EWALD SCHARFENBERG 12 de abril de 2017
Dos
muertes se produjeron el martes en la noche durante los desórdenes ocurridos en
la ciudad de Barquisimeto, capital del estado de Lara (centrooccidente de
Venezuela).
Con
ellas, llega a cuatro la cifra de fallecidos desde que la semana pasada se
iniciaron las protestas contra el Gobierno de Nicolás Maduro, a quien la
oposición acusa de haber propiciado un autogolpe a fines de marzo.
Con 11
disparos cayó abatido el joven Miguel Ángel Colmenares. En otro sector de la
ciudad, el menor Brayan Principal, de 14 años de edad, recibió un impacto de
bala en el abdomen, que le quitó la vida.
Según
testigos, en ambos casos se registró la presencia de grupos de base armados del
oficialismo, llamados comúnmente colectivos, que actuaron en connivencia con
efectivos de la Guardia Nacional (GNB, policía militarizada) para reducir a los
manifestantes.
El
gobernador del Estado de Lara, Henri Falcón, de la oposición, denunció durante
una rueda de prensa el miércoles la presencia de un grupo de irregulares que se
desplazaban en motocicletas para amedrentar a los protestantes.
“Pasaron
80 motorizados disparando de manera indiscriminada contra la gente”, aseguró el
mandatario regional.“Esto es muy peligroso porque comienza a generarse un
escenario de desorden y anarquía que puede terminar con un costo social muy
alto”.
El
jueves anterior un joven de 19 años, Jairo Ortiz, resultó muerto durante una
manifestación en la localidad de Carrizal, Estado de Miranda, parte de los
llamados Altos Mirandinos que sirven como ciudad-dormitorio a la ciudad
capital, Caracas.
Otro
joven, Daniel Queliz, murió el lunes por herida de bala en la ciudad de
Valencia, capital del estado de Carabobo (a 200 kilómetros al oeste de
Caracas). En ambos casos, las autoridades han admitido que agentes de los
cuerpos de seguridad dispararon contra los manifestantes.
Ante
estos hechos, el cardenal Jorge Urosa Savino, arzobispo de Caracas, fustigó la
presencia de “grupos armados que actúan con presunta impunidad (…) Esas bandas
son ilegales e incurren en delitos y el Gobierno no puede seguir amparándolas”.
El cardenal Urosa pidió no politizar “la procesión del Nazareno ni los actos
religiosos que se vayan a realizar hoy ni en ninguna circunstancia”, en ocasión
de la Semana Santa.
Su
llamado, sin embargo, cayó en oídos sordos. Apenas horas después, tras la
homilía que dio en la Iglesia de Santa Teresa, en pleno centro de Caracas, fue
víctima de un intento de agresión por parte de presuntos miembros de los
colectivos. Feligreses y un grupo de seminaristas alcanzaron a proteger al
jerarca eclesiástica.
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