Por Jesús Bastante
Los jesuitas venezolanos han
dicho basta. Ante la escalada de violencia en Venezuela, que anoche se cobró
otras seis víctimas, y la situación de hambre y necesidad que vive el país, la
Compañía de Jesús, a través de sus diversos órganos, ha denunciado que “vivimos
en un Estado secuestrado y violado por un Gobierno territorial”, al tiempo que
hablan de “represión indiscriminada y sistemática contra la población civil”,
por parte del Ejecutivo de Maduro.
“Como cristianos, nos
corresponde acompañar este largo Viernes Santo que ha vivido nuestro pueblo”,
denuncian los jesuitas, que se suman al “mensaje claro y valiente” de los
obispos del país.
El primero en reaccionar ha
sido Luis Ugalde, sj., Director del Centro para Estudios Religiosos de la
Compañía de Jesús (CERPE), que califica la situación en Venezuela de
“moralmente inaceptable”.
Para Ugalde, “se ha puesto en
evidencia que vivimos en un Estado con Constitución democrática pero
secuestrado y violado por un Gobierno dictatorial”, refiriéndose a la decisión
del TSJ (posteriormente echada para atrás) de de anular los poderes de la
Asamblea Nacional.
“El país y el mundo ahora
están más claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la
soberanía del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los
usurpadores”, subraya Ugalde, quien incide en que “este grave delito tiene
delincuentes que deben ser sancionados”, y que “no hacerlo es complicidad con
el golpe”.
“No estamos ante una disputa
de poderes y una diferencia interpretativa de juristas, sino ante un golpe que
despoja al pueblo de su soberanía”, añade el jesuita, quien se posiciona junto
a los obispos del país, que consideran que “esta distorsión es moralmente
inaceptable”. Ugalde va más allá y afirma que “es un deber de conciencia
rechazar el golpe y la Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer
cualquier decisión que la viole”.
Por su parte, la revista SIC y
el Centro Gumilla, órgano de la Compañía de Jesús en Venezuela, publicaron un
editorial, titulado “Es una dictadura”, en el que califican los últimos
movimientos del Ejecutivo de Nicolás Maduro como “claro golpe de Estado y un
claro desenmascaramiento definitivo del gobierno como una dictadura”
Para la revista, “las
situaciones de hambre, represión, falta de atención e insumos médicos básicos,
que hemos definido como crisis humanitaria en un país en el cual tales
circunstancias resultan inexplicables en el fondo pueden ser leídas como una
política expresa de sometimiento de la población, cuyo objeto fue y es evitar
el levantamiento popular frente a un auto golpe”.
Al tiempo, denuncian “las
continuas detenciones de diversos políticos venezolanos”, así como “el
desprecio con el que se ha tratado a la comunidad internacional, comenzando con
el mismo Vaticano”. Para la revista, “nos enfrentamos a una dictadura como
ciudadanos y como cristianos. Tenemos presente lo dispuesto en los artículos
333 y 350 de la Constitución que nos exigen hacer todo lo que de nosotros
dependa para la restitución de las libertades. Se trata del accionar como
ciudadanos a través de la protesta pacífica, sin armas, sin violencia y en resistencia
al abuso del poder. Se trata de usar la palabra y la razón a pesar de que la
misma en tiempos de turbulencia le cuesta encontrar su camino. Se trata de no
caer en el chantaje de la fuerza y alegar nuestros derechos y el derecho de una
solución democrática y electoral”.
“Como cristianos -añade- nos
corresponde acompañar este ya largo viernes santo que ha vivido nuestro pueblo.
El hambre sigue presente, la falta de medicinas, las operaciones violentas de
la OLP, los malos servicios públicos o su desaparición, la inseguridad, que se
suman y agravan otros males que tienen larga data”, al tiempo que critica el
último paso dado por el TSJ (que provocó los últimos incidentes), que es “una
nueva estación en este viacrucis del pueblo venezolano, un despojo más, una
nueva espina, otro golpe en este camino tortuoso en el cual llevamos varios
años”.
“Queremos caminar hacia la
verdadera libertad que supone reconocernos todos como miembros de una comunidad
política que respeta los derechos de todos, que permite verdaderos caminos de
desarrollo, que propicia una auténtica solidaridad”, concluye el editorial, que
reclama “respeto al Estado de Derecho, separación de poderes, legitimidad del
parlamento como instancia de control y decisión democrática”.
Finalmente, las autoridades de
la Universidad Católica Andrés Bello ofrecieron una rueda de prensa para fijar
posición sobre la actuación de los organismos de seguridad del Estado frente a
las protestas registradas en el país en la última semana en contra de las sentencias
del Tribunal Supremo que inhabilitaron a la Asamblea Nacional y a favor de la
restitución del orden constitucional.
El encuentro estuvo encabezado
por el rector, Francisco José Virtuoso, el Cardenal Jorge Urosa Savino
-arzobispo de Caracas y Canciller de la UCAB- y el Padre Rafael Garrido
-Provincial de la Compañía de Jesús en Venezuela y Vicecanciller de esta casa
de estudios- quienes leyeron un comunicado en el que denunciaron el despliegue
de una “represión indiscriminada y sistemática contra la población civil”
y el “uso irresponsable e ilegal de la fuerza” por parte del Ejecutivo
Nacional.
En el documento, las
autoridades aseguraron que la Universdad Católica “no debe ni puede permanecer
callada frente a la violación de derechos humanos y la impunidad”.
Calificaron como
“aberrantes” acciones represivas como el uso de armas de fuego, el
disparo de bombas lacrimógenas hacia centros hospitalarios y centros
comerciales y el lanzamiento de estos artefactos desde helicópteros del
Estado.
Los representantes de la UCAB
exigieron al gobierno nacional el cese de la criminalización de las
manifestaciones pacíficas y las detenciones arbitrarias, advirtieron que
no “se pueden sacrificar los derechos humanos con el pretexto de restaurar el
orden público” y pidieron investigar “de manera independiente y exhaustiva” los
excesos cometidos en el control del orden público, porque “configuran graves
infracciones del derecho internacional y pueden constituir crímenes de lesa
humanidad”.
Igualmente recordaron que la
protesta es un derecho consagrado en la Constitución Nacional y llamaron
a quienes deseen ejercerla a hacerlo “en el marco del respeto a las leyes y a
los ciudadanos, evitando todo tipo de violencia que tergiversa los más nobles
propósitos”.
A continuación el texto
completo del comunicado, que también está disponible para descarga aquí:
Fuente:
20-04-17
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