Por Luis Ugalde SJ
Mensaje claro y valiente de
espiritualidad encarnada. Nuestros obispos vuelven a decir que esta realidad es
inaceptable y graves las recientes decisiones inmorales del Ejecutivo y el
Poder Judicial, combinados para eliminar la Asamblea Nacional. Se ha puesto en
evidencia que vivimos en un Estado con Constitución democrática pero
secuestrado y violado por un Gobierno dictatorial. La anulación de la Asamblea
no se produjo el 30-3-17con las decisiones 155 y 156 de la Sala Constitucional
del TSJ, pues desde el día mismo (6-D) del triunfo arrollador de la oposición,
el régimen buscó anularla: eliminaron sin nuevas elecciones a los diputados del
Amazonas, cancelaron el referéndum revocatorio, suprimieron las elecciones de
gobernadores de 2016, anularon toda legislación de la Asamblea con cincuenta
decisiones del TSJ, aumentaron los perseguidos, exiliados y presos políticos y
el anticonstitucional empeño de mantener el “Plan de la Patria” con su economía
destructiva y sembradora de miseria, inflación y escasez. Todo ya era dictadura
antes del 30 de marzo, pero ahora el Ejecutivo nos ha hecho el gran favor de
ponerlo más en evidencia nacional e internacional.
La fiscal rápida y claramente
denunció la ruptura del orden constitucional. Las reacciones de gobiernos, ex presidentes,
organismos internacionales como Mercosur y OEA, asustaron al gobierno y este
quiso esconder el rostro dictatorial ordenando a la sumisa TSJ maquillar
con “aclaratorias”, para Maduro decir que se había “superado el impasse”.
Afortunadamente la Asamblea Nacional, con la valiente y acertada conducción de
su presidente Julio Borges y el conjunto de dirigentes, no cayó en la trampa y
la OEA tampoco: mientras no se restituyan plenamente los poderes
constitucionales de la AN, hay dictadura. El país y el mundo ahora están más
claros: la democracia ha sido violada con un golpe mortal contra la soberanía
del pueblo cuyos votos han sido quemados en la hoguera de los usurpadores...
Este grave delito tiene delincuentes que deben ser sancionados “y los funcionarios
y funcionarias públicas que lo ordenan o ejecutan incurren en responsabilidad
penal” (Const. Art. 25) ¿Qué espera el Defensor del Pueblo para
cumplir con sus deberes constitucionales (Const. art. 281)? No hacerlo es
complicidad con el golpe y una burla seguir diciendo que este es un régimen de
soberanía popular cuando el régimen, con sus desacertadas y empecinadas
políticas, le ha quitado al pueblo la comida, las medicinas vitales, las
libertades, la seguridad y la Constitución…
La Presidencia de la
Conferencia Episcopal el mismo día 31 dió a conocer su rotundo rechazo de este
atropello dictatorial señalando que este poder tratar de perpetuarse
manipulando al pueblo y “olvidando que las necesidades reales de la gente
reclaman otra visión de poder” (n.3) La autoridad es para servir al pueblo y no
para oprimirlo. Los obispos rechazan estas decisiones “que desconocen e
inhabilitan al órgano público (AN) que representa la soberanía popular”.
“Desconocer la existencia del otro y sus derechos, sencillamente es destruir
toda posibilidad de convivencia democrática y plural” (n. 5) y
burlarse de todo diálogo.
No estamos ante una disputa de
poderes y una diferencia interpretativa de juristas, sino ante un golpe que
despoja al pueblo de su soberanía. Por eso los obispos recalcan que el golpe es
contra la gente y afecta más gravemente a los más necesitados: “Más allá de las
consideraciones jurídicas y constitucionales, la eliminación de la Asamblea
Nacional, suplantándola por una representación de los poderes judicial y
ejecutivo, es un desconocimiento absoluto de que la soberanía reside en el
pueblo y de que a elle toca, en todo caso, dar su veredicto. Una nación sin
parlamento es como un cuerpo sin alma. Está muerto y desaparece toda
posibilidad de opinión divergente o contraria a quienes están en el poder. Se
abre la puerta a la arbitrariedad, la corrupción y la persecución, un
despeñadero hacia la dictadura siendo, como siempre, los más débiles y pobres
de la sociedad los más perjudicados. Por estas razones, repetimos, esta
distorsión es moralmente inaceptable” (n.4). La “democracia participativa y
protagónica” está muerta y si el Poder Moral si calla será cómplice inmoral.
Afortunadamente la AN enfrenta el golpe, así como los dirigentes políticos
democráticos, las asociaciones y las mil formas de la sociedad civil, las
universidades, las academias, los países... ¿Dónde está la Fuerza Armada
democrática? Es un deber de conciencia rechazar el golpe y la
Constitución llama al pueblo de Venezuela a desconocer cualquier decisión que
la viole (art. 350). Los obispos hacen un “urgente llamado a tomar
conciencia y a actuar de manera pacífica pero contundente ante la arremetida
del poder. No se puede permanecer pasivos, acobardados ni desesperanzados.
Tenemos que defender nuestros derechos y los derechos de los demás. Es hora de
preguntarse muy seria y responsablemente si no son válidas y oportunas, por
ejemplo, la desobediencia civil, las manifestaciones pacíficas, los justos
reclamos a los poderes públicos nacionales y/o internacionales y las protestas
cívicas.”(n.6) Nos invitan a vivir los actos religiosos de la Semana Santa,
conmemoración de la pasión y resurrección de Cristo, “con un contenido social
que nos ayude a mantener la esperanza, la alegría y la solidaridad…”
13-04-17
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