FLORANTONIA SINGER 29 de marzo de 2018
En abril arranca el ciclo de siembra más
importante en el país sudamericano, pero los productores no tienen insumos para
cosechar por la escasez y los altos precios
Un
camión que sale con 3.000 kilos de plátano de Táchira, en el occidente de
Venezuela, siempre llega a Caracas con 300 kilos menos, dice Julio Méndez
productor en esa región. La regla es rutina en un país donde el cobro
arbitrario de peajes en alcabalas (puestos de policía) es casi parte de la
cultura, pero que en los últimos meses ha adoptado un semblante anárquico en
medio de una profunda crisis por la escasez de alimentos.
A
principios de marzo 11 productores de queso de Apure, un Estado llanero,
pasaron dos noches en un calabozo por negarse a entregar 10% de una carga de
100.000 kilos del producto a una Empresa de Producción Social, una figura
creada por el Gobierno, comandada por la alcaldesa del poblado (San Fernando de
Apure) a un precio muy por debajo del mercado, que no cubría ni siquiera el
costo del litro de leche que se necesita para procesarlo. La operación
implicaba casi un asalto a una caravana de 70 camiones cargados de queso.
“Llevábamos
las guías, todos los permisos y como nos negamos a darles el queso nos
agredieron, lanzaron bombas lacrimógenas y nos llevaron presos”, cuenta Manuel
Castillo, presidente de la Asociación de Ganaderos del estado Apure, una región
que llegó a ser primera productora de carne del país y hoy es la segunda más
pobre de Venezuela. Al grupo lo soltaron dos días después por no encontrar
delitos que imputarles y la carga, que como cada semana iba a las ciudades de
Maracay, Caracas y otras ciudades, no llegó a tiempo ni a su destino.
Castillo,
que es médico veterinario, de 63 años de edad y toda la vida en el campo, dice
que las dificultades para comercializar los productos suman nuevas alcabalas a
la producción y hacen cuesta arriba el trabajo de quienes están haciendo el
esfuerzo por llevar alimentos en medio de una
acentuada crisis hiperinflacionaria. “Este es un trabajo que comienza a las
4 de la mañana, que es de lunes a lunes porque a las vacas hay que ordeñarlas
todos los días. Ya ni siquiera el precio de venta logra compensar el costo de
producción, pero nosotros no podemos ponerles un candado a las fincas e irnos,
porque esta es nuestra forma de vida”, agrega.
Esta
práctica en la que gobernadores y alcaldes, todos afines a Nicolás
Maduro, intentan retener parte de la producción se viene aplicando desde
hace meses en los estados llaneros de Apure, Barinas, Guárico y Cojedes y
motivó un llamado de atención del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino
López, quien en enero dictó una resolución que prohíbe a los gobiernos
regionales y locales retener o confiscar mercancías, a la que hacen caso omiso
llano adentro.
La
situación que vivió Castillo se suma a un historial de anécdotas sobre lo que a
diario viven los productores nacionales que con cada vez más dificultades
intentan abastecer los mercados venezolanos, en los que la comida importada a
precios inaccesibles para la mayoría de las familias —el 87% que vive por
debajo de la línea de pobreza, según los datos de la Encuesta de Condiciones de
Vida del Venezolano— es la que está ocupando los anaqueles, sin terminar
de llenarlos.
Zanahorias
en el mercado negro
Tirso
Ramírez trae vegetales y hortalizas de los Andes venezolanos para venderlos en
ferias en Caracas. Cada semana vive la odisea de cruzar las carreteras con una
carga que se hace preciada en tiempos de hambre. No ha vivido saqueos, pero sus
compañeros sí. Aún no le han decomisado la carga por alguna orden de algún
alcalde o gobernador, pero a sus compañeros sí.
Ramírez
tiene 57 años de edad, pero el viento frío de La Grita, un pueblo de Táchira, y
la aridez de la vida del campo lo arrugaron y encanecieron prematuramente. “Si
usted ve esas montañas no ve nada. Es triste. En los Andes el que sembraba 200
sacos de papa ahora siembra 50 si acaso. Estamos volviendo a los tiempos de
cuando yo era niño, que solo se sembraba maíz y caraota (judía) y eso era lo
que se desayunaba, se almorzaba y se cenaba. Solo que ahora nos estamos
comiendo los chayotes que antes le dábamos a los cochinos”, cuenta el
campesino.
La
caída de la producción la mide por los ejes del camión que conduce. Hasta hace
dos meses pilotaba un vehículo de tres ejes con capacidad para 13.000 kilos.
