Por Laura Weffer Cifuentes
El informe de la Organización
de Estados Americanos (OEA) -firmado por su secretario general, Luis
Almagro- es una descarga de 60 páginas en contra del gobierno de Nicolás
Maduro. Con referencias académicas, históricas y datos duros, se desmontan
todas las acciones que desde abril de 2017 ha asumido el Ejecutivo, el Tribunal
Supremo de Justicia y el Consejo Nacional Electoral. Denuncia torturas por
funcionarios policiales y militares y alerta sobre la escalada de represión en
el país. También advierte sobre las restricciones, casi al mínimo de los
derechos civiles y enumera cada una de las violaciones a la Constitución
Nacional.
“Desde su estrecha victoria
electoral en 2013, el gobierno de Maduro ha venido aplicando deliberadamente
una política de desmantelamiento paulatino de las instituciones democráticas
del Estado como medio para mantenerse en el poder. Esa política ha llevado a la
violación sistemática, o la alteración, de la Constitución venezolana. El
Ejecutivo controla los tribunales y éstos han manipulado la Constitución y las
leyes del país para socavar la voluntad democrática del pueblo, arrebatar el
poder a los políticos de la oposición y consolidar bajo su control todo el
poder del gobierno. Se ha criminalizado el disenso. Se escuchan sólo las voces
de quienes siguen la línea oficial del Gobierno y repiten la propaganda controlada.
Esas acciones, que se vienen a sumar a la corrupción generalizada y al abuso de
poder, han servido solo para alienar a la ciudadanía. El gobierno de Maduro ha
perdido el apoyo legítimo de la voluntad popular. Ello ha llevado al Régimen a
recurrir a medidas más agresivas y extremas para controlar y aterrorizar a la
población. La respuesta del gobierno venezolano a las recientes manifestaciones
es una política deliberada concebida por el Poder Ejecutivo. La escalada de la
violencia que, hasta la fecha, ha dejado una estela luctuosa de más de 100
víctimas civiles, culminó en el ataque contra la Asamblea Nacional, el símbolo
mismo de la Venezuela democrática, el 5 de julio, fecha en que se conmemoraba
el 206 aniversario de la declaración de independencia”, dice el informe
presentado el 20 de julio.
En total son más de 10 puntos
los que aborda el tercer informe que el funcionario presenta sobre el país.
Sobre los paramilitares
Sobre el sufragio
-Considera que en Venezuela se
ha violado el derecho al sufragio universal . “El Régimen ha violado el pacto
fundamental que tiene con su propio pueblo y con la comunidad de Estados de la
región, su compromiso de defender la democracia y los derechos humanos. Ese
Régimen ha dejado de representar al soberano legítimo porque ha perdido el
apoyo de la voluntad popular”.
-El Gobierno niega al pueblo
de Venezuela el derecho al voto, al obstaculizar el referendo.
-Las bases comiciales de
la Asamblea Nacional Constituyente, no garantizan el ejercicio de los derechos
políticos de los venezolanos según el cual el sufragio es universal, directo y
secreto. El voto para la Constituyente es sectorial y corre el riesgo de
“manipulación de los registros electorales”.
Se violan los artículos 347,
348 y 349 de la Constitución al confundir “iniciativa” con la convocatoria de
una Asamblea Nacional Constituyente, o al conferir un carácter sectorial y
territorial a las bases comiciales entregadas al Consejo Nacional Electoral
(CNE). La Sala Constitucional
Sobre el TSJ
-El Gobierno ha utilizado el
Tribunal Supremo para legitimar cinco declaraciones presidenciales de estados
de emergencia y cuatro prórrogas, habiendo declarado que todas son
constitucionales, a pesar de que exceden los plazos establecidos en el Título
VII de la Constitución y de que han sido rechazadas por la Asamblea Nacional.
-El Gobierno se ha valido del
Tribunal Supremo de Justicia para arrebatarle al nuevo Congreso elegido en
diciembre de 2015 su mayoría calificada de dos tercios, según el documento. El
TSJ declaró en desacato a la Asamblea Nacional y dictaminó que toda ley
aprobada por ese órgano legislativo sería nula y sin efecto.
Sobre la Fiscalía
-Despojó al Ministerio Público
de sus poderes de investigación y acusación, y ha transferido esas competencias
al Defensor del Pueblo. “El Tribunal Supremo no tiene jurisdicción para tomar
esas medidas ya que son todas competencias exclusivas de la Asamblea Nacional”.
Violó el artículo 284, 285 y
286 de la Constitución,
Sobre las
manifestaciones
-“El Gobierno hiere y asesina
a manifestantes en las calles, maltrata y tortura a detenidos y presos
políticos y niega el derecho de los civiles a ser juzgados por un juez natural,
y no por tribunales militares” dice el informe.
