FERNANDO OCHOA ANTICH 16 de abril de 2017
La
grave crisis institucional provocada por Nicolás Maduro y el obsecuente
Tribunal Supremo de Justicia, derivada de la ruptura del orden constitucional,
nos ha conducido a dos semanas de manifestaciones y deplorables hechos de
violencia. En verdad, esos hechos han sido siempre provocados por la Guardia
Nacional, la Policía Nacional y otros cuerpos de Seguridad del Estado, los
cuales arbitraria y sistemáticamente, han impedido, mediante el uso indebido de
la fuerza y la violación permanente de los derechos humanos de los
manifestantes, el acceso de las manifestaciones pacíficas, convocadas por la
Mesa de la Unidad Democrática, al municipio “Libertador” para presentar sus
quejas ante las instituciones del Estado. La evidencia audiovisual de esa
violencia ha sido difundida mundialmente, causando preocupación a Nicolás
Maduro y a su camarilla. La razón de tal preocupación, no es por la violación
de esos derechos, sino por la necesidad que tiene el gobierno nacional de
obtener 2,3 millardos de dólares, en préstamo, para cancelar obligaciones de la
deuda externa, antes del 12 de abril y el efecto negativo que produce esa
conducta represiva en la opinión pública internacional, además del riesgo que
surge para cualquier prestamista facilitar esa cantidad sin la debida
aprobación de la Asamblea Nacional,
Tan difícil situación, agravada por
la declaración de la doctora Luisa Ortega Díaz, condujo recientemente a Nicolás
Maduro, a insistir en el planteamiento de un nuevo diálogo entre el gobierno
nacional y la Mesa de la Unidad Democrática y a afirmar, en una posición
sorprendente, que el PSUV estaba presto para competir en las elecciones de
gobernadores con la seguridad que derrotaría a los partidos democráticos. Esta
nueva estratagema, ante el abrumador desprestigio internacional de su gobierno,
tiene como fin: mejorar su imagen internacional, al presentar a la Mesa de la
Unidad Democrática como un grupo de radicales que no acepta negociar y que
busca una solución violenta de la crisis venezolana. De esta manera, mejoraría
su imagen, permitiéndole algún respiro financiero. Pienso que la MUD no debe
caer en esa nueva celada. La única respuesta a su propuesta es la exigencia del
cumplimiento previo de los puntos establecidos por monseñor Pietro Parolín,
secretario de Estado de la Santa Sede, en su carta remitida a Nicolás Maduro,
el pasado mes de diciembre de 2016. Pero además, en vista de los recientes
acontecimientos y los anteriores hechos de violencia, creo que se debe plantear
la creación de una seria e imparcial comisión de la verdad, integrada por
personas de reconocido prestigio internacional, expertos en la materia de
derechos humanos para que, definitivamente, se investiguen y establezcan
responsabilidades, por todos los atropellos que ha sufrido la sociedad
venezolana, como consecuencia de sus convicciones políticas. Una sociedad
civilizada, no puede permitir que esos atropellos queden impunes.
Es igualmente inaceptable que Nicolás
Maduro y su cada día más ineficiente e inoperativa sala situacional, pretendan
distraer nuestra atención de los verdaderos problemas, con el cuento de la
invasión imperial o con la tesis de la injerencia de la OEA en nuestros asuntos
internos sólo por plantear la aplicación de la Carta Democrática
Latinoamericana. Además, pareciera que la Guerra Fría ha vuelto a comenzar. El
bombardeo de la base aérea Siria por los Estados Unidos, como consecuencia del
uso por el gobierno de Bashar al-Ássad de armas químicas contra la población
civil, es una de varias y recientes manifestaciones surgidas en el campo
internacional. Justamente, la riesgosa decisión tomada por Nicolás Maduro de
respaldar a Siria y a la Unión Soviética en dicha crisis, compromete seria e
innecesariamente intereses vitales de Venezuela. Es inexplicable que un Jefe de
Estado tome a la ligera una decisión tan delicada. Se quiera o no, los Estados
Unidos es uno de nuestros principales mercados petroleros, sólo superado por
China, con la diferencia que el petróleo
que envía Venezuela a ese país va exclusivamente dirigido a cancelar
importantes deudas adquiridas, irresponsablemente, por Hugo Chávez durante
nuestro último esplendor petrolero. Es
inexplicable que Nicolás Maduro no entienda la gravedad de lo que está
ocurriendo y mantenga tan absurda política internacional.
Ante todo lo planteado, creo oportuno
y necesario, referirme nuevamente al papel de la Fuerza Armada Nacional.
Lamentablemente, los ministros de la Defensa y la mayoría de los Altos Mandos
de estos dieciocho años de desgobierno, desvirtuaron el cometido constitucional
de la Institución Armada. Una inaceptable ruptura de la ética militar y un inconveniente oportunismo,
los ha conducido a afirmar públicamente que nuestra Institución es
“chavista, revolucionaria y socialista”, más el uso de un sinnúmero de frases,
muñecos y afiches, los cuales, estoy seguro,
avergüenzan a todo militar que tenga un
mínimo de sentido profesional, ha comprometido totalmente su capacidad
de influir, leal y oportunamente, a favor del destino de Venezuela. Una Fuerza
Armada, orientada como corresponde a cumplir cabalmente sus deberes
constitucionales, hubiese buscado convencer a Nicolás Maduro, para mencionar
solo los casos más recientes, que era un grave error apoyar en el conflicto
sirio al gobierno sunita de Bashar al-Ássad, ya que esa posición comprometía la
necesaria imparcialidad de Venezuela y nuestros intereses nacionales. Tampoco
hubiera aceptado la ruptura del orden constitucional ejecutado en el momento en
que el Tribunal Supremo de Justicia dictó las sentencias 155 y 156 y Nicolás
Maduro aceptó y respaldó su contenido. Mucho menos hubiese permitido que la
Guardia Nacional y la Policía Nacional se transformaran en cuerpos represores
de la población civil al mejor estilo de la Gestapo hitleriana y la KGV
estalinista o de las organizaciones policiales y de inteligencia militar de las
sanguinarias dictaduras latinoamericanas, solo para satisfacer el ego
revolucionario de la camarilla gobernante, al mantener al municipio Libertador,
como zona de su exclusiva y única propiedad.
Es
verdad, como dice el general Padrino, que nuestra constitución autoriza
plenamente las manifestaciones pacíficas. Todas las marchas de la oposición se
han iniciado de esa manera, pero la injustificada y violenta agresión de la Guardia Nacional y de la Policía
Nacional han generando violentos disturbios, con graves violaciones de los
derechos humanos. Es más, la última agresión ocurrió, sin que la manifestación
opositora se moviera de su sitio de concentración. General Padrino, usted
conoce mejor que yo los detalles de esos hechos y los responsables, como
también ha estudiado la normativa internacional en materia de derechos humanos.
Los venezolanos esperamos de usted, que se tomen las acciones legales y
disciplinarias que corresponden. Cumpla con su deber.No permita que más
ciudadanos pierdan su vida o su libertad al ser injustamente agredidos al
asistir a manifestaciones convocadas por la oposición democrática. ¡Basta de
represión! Piense en Venezuela y en el
destino de la Fuerza Armada Nacional.
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