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lunes, 24 de julio de 2017

Venezuela y la transición, por Editorial EL TIEMPO



EL TIEMPO 23 de julio de 2017

Después de lo sucedido esta semana, al régimen del presidente venezolano, Nicolás Maduro, le va a quedar muy difícil desconocer dos verdades de a puño: que el fervor popular está cada vez más lejos de su proyecto político, y en particular de su constituyente, y que la oposición se ha convertido en una poderosa fuerza civilista, sin la cual será imposible tomar decisiones que tengan que ver con el futuro del país. De hecho, ya se pintan escenarios de transición, o aun sin Maduro.

Luego de más de cien días de protestas, la Mesa de Unidad Democrática (MUD) logró movilizar a 7,6 millones de venezolanos para la consulta popular que, en más del 98 por ciento, rechazó su proyecto de asamblea constituyente; le pidió a la Fuerza Armada defender la actual Carta Magna y exigió la renovación de los poderes públicos por medio de elecciones. Este plebiscito opacó ampliamente el simulacro de votación de la constituyente que convocó Maduro en la misma fecha, lo cual dio pie, el jueves, a un exitoso paro cívico nacional de 24 horas.

Aquí hay un elemento clave: la aguda tensión no ha dado paso a una violencia desbordada, aunque en estos últimos meses ha dejado ya un centenar de muertos. La absoluta mayoría se aferra a la participación ciudadana –en la calle, con la protesta pacífica– y en las urnas, para buscar una salida constitucional. Y, en ese orden de ideas, resulta esperanzador que 21 organizaciones políticas opositoras hayan firmado el ‘Acuerdo de gobernabilidad’, un pacto abierto a la discusión de propuestas que contribuyan a la solución de la tragedia nacional. Y es decisiva la disposición de la MUD a conformar un frente social con todos los sectores, incluidos los ‘chavistas críticos’, para hacer prevalecer el respeto a quienes divergen. La oposición reitera, incluso, que si el régimen descarta su constituyente, puede abrirse una negociación.

El acuerdo contiene dimensiones importantes de una transición democrática, como la conformación de un gobierno de unión nacional o la escogencia en primarias del candidato presidencial, quien no podrá ser militar ni tener derecho a reelección. Promete la permanencia de funcionarios en sus puestos, salvo la de aquellos a quienes se les comprueben delitos. Para enfrentar la inseguridad y la delincuencia, depurarán los cuerpos policiales y militares, desarmarán colectivos armados y evitarán que las Fuerzas Armadas sean utilizadas para resguardar intereses de una cúpula.

Entre las prioridades que establece el acuerdo están la atención a la crisis humanitaria que afecta a los más desfavorecidos y un plan económico para combatir la pobreza y generar justicia social. En todo proyecto futuro será indispensable que los opositores incluyan a los sectores más empobrecidos, constituidos en buena hora por el chavismo en un nuevo y activo sujeto político, y que vayan delineando su propio proyecto de país, alternativo al modelo rentista, vigente por décadas y en la base de muchos de los problemas acumulados.

Contrasta esa fuerza democrática opositora con un oficialismo que, afianzado en el poder, ha derivado hacia prácticas represivas y de corrupción propias de regímenes dictatoriales. La oposición le arrebató las mayorías y, paradójicamente, se aferra a la defensa de la Constitución de 1999, la de Hugo Chávez.

En sectores populares antes afines al chavismo aumentan las manifestaciones de rechazo a un régimen que se asocia con hambre y desabastecimiento, malos servicios, represión e inseguridad. Haciendo gala de extrema intolerancia, Maduro responde con insultos y amenazas. Entre tanto, crece el clamor de parar esa constituyente hecha a su medida, requerimiento que le formulan cada vez más jefes de Estado, entre ellos el de Colombia.

De hecho, no son solo gentiles pedidos, sino que ya algunos mensajes vienen cargados de amenazas, como la de la administración estadounidense de Donald Trump, que dijo poner sobre la mesa toda la baraja de sanciones, incluido un veto a la compra de petróleo venezolano y restricciones a la petrolera estatal PDVSA, si se sigue adelante con la constituyente. O como la de la jefa de Exteriores de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien, en un tono poco habitual, también habló de castigos.

Pero en Miraflores parecen no querer entender todos estos mensajes. Al no abrirse a buscar salidas electorales negociadas, Maduro incrementa día a día los costos políticos para el chavismo y para Venezuela. Provoca mayor ingobernabilidad, desestabilización, implosión del régimen y violencia.

Y, mientras tanto, un enorme porcentaje del país ya dibuja seriamente una nueva Venezuela. Uno de tales sectores es la oposición, que, dejando atrás sus diferencias y egos y con su accionar de los últimos tiempos, se ha constituido, al menos por ahora, en un ejemplo democrático.