesta–, y puedo
animarme a decirte que con 10 millones de votos. Incluso diría que algunos
chavistas también quieren el revocatorio porque saben que ya Maduro no puede
con el país”.
Concuerdo
con Dahbar, y sospecho de la sinceridad de la reciente visita de José Luis
Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández para abogar por un
diálogo entre el Gobierno y la oposición. No entiendo qué hay que dialogar
cuando el Gobierno ya decidió que no va a haber referendo.
¿Sirvió
para algo la visita de Zapatero?, le pregunto a Peter Hakim, presidente Emérito
del centro de pensamiento El Diálogo Interamericano. “No sirvió para nada –me
dice–, me imagino que Zapatero tuvo otros motivos para ir a Caracas, pero no sé
lo suficiente de la política española como para saber por qué fue a Venezuela”.
Yo también desconozco las entrañas de la complicada política española, pero me
parece que visitas como esta solo sirven para darle oxígeno a Maduro y hacerle
creer al mundo que el Gobierno está dispuesto a dialogar.
“No
hay diálogo posible mientras Maduro permanezca en el poder –me dice Hakim–, los
dos lados viven en diferentes planetas. Maduro se niega a ver la realidad, y la
oposición, que está profundamente dividida, se niega a admitir que el chavismo
conserva un 25 o 30 por ciento de apoyo popular”.
Mientras
tanto, me preocupa que Maduro ordene el despliegue de las Fuerzas Armadas en un
conflicto político porque genera ansiedades y especulaciones en ambos lados del
espectro político. Los más sensatos, sin embargo, descartan la probabilidad de
un golpe de Estado militar. “Si hay presión callejera –me dice Dahbar–, el
papel de las Fuerzas Armadas debe ser contener a los locos. El país debe
encontrar una salida en el mundo civil, institucional, dentro de lo que indica
la Constitución vigente. Un golpe militar sería una locura y un retroceso
mayor”.
Y
mientras la situación económica de la nación se deteriora cada día más, el
escenario político también parece haber llegado al límite. La semana pasada, la
Asamblea Nacional de Venezuela solicitó formalmente a la Organización de
Estados Americanos que aplique la Carta Democrática por considerar que la
democracia y el Estado de derecho han sido gravemente vulnerados en Venezuela.
Su aplicación podría desembocar en una suspensión temporal del país en la
organización. Y aunque reconozco la disposición del actual secretario, Luis
Almagro, para defender el sistema democrático en el hemisferio, veo imposible
que dos tercios de los Estados miembros tengan el valor necesario para votar
por la suspensión.
Yo no
creo que el diálogo entre las partes resuelva nada, ni creo en la viabilidad de
la aplicación de la Carta Democrática; creo que solo la resistencia política
interna puede obligar al Gobierno a ceder, y aplaudo la protesta externa
expresada por los más de veinte expresidentes de países de América Latina que,
con firmeza y valor, denuncian la ruptura del orden constitucional en Venezuela
y desenmascaran el autoritarismo del régimen chavista.
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