Por Esteban Yepes
La directora de Cofavic ofrece
claves importantes para estos momentos, entre ellas: El Estado se debe al
respeto y garantía de los derechos humanos, y el debido proceso tiene que
mantenerse en cualquier circunstancia
En entrevista
con Contrapunto, la directora del Comité de Familiares y Víctimas
(Cofavic), Liliana Ortega, señala que cuando ocurren manifestaciones y
acusaciones mutuas entre sectores políticos, el mantenimiento del orden público
es una función del Estado, y que los límites los marcan los derechos humanos.
Indica que debe existir disposición a aceptar el ejercicio del derecho a la
manifestación, “porque ejercitarlo, no es un crimen ni un delito, es un derecho
humano fundamental”.
–El ministro de la Defensa,
Padrino López, expresó que no se ha actuado con represión y que las acciones
por parte de los cuerpos de seguridad del Estado "son para mantener el
orden público". ¿Cuál es su opinión?
–No es debido disparar gases
tóxicos y perdigones a la población civil en iglesias, centros comerciales,
clínicas y escuelas, tampoco a manifestaciones públicas. Lo establece la
Constitución. Mantener el control del orden público debe ser proporcional y
tiene que comenzar con el efecto disuasivo del diálogo. En democracia, no puede
establecerse ni haber una forma de apartheid en el que unos tienen
derecho a manifestar y a estar en un sitio y otros no. Los ciudadanos tienen
derecho a llegar hasta las sedes de las instituciones del Estado donde puedan
presentar sus peticiones. La democracia crea la existencia de lo plural y la
disidencia. Para que el control del orden público resulte exitoso, en el
desarrollo de las manifestaciones, las autoridades pueden conversar con sus
líderes, dar instrucciones precisas a los funcionarios que las custodian y
proteger a los manifestantes, y claro es: sin ocasionar daños a la propiedad
privada, y que todo se realice pacíficamente. Pero que no por un pequeño grupo,
que debe sancionarse, se repriman a diez, cincuenta o cien mil personas.
El debido proceso y el estado
de derecho
Ortega habla acerca del debido
proceso en el país, que asegura debe ser una garantía fundamental. Señala que
"ni siquiera bajo estados de excepción, este puede suspenderse".
“A una serie de derechos
internacionales se les denomina Núcleo Tangible de los Derechos Humanos. Los
Estados no pueden penetrar ni siquiera a través de Estados de Excepción en el
debido proceso. No puede torturarse ni violarse el derecho a la vida, aún
en gravísimas situaciones, contemplado en la Constitución. En general, el
debido proceso significa que los estados (países) todos, investigarán los
hechos en el marco de la democracia, y no deben tratar a los presuntos
involucrados como criminales, terroristas o delincuentes. Los Estados tienen
que guardar 'una forma'. El debido proceso es la presunción de la inocencia. No
puede acusarse públicamente a una persona de un delito hasta que tenga una
condena. Tampoco puede un funcionario del Estado, por más alto que sea su
rango, manipular las pruebas ni romper la custodia de la evidencia, porque
quien tiene el monopolio de la acción penal en Venezuela, es el Ministerio
Público, que debe resguardar la evidencia, iniciar el proceso y hacer la
acusación respectiva”, explica.
Apunta, además, que "toda
añadidura resultaría en una intromisión ilegal. Las personas deben ser juzgadas
por los jueces naturales y su jurisdicción civil. La jurisdicción militar
está hecha para los delitos que cometen los militares, no los civiles. Por otro
lado, el ciudadano debe contar con el control de las pruebas que garanticen que
sus abogados conozcan sobre la manera como se producen. Debe tenerse la
oportunidad a la defensa. El Estado de derecho no es negociable, y no permite
su suspensión por un denominado, por ejemplo, estado de guerra económica o de
suspensión de garantías. El debido proceso tiene que mantenerse en cualquier
circunstancia, y no puede ser penetrado ni limitado, sin importar la naturaleza
del delito que pudo haberse cometido".
–¿Qué conoce Cofavic, como
organización, acerca de torturas para obtener declaracione, como lo han denunciado
algunos líderes de la oposición?
–No conocemos de casos en
forma directa. De ser así, esto sería inaceptable en un Estado de derecho. No
es posible que se obtengan informaciones y que se exponga públicamente a
personas, y que además sus declaraciones sean tratadas sin el control del
Ministerio Público. Toda declaración que se haga bajo coacción y que se maneje
fuera del proceso sin el control de las partes presuntamente responsables, es
nula, ilícita. Las pruebas tienen que ser lícitas. Lo impone el Estado de
derecho. No puede juzgarse a una persona porque alguien quiera determinar que
posee algún tipo de información, contraviniendo lo que establece la normativa
interna, los tratados internacionales y la Constitución.