-Continúa al asegurar que “esa
violencia no sólo está dirigida a las víctimas lesionadas o fallecidas; también
tiene el propósito de amedrentar a toda la población. La violencia es una
amenaza calculada que persigue el objetivo de provocar terror en toda la
ciudadanía”.
-Se han abierto
investigaciones por homicidio en 67 de esos casos. Se estima que el número de
lesionados asciende a 15,000. “Las fuerzas de seguridad y los colectivos
paramilitares son responsables de los lesionados y las muertes en muchos de
esos casos. Al 4 de julio, 3.589 manifestantes habían sido detenidos y el
número de presos políticos está en su punto más alto. En una nueva escalada de
la militarización del Estado, el Gobierno ha comenzado a juzgar a civiles en
tribunales militares. Estas tácticas están diseñadas a sembrar miedo en la población
para que tengan demasiado miedo para alzar sus voces”.
Viola artículo 68 de la
Constitución.
Sobre la Constituyente
-De los 545 delegados, 364 se
elegirán sobre una base territorial a nivel de municipio, mientras que los
restantes 181 serán elegidos a través de ocho sectores: trabajadores,
pensionados, estudiantes, comunas y consejos comunales, campesinos y
pescadores, pueblos indígenas, empresarios y discapacitados. El sistema de
representación que se ha definido busca privilegiar ciertas poblaciones por
encima de otras, asignándoles mayor representatividad.
Se viola el artículo 63 de la
Constitución: “El sufragio es un derecho. Se ejercerá mediante elecciones
libres, universales, directas y secretas. La ley garantizará el principio de la
personalización del sufragio y la representación proporcional”.
Sobre la censura
El informe afirma que en
“Venezuela aumenta cada vez más la censura de Internet y se recrudece la
vigilancia en línea”. El 31 de marzo, el presidente Maduro anunció el establecimiento
de un Observatorio Nacional de Medios Digitales, que “evaluará el impacto
global de las redes sociales ante mensajes que buscan manipular a los
usuarios”. Los críticos del Gobierno y los partidarios de la libertad de
expresión consideran que ello no es más que un esfuerzo para impedir el uso de
Internet y las redes sociales.
Sobre los presos políticos
-Durante el mes de mayo de
2017 se registraron 109 nuevos presos políticos, quienes, sumados a los presos
políticos que ya existían, representaban un total de 290 personas privadas de
su libertad, a fines de ese mes, por razones políticas.
Sobre la alimentación
-La desnutrición infantil en
algunas partes de Venezuela ha alcanzado ya el nivel de una crisis humanitaria,
según un nuevo informe de Caritas Venezuela. Las últimas cifras indican que el
11,4 por ciento de los menores de cinco años sufre de malnutrición aguda,
moderada o grave. El umbral de crisis de la Organización MS para la
desnutrición infantil es del 10 por ciento. La cifra de Caritas se eleva al 48
por ciento cuando se incluyen los menores de cinco años en situación de riesgo
o los que ya padecen niveles inferiores de desnutrición. Más de ocho de cada
diez hogares en 31 parroquias encuestadas en el informe de Caritas consumen
menos alimentos que antes y casi seis de cada diez dicen que algunos miembros
de la familia se quitan la comida de la boca para dársela a otro miembro de la
familia – en la mayoría de los casos son madres que se sacrifican para poder
dar de comer a sus hijos.
-“Con lo que se gasta en
bombas lacrimógenas solo en un día en Caracas para reprimir a manifestantes, se
podría alimentar a 2.100 recién nacidos venezolanos por un mes con 16.800 potes
de formula láctea, ocho potes por mes para cada niño” establece el informe.
-Las muertes maternas
aumentaron un 66 por ciento, llegando a 756. Y el año pasado murieron 11.466
niños en Venezuela, un aumento del 30 por ciento frente al 2015. En 2016, cada
día murieron siete niños que no cumplieron un año de edad.
Sobre la seguridad
-Consideran que en la región
existe también un riesgo significativo en materia de seguridad debido a la gran
cantidad de armamento militar adquirido a lo largo de varios años por el
Gobierno venezolano, proveniente principalmente de Rusia y China. De acuerdo
con el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Venezuela
fue el principal comprador latinoamericano de armas en 2015.
-El informe clasifica a
Venezuela como el décimo octavo mayor comprador de armas del mundo. Entre 2011
y 2015, Venezuela gastó más en armamentos que cualquier otro país
latinoamericano.
-En el período de diez años
comprendidos entre 2006 y 2016, el total de los gastos militares de Venezuela
se elevó a 137.600 millones de dólares. En comparación, la vecina Colombia –
país cuya población supera en más de un tercio a la de Venezuela y que sufrió
un grave conflicto armado interno – gastó 92.200 millones de dólares.
-Por otra parte, el 17 de
abril, el Presidente Maduro anunció que la Milicia Bolivariana Nacional pasará
de 100.000 a 500.000 miembros y que cada miliciano, hombre o mujer, recibiría
un rifle.
20-07-17
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