Por José Toro Hardy
La gobernabilidad es
fundamental en el mantenimiento del orden social. Tiene que ver con la
capacidad de un gobierno para sostener la estabilidad social y política dentro
de un marco de respeto al orden jurídico establecido. El origen del término
"gobernabilidad" viene del verbo latino latino
"gubernare", que puede traducirse como "pilotar un barco".
En el caso que nos ocupa
podríamos resumir el concepto como la capacidad de un gobierno para pilotar el
barco del Estado.
Venezuela está atravesando por
lo que probablemente sea una de las peores crisis de toda su historia. La
podemos comparar con una tormenta en medio del océano con olas encrespadas.
Quien conduce el buque parece haber perdido la capacidad de sortearla. Peor
aún, fue su incapacidad la que condujo el buque al vendaval, cuando todos le
advertían que ese el rumbo lo llevaría al desastre.
Los buques están diseñados
para superar estos temporales, tal como los Estados lo están para superar las
crisis, por severa que estas sean. Hay una sola condición para que puedan
lograrlo: la legitimidad.
Mientras la sociedad perciba
que el gobierno es legítimo, los miembros de la misma tienen la obligación
moral de acatar al gobernante. La situación cambia cuando este pierde la
legitimidad.
¿En qué consiste la legitimidad
de un gobernante? La misma puede ser de dos tipos: de origen y de
desempeño.
Hay legitimidad de origen
cuando se han respetado las normas electorales. Tal como lo señala la
Constitución, el soberano no es el régimen es el pueblo, quien puede ejercer
esa soberanía directamente o "indirectamente, mediante el sufragio por los
órganos que ejercen el Poder Público".
Ahora bien, cuando después de
haber cumplido con todas las condiciones el régimen violenta el derecho del
pueblo a convocar un referendo revocatorio previsto en la Carta Magna -en
connivencia con una Sala Constitucional a su vez también de dudoso origen- o
cuando por las mismas vías en CNE retrasa o impide la convocatoria a elecciones
de gobernadores, la consecuencia es que ese régimen pierde su legitimidad de
origen.
Por su parte, la legitimidad
de desempeño depende, tal como lo expresa la propia Carta Magna, de que el
gobierno respete "la Constitución y la ley". Y es que "los
órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos".
A violar el equilibrio de los Poderes que es una de las condiciones "sin
ecuanon" de la democracia, el régimen está desconociendo la soberanía
popular y el sometimiento que a ella le debe, con lo cual destruye
la legitimidad de desempeño.
Así, cuando la Sala
Constitucional dicta sentencias sin juicio para declarar en
"desacato" a la Asamblea Nacional, viola la soberanía del pueblo,
porque la tal figura del desacato de la Asamblea no está prevista en la
Constitución.
Y cuando la Sala Electoral dictamina
que hubo irregularidades en la elección de los diputados por Amazonas, pero no
lo prueba ni adelanta un juicio, ni convoca a nuevas elecciones, también está
violando la soberanía popular.
Y cuando organismos vinculados
al Ejecutivo se niegan a acatar las órdenes de un Tribunal de liberar a un
detenido, también violan esa soberanía. Y cuando el régimen mantiene numerosos
presos políticos violenta expresos mandatos de la Carta Magna, así como
cuando desconoce sentencias de organismos internacionales derivados de Pactos y
Tratados debidamente suscritos y ratificados por la República. Vale la pena
recordar el Art 23 de nuestra Constitución. Declara de manera expresa que
"los tratados, pactos y convenciones relativas a derechos humanos,
suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía Constitucional... y son
de inmediata y directa aplicación por los tribunales y demás órganos del Poder
Público"
De manera pues que en nuestro
país se ha producido un desconocimiento masivo de la soberanía popular por
parte de un régimen que en consecuencia ha perdido totalmente la legitimidad de
desempeño.
Pérdida la legitimidad y
sumido el país en una crisis económica sin precedentes que se manifiesta en una
escasez perniciosa de alimentos y medicinas, en la inflación más alta del
mundo, en un déficit fiscal inmanejable y en la destrucción del aparato
productivo, resulta altamente improbable que se pueda mantener la
gobernabilidad.
Como se dijo al principio, el
régimen ha perdido la capacidad para sostener la estabilidad social y política
dentro de un marco de respeto al orden jurídico establecido. Pareciera que solamente
por la vía de una represión desmedida intenta aferrarse a un poder que se le
escapa como sal y agua entre las manos.
Y a todo lo anterior se suma
la actuación de los organismos internacionales que ya no pueden seguir
indiferentes abra la tragedia que vive Venezuela, De allí las actuaciones de
Mercosur y de la OEA.
13-04-17
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