–El dirigente oficialista
Diosdado Cabello, denunció que los opositores buscan crear falsos positivos.
–Es importante que el país
serene sus ánimos. Todos los gobiernos deben acostumbrarse a que haya
disidencia. Solo fuera de la democracia la disidencia es un crimen. La
disidencia es un elemento consustancial de los derechos humanos y de la
democracia, y debe ser manejada en los parámetros de la Constitución. Acá se
utilizan de manera muy trivial los términos terrorismo, genocidio y falsos
positivos, los cuales han dejado ríos de sangre en nuestra región
latinoamericana. Esto constituye un irrespeto a las víctimas y a las naciones
que en el pasado transitaron por ese camino. No estamos de acuerdo con que
estos términos se utilicen ni por la oposición ni por el oficialismo. Además,
esos calificativos no pueden ser imputados como delitos. Cuando se habla de
“terrorismo”, hay que pensar en lo que vivió Francia recientemente, por
ejemplo, o cuando se mencionan a “falsos positivos”, pensar en lo que sucedió
en Colombia. Utilizados de manera frívola, estos señalamientos hacen daño al
país. Lamentablemente tanto sectores de la oposición como del oficialismo,
incurren en esto, lo cual les resta credibilidad frente a la comunidad
internacional y en general configuran un irrespeto a las víctimas de las
violaciones de derechos humanos.
–¿Entre los recientes
fallecidos a causa de protestas o en manifestaciones, ¿se identifica alguna
matriz?, porque la mayoría de las víctimas son jóvenes estudiantes.
–En Venezuela más de 95 por
ciento de las víctimas de violaciones de derechos humanos corresponden a
jóvenes, a hombres de sectores urbanos, y esta misma proporción se mantiene en
ejecuciones extrajudiciales y torturas, como en hechos de manifestaciones
públicas y en el número de personas privadas de libertad. Recientemente se
percibe que hay una tendencia de posible participación de mujeres.
–¿Qué opinión le merece el más
reciente pronunciamiento de once países del continente, que piden a Venezuela
respetar el derecho a la manifestación y sobre la respuesta oficial que lo
califica de injerencista?
–Señalar injerencia es un
grave error de la política exterior del gobierno del presidente Maduro. Cada
vez que el Gobierno alega el tema de la injerencia, solo consigue dar la razón
a la comunidad internacional que se preocupa por la situación de los derechos
humanos en Venezuela. En el siglo 20 y 21, el tema de los derechos humanos fue
aceptado por el país en las Naciones Unidas. Es un acuerdo universal; por lo
tanto, no debe ni puede servir a los alegatos ni de soberanía o seguridad
interna, para evitar que la jurisdicción y la comunidad internacional
manifiesten sus preocupaciones. Esta fue una práctica común de las dictaduras
del cono sur. Cuando los estados asumen un argumento de este tipo, lo que hacen
es asimilarse a los peores recuerdos de las dictaduras de América Latina.
Por otra parte –continúa–
Venezuela tiene una preocupación reincidente con el tema. Recordemos que se
retiró de la CIDDH denunciando la convención en 2013, porque argumentó que era
sesgada. Ahora resulta que no solo la CIDD, que por cierto es uno de los
órganos más respetables del hemisferio y del mundo en materia de derechos
humanos, sino que el sistema de Naciones Unidas, a través de sus relatores
especiales y sus métodos convencionales y extra convencionales, señalan que en
Venezuela hay una crisis de derechos humanos.
Lo primero que tendría que
hacer el Estado venezolano –explica– es facilitar diplomáticamente que algunos
organismos puedan visitar al país y obtener información de mano propia, y por
otro lado, debería construir una agenda de derechos humanos que permita avanzar
en temas que resultan graves. Y que además son incontestables, como los de la
impunidad, la violencia, el uso desproporcionado de la fuerza pública, las
ejecuciones extrajudiciales y la situación carcelaria.
Venezuela –concluye– tiene que
dar una respuesta para avanzar en estos temas o seguirá siendo enfoque de
preocupación creciente de la comunidad internacional. Por eso y en adelante, no
le servirá más al Gobierno el argumento de la injerencia o de la defensa de la
soberanía. Han sido temas suficientemente superados después de la Convención de
Viena de 1993, en la que el país participó y que es parte del Sistema de las
Naciones Unidas en materia de derechos humanos que son de carácter universal.
Visión histórica de Cofavic
Ortega recuerda que la
organización que representa se ha caracterizado por su gran rigurosidad en la
documentación de los casos que aborda; de hecho, asegura, ninguno ha sido
controvertido por el Estado.
Apunta: “Nacimos en 1989 con
visión en los derechos humanos que se mantiene independientemente de corrientes
políticas o doctrinas religiosas. Hemos monitoreado distintas etapas del país y
por eso nuestras investigaciones son siempre más lentas de lo natural.
