Omar Barboza Gutiérrez 12 de junio de 2016
La
tendencia a montar circos de quienes están en el Gobierno Nacional para engañar
al pueblo y hacerles creer en hechos que no existen y en promesas falsas es
tanta, que condujo a la intelectual venezolana Colette Capriles a escribir un
libro con el título de “La Revolución como espectáculo”.
La
verdad es que al modelo que trataron de imponerle a Venezuela, además de estar
construido sobre dogmas ideológicos desfasados que han fracasado en el mundo,
simplemente por ir en contra de la naturaleza humana que solo se adapta a
modelos que le garanticen progreso en libertad plena para ejercer sus derechos,
le agregaron dos componentes fácticos que garantizaron su fracaso: la
corrupción asociada a la incapacidad.
Y los
resultados están a la vista, dilapidaron la inmensa fortuna que le ingresó a
Venezuela en la extensa etapa del barril de petróleo a 100 dólares o más, y al
preferir la importación antes que a la producción nacional, nos condujeron a la
situación actual que se expresa en el hecho de que hoy no tenemos comida ni
dólares con que importarla.
Esa
realidad, junto a la violación constante de la Constitución, al desconocimiento
de la soberanía popular y a las reglas de la democracia, son los elementos que
han determinado que la gran mayoría de los venezolanos esté convencida y
trabaja para lograrlo, de la necesidad del cambio político como pre-condición
para superar la grave crisis que afecta a la nación venezolana.
La
reiterada burla a la conducta democrática de la oposición, y la falta de
sinceridad para juntos buscar soluciones a los problemas del pueblo, es también
lo que hace que no tenga ninguna credibilidad la supuesta voluntad de diálogo
del Gobierno Nacional. En el 2014 la oposición asistió de buena fe a un intento
de diálogo, advirtió en cadena nacional las graves consecuencias para el país
sino se producían cambios de fondo en la política económica, se acordó una
Comisión de la Verdad para buscar la paz, pero el gobierno, luego de que se
calmaron las protestas que querían aplacar, no cumplió con ninguno de los
acuerdos que incluía la libertad de los presos políticos, y continuó con el
intento de imponer un modelo contrario al interés nacional.
Hay
muchas razones para sustentar la posición de Almagro, quien como Secretario
General de la OEA considera que en Venezuela se ha producido una grave
alteración del orden constitucional, y actuando de conformidad con el Artículo
20 de la Carta Democrática Interamericana, solicitó la convocatoria urgente del
Consejo Permanente para analizar la situación y adoptar las decisiones
correspondientes. Allí se sabrá, qué países defienden los principios
democráticos y quienes son esclavos de otros intereses.
En
primer lugar, se altera el principio de la separación de los poderes y el
derecho del pueblo a tener una justicia imparcial y oportuna, cuando, a través
de una maniobra para desconocer la voluntad popular expresada el 6 de diciembre
pasado se designan activistas políticos del gobierno como Magistrados, para
evitar que las decisiones de la Asamblea Nacional recién legitimada por el
pueblo como expresión de su decisión de cambio, pueda cumplir con su función
esencial de legislar para cambiar en positivo la situación del país
Entre
las consecuencias más importantes de esa decisión, está el hecho de aprobar
supuestas sentencias para anular las funciones de control constitucional que le
corresponden a la Asamblea Nacional. Y lo hacen cuando autorizan inconstitucionalmente
al Ejecutivo Nacional a no acatar los votos de censura a los Ministros, que es
una facultad expresa y exclusiva del Poder Legislativo para lo cual no necesita
la aceptación del Poder Ejecutivo, sino su acatamiento; no hacerlo es una grave
alteración del orden constitucional.
Le
corresponde a la Asamblea Nacional aprobar o no la emergencia económica, pero
la Sala Constitucional decidió asumir la competencia del Poder Legislativo y la
aprobó, contrariando la decisión del poder que debe hacerlo, de negarla. Esa es
otra alteración de la constitucionalidad en la actuación de los poderes
públicos. Al hacer esto, simplemente autorizó al Ejecutivo al manejo de las
finanzas públicas sin ningún control, es decir, para que siga el festín de la
corrupción entre los funcionarios del gobierno y sus Magistrados cómplices, con
el dinero de todos los venezolanos mientras el pueblo sigue pasando hambre.
Para
seguir engañando, el gobierno sigue montando circos con un actor principal que
utiliza las cadenas nacionales pero que no tiene credibilidad porque los hechos
desmienten sus interminables palabras. El pueblo sabe que es un circo sin pan,
y seguirá luchando hasta que más pronto que tarde se produzca el cambio.
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Omar
Barboza Gutiérrez
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