Por Luis Manuel Esculpi
El pasado fin de semana
se dio a conocer un documento de los partidos que respaldan la política que
viene adelantando la Asamblea Nacional encabezada por Juan Guaidó, es de
destacar que la posición adoptada fue asumida unitariamente. En el extenso
texto se señalan numerosas irregularidades y violaciones en la convocatoria a
elecciones, reiterando el decálogo de las condiciones electorales exigidas para
«la celebración de elecciones libres, justas y competitivas», al estas no
cumplirse para las del 6 de diciembre, concluyen en la decisión de no
participar de ese proceso.
En el documento se
advierte el que no se les puede calificar de abstencionistas, «no hay
abstención cuando lo convocado no es una elección». Se añade a continuación:
«Somos demócratas y creemos en la unidad nacional: por ello decidimos no
colaborar con la estrategia de la dictadura y convocar a todas las fuerzas
sociales y políticas del país a la construcción de un nuevo pacto unitario y
nueva ofensiva democrática en la que, junto al pueblo venezolano y la comunidad
internacional, nos movilizamos para salvar a Venezuela».
El régimen por su parte
se propone realizar las elecciones para la fecha escogida, pese a los
señalamientos de un grupo de ex funcionarios del CNE, que señalan violaciones a
la Constitución y las leyes, introduciendo un recurso de amparo ante el TSJ
donde soliciten se declare la nulidad de la convocatoria a esas
elecciones. Además de las alertas provenientes de profesionales de la
salud, acerca de la entrada en una fase exponencial de la pandemia que
puede prolongarse por unos meses, con graves y lamentables consecuencias.
El anuncio formulado
por Maduro en el sentido de iniciar la semana del diez de agosto un lapso de
«flexibilización», está asociado a que precisamente ese día se inicia el
periodo de postulación de candidatos de acuerdo al cronograma elaborado por el
Consejo Nacional Electoral.
La macolla gobernante
tiene una estrategia claramente definida, deshacerse del estorbo que significa
para ellos la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y promover una
oposición leal, garantizándose una holgada mayoría de dos tercios, con la que
pretenden adquirir una cierta legitimidad nacional e internacionalmente y
desempeñarse cómodamente eligiendo el nuevo poder legislativo.
En el campo opositor,
independientemente de enunciados generales, no está definida una «hoja de ruta»
y se mantiene una polémica legal y política en torno a la figura de la
«continuidad administrativa» para prolongar el mandato de la actual Asamblea
Nacional, después del 5 de enero del próximo año. Si bien es cierto, hay
aspectos de la estrategia que constituyen reserva de la conducción
política, la necesidad de proyectar una ruta acompañada de la decisión de
no participar de los comicios parlamentarios, se convierte en una exigencia de
primer orden, no puede ser evadida con algunas consignas y las frases
generales empleadas en un discurso político rutinario.
Esperamos que en los
próximos anuncios esa carencia sea subsanada, estableciendo un rumbo a seguir
en el mediano plazo que trascienda la actual coyuntura y apunte en la dirección
del cambio político.
Esa exigencia no sólo
es requerida por importantes sectores de la sociedad civil que han acompañado a
la dirigencia opositora, es también un reclamo de la militancia de los partidos
y de los círculos próximos a sus áreas de influencia.
Igualmente en otras
comunicaciones se debiera especificar como se concibe la «construcción del
nuevo pacto unitario y la nueva ofensiva democrática», para la que han sido
convocada todas las fuerzas sociales y políticas; entendemos significa ampliar
la conformación del actual núcleo dirigente e incorporar mecanismos de consulta
para las decisiones trascendentes a representaciones variadas en lo social y
político.
Al definir una ruta y
constituir un nuevo pacto, la Dirección Política estaría cumpliendo con saldar
una deuda que mantiene con el país opositor. Esperamos se cumpla efectivamente
con tal propósito.
04-08-20
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