Últimamente hemos elaborado, por ejemplo, dos informes completos, uno sobre la
masacre de Tumeremo en Bolívar y otro sobre la situación de torturas y
detenciones arbitrarias ocurridas en las protestas de 2014. Presentamos un
informe público a los comités Contra la Tortura y de Derechos Humanos, y al
Examen Periódico Universal de las Naciones Unidas, así como a la Organización
Mundial Contra la Tortura en Suiza, que es nuestro aliado en el sistema
universal”.
Revela que en esas revisiones
se encontraron elementos como la impunidad, que sí se contrastan con las cifras
oficiales –escasas u opacas, producidas por el Ministerio Público–, y otras de
las ONG, "todas coinciden en que el 98 por ciento de las violaciones a los
derechos humanos no llegan a juicios, no son vistas por un juez, y hay una
reducción de tutela de las víctimas expresadas en falta de libertad de
expresión, detenciones arbitrarias y torturas”.
Hace énfasis en el efecto de
la impunidad, al cual califica como “muy perverso”, porque suele fortalecer a
los criminales, quienes tienen seguridad de que sus delitos no serán
investigados. Esto, asegura, debilita a la sociedad y a las víctimas, y reduce
la credibilidad en las instituciones. “No es nuevo: es endémico”, subraya.
“Ahora se acentúa un elemento
que la propia Fiscalía General reconoció recientemente, y es que en Venezuela
hay una ruptura del hilo constitucional. Para nosotros esto comenzó con la
declaratoria del Estado de excepción, con el cual se facultó al Presidente de
manera no proporcional y sin cuidado, de la reserva legal. Es un Estado de
excepción que no es revisado constitucionalmente por la Asamblea Nacional.
En una democracia –continúa–
debería coexistir una triada de poderes constituido por el Legislativo, el
Ejecutivo y el Judicial, los cuales podrían funcionar independientemente. Eso
no existe ahora en el país, lo que constituye una situación grave de riesgo
para los derechos humanos, como un aumento sistemático de los casos de
torturas, tal como lo han advertido los comités de las Naciones Unidas.
"Hay suficiente
documentación creíble y disponible sobre el empleo de estas prácticas que no
son investigadas con estándares mundiales y que por tratarse de crímenes de
lesa humanidad, generan una preocupación importante en la comunidad
internacional. Hemos visto casos que no son aislados, sino sistemáticos, sobre
detenciones arbitrarias como las ocurridas en 2014 y, más recientemente, otros
que lamentablemente no son investigados con el uso de los protocolos
establecidos en las Naciones Unidas, especialmente el de Estambul”, explica.
Lamenta que tampoco han sido
concluidos con una sentencia que determine un camino claro del Estado
venezolano que concluya que no los acuerda, que no se trata de política de
Estado y que al final esos casos pudiesen tener una condena. Advierte que desde
hace varios años no hay señales de que ocurra.
“Con la sentencia histórica
del Caracazo logramos establecer un precedente importante para la región en la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y es que todas las medidas de
control del orden público tienen que ser acordes con la protección de esos
derechos humanos. Quiere decir que el estándar no es el control del orden
público contra los derechos humanos, sino el control de ambos. La Constitución
es muy clara: todas las medidas de seguridad ciudadana tienen que ser de
carácter civil. Pero se sigue utilizando a instituciones militares para
controlar el orden público. Esto constituye una flagrante violación a la
Constitución y a los estándares internacionales, y vemos que hay un claro uso
desproporcionado de la fuerza pública. La Constitución, por ejemplo, prohíbe el
uso de gases tóxicos y de armas de fuego. Desde 2014 existe suficiente
información de que esa prohibición no ha sido observada”.
Otro tema que preocupa a
Cofavic es que las medidas de seguridad ciudadana no han sido efectivas. Aduce
que las reformas que se hizo a la Policía Nacional, y todas las demás reformas,
han resultado en fracasos, y que el Ministerio Público acepta que se tiene una
alta tasa de homicidios, “una de las más altas del mundo”. Además, la
información recabada hace ver que desde 2014 las presuntas ejecuciones
extrajudiciales han aumentado en 50 por ciento.
Añade: “Si en 2014
monitoreamos poco más de mil presuntos casos de ejecuciones, al cierre de 2016,
como resultado de nuestras investigaciones independientes –aunque no
definitivas y no oficiales–, pudimos monitorear por sobre las dos mil 100; es
decir, que entre 2016 y 2015 hubo un incremento de 57%. En más del 30% de los
casos, la presunta responsabilidad recae en la policía de investigación
criminal; es decir, que quienes son los encargados de producir la evidencia,
indispensable para investigar, son una parte importante o presuntos
responsables de los crímenes”.
19-04-17
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