Ahora, el dueño de la finca para la que trabaja está sacando un coche más
pequeño que no carga más de 10.000 kilos. Cada vez se produce menos, y cada vez
llega menos comida a los mercados y es más costosa.
Quienes
lograr acopiar lo necesario para una siembra deben enfrentar el espiral
hiperinflacionario y el costo de adquirir insumos en el mercado negro. Una
libra de semillas de zanahoria puede costar 60 millones de bolívares, unos 260
dólares al cambio paralelo. Un precio imposible de pagar para un productor que
no percibe divisas. Se requieren dos libras para sembrar apenas una hectárea.
Algunos productores las compran en Colombia y las traen de forma irregular al
país y el costo de esa operación la paga el consumidor al que un kilo de la
hortaliza puede salirle 90.000 bolívares, casi un cuarto del salario mínimo.
Monopolio
militar
La
escasez y los altos precios también tocan a los implementos necesarios para una
siembra. La
empresa Agropatria, creada luego de la expropiación de la española Agroisleña,
es la que desde 2010 centraliza la importación y distribución de insumos para
los agricultores, pero lo que tiene alcanza para muy pocos y para acceder a
ellos hay que completar una serie de requisitos. Últimamente, los productores
denuncian que estos insumos se están desviando a Agrofanb, una empresa militar
que entró a competir con los privados en el negocio agrícola el año 2016,
cuando se creó la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro, presidida por
el ministro de Defensa, quien puso al frente del control de la producción de 18
rubros alimenticios prioritarios a un general o alto oficial.
Tomar
esta empresa fue paso más dentro de un proceso en el que ya se habían
confiscado cinco millones de hectáreas de tierras productivas durante la
gestión de Hugo Chávez con la intención de controlar toda la cadena. Hoy en
Venezuela hay 35 millones de hectáreas potenciales para el campo, pero menos
del 30% se aprovechan y el país sudamericano está sumido en una grave
emergencia alimentaria, que encendió las alarmas de la agencia de Alimentación
y Agricultura de la ONU a principios de marzo, cuando advirtió en su informe
sobre seguridad alimentaria que el hambre en Venezuela está creciendo y que
aqueja a 13% de la población.
En
2017 los productores nacionales lograron producir apenas 25% del consumo. Hace
15 años el campo venezolano podía alimentar a 70% de la población. La inminencia
de abril con sus lluvias abre una nueva preocupación. “De cara al inicio del
ciclo de siembra más importante del año no tenemos nada para producir, ni las
semillas ni los fertilizantes ni plaguicidas ni los equipos. Nos preocupa el
hambre que nos espera para los próximos meses. El Gobierno controla las
divisas, los precios, monopoliza todo el canal de distribución de los insumos
agrícolas, tiene plantas procesadoras y ha expropiado tierras y este país cada
día produce menos alimentos”, señala Aquiles Hopkins, presidente de la
Federación de Asociaciones de Productores Agrícolas de Venezuela.
¿SUSPENDER
IMPORTACIONES?
El
gobierno anunció este mes que dejará de importar los rubros de maíz, soya,
arroz y otros cereales para apoyar la producción nacional.
“En el
Programa País 2018-2021 hemos priorizado los sectores productivos de maíz,
arroz, azúcar y leguminosas, cacao, café y soya. El presidente Nicolás Maduro
ordenó que seamos autosustentables en estos rubros en los próximos meses”, dijo
el vicepresidente Tareck El Aissami, quien aseguró que no se destinarían
dólares para importar estos alimentos, un anuncio que podría tener más relación
con la sequía de divisas que afronta el régimen de Maduro.
La
medida sorprende a los gremios agrícolas que también la miran con desconfianza.
El país necesita sembrar 1,9 millones de hectáreas de maíz blanco para
abastecer el consumo y los requerimientos para la producción de harina de maíz
precocida, base de la arepa, y otros 1,7 millones de hectáreas de maíz
amarillo, base del alimento concentrado para animales. El año pasado no se
llegó a sembrar ni 500 mil hectáreas de esos rubros. Para este año, la
perspectiva es peor, aseguran productores del estado Portuguesa, donde se
siembra 60% del maíz venezolano.
“Llevamos
15 años planteando que se invierta en productos nacionales. Por cada dólar que
gastan en importar alimentos para una caja CLAP pudieran generar cinco dólares
si lo hacen con producción nacional”, apunta Aquiles Hopkins de Fedeagro.
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