10 Últimos

viernes, 28 de julio de 2017

Grupo paraestatal atacó vivienda de dirigente comunitario del 23 Enero por @CronicaUno


Por Redacción


El dirigente comunitario, Manuel Mir, de la parroquia 23 de Enero, denunció que un grupo de 7 hombres vestidos de civil, con armas largas, intentó allanar su residencia  alrededor de las 12 de la noche de este miércoles, en un supuesto intento de “aprehensión” en su contra, sin presentar credenciales de algún organismo policial ni militar, ni una orden judicial por parte del Ministerio Público.

Mir precisó que ese mismo día varios vecinos le alertaron que se iba a presentar un hecho irregular contra su persona por parte de grupos afectos al oficialismo. “En el momento en que intentaron allanar mi vivienda no me encontraba en el lugar, desde muy tempranas horas se escucharon rumores en la parroquia, por eso mismo fui más precavido”, detalló.

El líder vecinal indicó que el presunto “allanamiento” no se concretó y que ocasionaron destrozos en la entrada principal y la fachada de su vivienda. “Ellos no lograron lo que venían hacer, solo saben generar violencia y odio en la comunidad”, sostuvo.

Explicó que no es la primera vez que ha recibido amenazas por parte de grupos paraestatales en la zona. “Nosotros los dirigentes sociales sabemos el peligro de nuestra labor en una zona como el 23 que está asediada por los colectivos”, aseguró.


Hizo un llamado al Gobierno para que cese la persecución y hostigamiento a todos los dirigentes comunitarios, que solo buscan solventar las problemáticas de las comunidades sin distinciones políticas. “Nosotros solo queremos seguir en las calles brindando apoyo y ayuda a todos los vecinos”, puntualizó.

La asociación civil Radar de los Barrios emitió un comunicado ante el hecho de violencia contra el dirigente Manuel Mir, para exhortar al Gobierno en la activación de “mecanismos políticos e institucionales” que disminuyan la situación de amenaza y violencia, y así garantizar la integridad de los vecinos que fungen su trabajo como dirigentes sociales.

Exigieron a la Fiscalía General de la República y a la Defensoría del Pueblo que en ejercicio de sus atribuciones y competencias se aboquen a investigar el hecho. Además enfatizaron que es obligación constitucional del Estado garantizar la vida, integridad y bienes de los ciudadanos, independientemente de su posición política.

Foto: Archivo Crónica.Uno

27-07-17