Carolina Gómez-Ávila 28 de noviembre de 2020
Hace cosa de diez años emprendí un proceso de reclamos
contra la alcaldía de mi municipio y, aunque ya se pisoteaban las garantías
individuales, me hice escuchar gracias a que conseguí el apoyo firmado de dos
centenares de vecinos para encargarme de elevar la denuncia y exigir solución
de varios asuntos que, además de justos, tenían respaldo legal.
Como era materia municipal, el respaldo legal estaba
en ordenanzas. Esas que, de todas las leyes, son las que más necesitan de
nosotros y las que más necesitamos en nuestra cotidianidad.
En los trámites, me tocó reunirme con un director de
despacho que tuvo la infeliz idea de proponerme que desistiera de la queja
porque se fundamentaba en una ordenanza muy vieja y que, además, la infracción
que reportaba, aunque estaba debidamente documentada, no ocurría a diario.
Superada la perplejidad, le hice ver que su invitación
era equivalente a la de pasar por alto que un puñado de malvivientes violaran a
una vecina anciana, siempre que fuera ocasionalmente.
Así razonan los funcionarios que precipitaron la caída
de la república. Así se ve el desprecio por las leyes. Comienzan desde la
humilde ordenanza y llegan a la Constitución.
Igual perplejidad me producen quienes, presumo que de
buena fe, creen que debemos participar en el evento convocado para el 6 de
diciembre. Para cualquiera que valore las leyes, la sola idea es ofensiva. Lo
digo por la larga lista de violaciones que implica, empezando por las hechas a
la constitución.
Pero digamos que argumentan una conveniente razón
política. Una digna de ser vista con cuidado, que sería socavar el control que
tiene la dictadura sobre los distintos poderes públicos. Dicho de otra forma,
cambiar la correlación de fuerzas e ir abriendo una vía para que, más adelante
(eso sí, no dicen para dentro de cuántos períodos gubernamentales) podamos
tener mejores condiciones electorales o, con suerte, unas verdaderas elecciones
libres y justas.
Este es su plan y la verdad es que yo podría
aceptarlo. Con mucho dolor podría dar relevancia a la utilidad política de
obviar la violación de la ley, si eso diera una oportunidad al regreso de la
ley. El problema es que, para socavar ese control, los que ganen curules deben
ser los que se oponen a la dictadura. ¿Y cómo pueden participar verdaderos
opositores, si todos los partidos políticos fueron confiscados judicialmente y
están presos decenas de sus militantes y activistas?
Esta es la consulta que yo le hago.
La otra consulta, la que la coalición democrática
plantea como reacción, también es más política que constitucional. Sobre ella
puedo hacer importantes objeciones, pero tengo que admitir que alza una bandera
que, republicanamente, me obliga a apoyarla: «elecciones presidenciales y
parlamentarias, libres y justas».
Carolina
Gómez-Ávila
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