Por Hernán Lugo-Galicia
El camino al revocatorio es
un vía crucis, ironizan en predios de la MUD, al contar la serie de obstáculos
que han tenido que sortear desde que decidieron tomar esa ruta política, como
solución a la crisis en Venezuela.
Desde inicios del año, han
tenido que pasar un “misterio doloroso” ante el Consejo Nacional Electoral: Un
total de 7 alcabalas solo en la fase I, de “Legitimación de Organizaciones
Políticas”; y 6 trabas en la fase II, “Cumplimiento de los Requisitos
Constitucionales para la solicitud de un Referéndum Revocatorio”, que apenas
comienza el 13 de junio y debe culminar el 26 de junio.
Temor. El retardo del Poder
Electoral de entregar la planilla a la organización convocante. La primera
solicitud se hizo el 9 de marzo pero fue rechazada porque hablaba de “activar
el revocatorio” y, a juicio del CNE, debía pedir la legalización de la
organización convocante. Hubo una segunda carta, el 15 de marzo, a la cual se
le dio largas porque la presidente Tibisay Lucena estaba en una reunión de
Unasur y no hubo directorio.
La entrega de la planilla
debió hacerse el 10 de abril, pero fue el 26 de ese mes. “El CNE cedió luego de
77 saqueos en Zulia”, afirmó el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús
Torrealba.
El representante electoral
de la MUD, Vicente Bello, recuerda que el 26 de abril aplicaron el
racionamiento eléctrico y hubo protestas por este problema y la escasez de alimentos:
“El CNE aceptó entregar la planilla por las presiones en la calle, de la
Asamblea y de instancias internacionales”.
Cambios en la
norma. Entre el 27 y el 29 de abril la oposición recogió las firmas (2,3
millones), pero la afluencia de personas en los toldos generó que el CNE
hiciera otro cambio en la Norma de Referéndum. Las rúbricas debían procesarse
en 30 días, no 5 ni en 3. La Mesa peleó y acordó llevar las cajas a los
depósitos del CNE, en Filas de Mariche. “Teníamos información de que planificaban
un sabotaje; las entregamos pero el CNE levantó unas actas. Ese forcejeo llevó
una semana”, dijo Bello.
La MUD, Súmate, el
Observatorio Electoral Venezolano y la Red de Observadores de la Asamblea de
Educadores denunciaron que se modificó el reglamento para exigir 1% de las
firmas en los estados, a pesar de que un revocatorio tiene las características
de una elección presidencial y, por tanto, ese porcentaje debió ser nacional.
“Eso contraviene la Ley de Partidos Políticos que exige a los partidos 0,5% de
las firmas en 12 estados”, alertó Bello.
Compromiso Ciudadano, Centro
de Estudios Políticos de la UCAB, Ciudadanía Activa, Comisión de Derechos
Humanos de Zulia, Control Ciudadano y Transparencia Venezuela calificaron de
“delicado” el establecimiento de procedimientos no contemplados en la
normativa: “El CNE debe cesar el retraso y obstrucción del derecho a la
participación de los ciudadanos”.
El abogado Ramón José Medina
rechazó las trabas y acusó al CNE de desvirtuar el derecho a la participación y
que la democracia es protagónica y participativa.
Arbitrariedad. En la
auditoría de firmas, la Mesa de la Unidad registró, al menos, otras cuatro
trabas o disposiciones que no estaban en la norma: 1) transcripción de las
planillas; 2) escaneo de planillas, de firmas y de huellas. 3) análisis
grafológicos y dactiloscópico en el papel o en las planillas, a pesar de que el
Poder Electoral tiene una plataforma con las huellas y podía usarla cuando
fueran a validarlas, y 4) examinó la escritura, nombre del funcionario por
revocar, el estado de los electores y encabezado de las planillas, que
conllevaron a la anulación de 605.000 firmas. Los nuevos parámetros de
verificación, no previstos en el reglamento, significaron 22 días, desde el 10
hasta el 31 de mayo, cuando el equipo técnico del CNE entregó el informe al
directorio.
“En el CNE hay todo un
entramado de manipulación para distorsionar su propia normativa e impedir que
las cosas se hagan en los plazos fijados y que se llegue al revocatorio antes
del 10 de enero”, cuestionó Medina.
Embarques. El CNE tenía
5 días continuos para constatar si la MUD cumplía con el número de firmas
requerido. Se tomó 7 días. Luego, su directorio agarró 10 adicionales para
revisar el informe técnico y anunciar la convocatoria a validación, lapso que
tampoco está en las normas. “La fecha de la validación fue notificada luego de
que golpearon al diputado Julio Borges y esa foto recorriera el mundo”, observó
Torrealba. Bello señaló que hubo “5 embarques a la MUD” y que el CNE respondió
al ver tres protestas: una, en Bello Monte; otra que llegó a la Universidad
Bolivariana y la golpiza a diputados.
Sin decoro. Comienza la
fase II y, desde ya, se vislumbran otros cuatro inconvenientes. Uno, los
solicitantes tienen 5 días hábiles para validar las firmas ante la oficina
regional del CNE. El lapso debió ser entre el 13 y el 17 de junio, ya que la
notificación formal fue el 10 de junio, pero lo convocó del 20 al 24 de junio.
Dos, improvisó un proceso de “arrepentimiento” de los firmantes, entre el 13 y
el 17 de junio, que no figura en las normas. Tres, que habrá 300 puntos de
validación para 1,3 millones de ciudadanos. Y, cuatro, el CNE “constatará
dentro de los 20 días hábiles siguientes” al lapso de validación si se cumplió
con el número de firmas validadas para promover el referéndum/constituir la
agrupación. Ese lapso iría del 20 de junio al 19 de julio; ahora, es entre el
27 de junio y el 26 de julio. “Si (el CNE) tuviera un mínimo de decoro
escucharía el enorme rechazo a las trabas”, afirmó el presidente de la
Asamblea, Henry Ramos Allup.
Henrique Capriles agregó
otras trabas: Que se habilitará un solo centro por estado. “Las cuatro señoras
del CNE atropellan los derechos de los venezolanos”, dijo. Y que Lucena amenazó
con suspender el proceso si se presenta una “situación irregular”.
ONG de derechos humanos
alertaron sobre el impacto de la concentración en las oficinas regionales: “Se
dificulta el derecho a la participación política de quienes no viven en las
capitales, es un acto de exclusión e inequidad”.
Otros de los obstáculos es
que la Comisión de Verificación de Firmas del PSUV acudirá hoy al TSJ y a
tribunales a denunciar a la MUD por un supuesto “gran fraude” por usurpación de
identidad, rúbricas falsificadas y la incursión de 1.300 presos en apoyo a la
consulta, a pesar de estar inhabilitados por delitos cometidos.
13-06-16
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