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sábado, 14 de enero de 2017

El TSJ desautoriza al Parlamento, por @Ewalds6


EWALD SCHARFENBERG 13 de enero de 2017

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), controlado por el chavismo, dictaminó el miércoles que la elección de la directiva del Parlamento la semana pasada es nula y sus actuaciones inválidas. Esto incluye la sesión del lunes en la que los parlamentarios declararon “el abandono del cargo” del presidente, Nicolás Maduro. Según los magistrados del alto tribunal, el Parlamento, de mayoría opositora, continúa en la situación de desacato que le atribuye desde agosto, lo que anula de forma automática cualquiera de sus decisiones.

La sentencia del tribunal -que se produce a solicitud de la bancada parlamentaria del chavismo- exime a Maduro de presentar ante la Asamblea su Memoria y Cuenta anual, una formalidad que la Constitución obliga a cumplir antes del 15 de enero de cada año. “En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión constitucional de la Asamblea Nacional, por lo cual el presidente de la República (…) deberá rendir su mensaje anual ante el TSJ”, se lee en la decisión.

El dictamen forma parte de una ofensiva general que el Gobierno ha emprendido contra la oposición después de que, desde su perspectiva, el Parlamento cruzara una línea roja. La ofensiva incluye el arresto de dirigentes opositores y figuras de la disidencia. Justo el miércoles, mientras se emitía la sentencia del Supremo, funcionarios de la policía política trasladaban detenido al diputado Gilber Caro, del partido Voluntad Popular, al que también pertenece el dirigente encarcelado Leopoldo López. El Gobierno acusa a Caro de preparar actos terroristas y ha pasado por alto el fuero del parlamentario.

También el miércoles el Gobierno ordenó la captura de Jorge González, representante del partido Primero Justicia en el Consejo Legislativo de Maracaibo, segunda ciudad del país.

“Venezuela sabe que el Gobierno ha desatado una política de miedo y terror porque sabe que no tiene apoyo popular”, protestó Julio Borges, coordinador nacional de Primero Justicia y presidente de la Asamblea Nacional desde el 5 de enero. “Si cree que haciendo presos va a resolver la crisis, va a tener que poner presos a 30 millones de venezolanos”, agregó.

Ofensiva judicial

En la ciudad de Maracay, capital del Estado de Aragua y vecina a Caracas, quedó detenido el general Raúl Baduel. El oficial del Ejército, exministro de Defensa de Hugo Chávez e integrante de la logia militar que dio origen a la Revolución Bolivariana, fue condenado en 2010 por cargos de corrupción, poco después de que rompiera con el oficialismo. El pasado agosto recibió el beneficio de libertad condicional. Pero este jueves, en su visita periódica al tribunal de la causa, fue puesto tras las rejas.

El dos veces candidato presidencial de oposición y Gobernador de Miranda, Henrique Capriles, militante de Primero Justicia, fue llamado a declarar ayer ante la Contraloría General de la República por su presunta conexión con los sobornos pagados en Venezuela por la constructora brasileña Odebrecht.

La empresa, epicentro de una trama corrupta continental, admitió en diciembre ante la Justicia de Estados Unidos que había pagado sobornos por casi 800 millones de dólares en 12 países para obtener y conservar la asignación de proyectos de obras públicas. Según la empresa, Venezuela fue, tras Brasil, el país donde repartió el mayor monto en sobornos, unos 98 millones de dólares.

La semana pasada, el diario The Wall Street Journal publicó un reportaje según el cual Odebrecht “hizo donaciones a través de terceros al gobierno del Estado Miranda, donde se encuentran algunos de sus mayores proyectos venezolanos”. Capriles calificó la versión como una treta con la que se le pretende vincular al caso de corrupción e inhabilitarlo políticamente mediante una decisión administrativa.

La tercera reunión de la Mesa de Diálogo entre Gobierno y Oposición que auspician el Vaticano y Unasur estaba prevista para hoy en Caracas. No obstante, a menos de 24 horas del cónclave, en el país persistían las dudas sobre si este tendría lugar y si, de realizarse, conseguiría reunir en un mismo espacio a los facilitadores junto a los representantes de ambos bandos.