Miguel González Marregot 25 de noviembre de 2020
@migonzalezm
La reconciliación política y social se presenta como
un requisito fundamental para la reconstrucción de un país roto y fragmentado,
como el nuestro. La reconciliación puede significar un reencuentro positivo de
adversarios y, aún mucho más allá, puede ser el inicio de una paz
corresponsable que signifique la rearticulación de la sociedad en su conjunto;
bajo un paradigma de desarrollo que combine la acción del Estado, la función
del mercado y el papel de las organizaciones sociales y comunitarias.
Venezuela a lo largo de su historia registra varias
experiencias en materia de reconciliación; tanto de naturaleza
política-institucional como por iniciativa ciudadana. Esas experiencias
estuvieron destinadas a facilitar el acercamiento de las partes en conflicto. Ya
en el año 1819, la Constitución de la Gran Colombia incluía a la Justicia de
Paz como un medio alternativo para la resolución de conflictos menores; en 1820
-y en medio de la guerra de independencia-, Bolívar y Morillo firmaron en la
ciudad de Trujillo, el Tratado de Regularización de la Guerra, que luego se
constituiría en el principal antecedente del actual Derecho Internacional
Humanitario. Otro gesto conciliatorio ocurrió en 1827, cuando el Congreso de la
Gran Colombia aprobó la Ley Declarando un Olvido Perpetuo a los sucesos del año
anterior (1826); dichos eventos estuvieron relacionados con la desobediencia
del general José Antonio Páez al Congreso de Colombia. En el año 1830, ya como
República de Venezuela, la Constitución rescató la Justicia de Paz Parroquial
como un medio de conciliación. En 1863, se firma y se ratifica el Tratado de
Coche que puso fin a la Guerra Federal, conflicto que deja tras de sí miles de
muertos. El Tratado de Coche fue ratificado por los generales José Antonio Páez
y Juan Crisóstomo Falcón.
En el siglo pasado también hubo importantes eventos de
reconciliación política y social. El Pacto de Punto Fijo acordado por Rómulo
Betancourt (AD), Jóvito Villalba (URD) y Rafael Caldera (COPEI) y firmado en
1958, fue uno de ellos. Dicho pacto político sentó las bases del sistema
democrático en el país. En 1968 se implementó la Pacificación como una
estrategia política que permitió la reincorporación a la vida política a
aquellos sectores que habían optado por la lucha armada en el país. Un acto
trascendente en el ámbito social ocurrió en el barrio caraqueño Catuche en el
año 1990, cuando un grupo madres se constituyeron en asamblea y lograron
imponer unas normas de convivencia que detuvieron la violencia entre la bandas
armadas de esa comunidad. El reconocimiento de la Justicia de Paz en el marco
de la Constitución de 1999 representó otro aspecto importante para el
asentamiento de una cultura de paz y de reconciliación en Venezuela.
También en nuestro siglo XXI hemos tenido algunos
intentos de diálogo y reconciliación; aunque sin mucha fortuna. Durante 2003, y
luego del golpe del año anterior se instaló una mesa de diálogo que reunía
representantes del gobierno nacional, el empresariado, sindicatos, partidos
políticos y sociedad civil; bajo la facilitación de la Organización de Estados
Americanos (OEA). En el transcurrir de estas dos últimas décadas varias
organizaciones internacionales han intervenido durante este período en procesos
de intercambio tendentes a lograr una reconciliación en el país; tales como: el
Centro Carter, el PNUD, la Unión Europea. También y con el mismo propósito han
intervenido otras naciones del propio hemisferio y del viejo continente. Sin
embargo, y a diferencia de otros antecedentes históricos los resultados han sido
de poca eficacia política.
¿Puede entonces constituir la reconciliación una
alternativa viable para rescatar la democracia, como modelo de vida frente a un
gobierno autoritario? Al respecto hay que considerar que la reconciliación ni
se compra ni se vende; sino que constituye una oportunidad que surge cuando las
partes en conflicto comprenden que la paz es mucho más razonable y constructiva
que mantener un conflicto que les va a generar más pérdidas que beneficios.
Quizás en nuestro país factores en conflicto no se hayan convencido aún de
ello. Además, la polarización social puede resultar beneficiosa para mantener
el “status quo”. Así que, mientras la población siga dividida y ajena al
ejercicio de sus derechos ciudadanos, los factores que detentan el poder salen
favorecidos y mantienen sus privilegios.
Soy de aquellos que valoran como ideal el desarrollo
de las sociedades basado en la participación libre y responsable de los
distintos factores que la conforman y, eso no está ocurriendo en
Venezuela. La severa crisis político-institucional que atraviesa nuestra nación
requiere de la articulación de esfuerzos de las organizaciones sociales y
comunitarias y, también de los partidos políticos dedicados a reconstruir el
tejido asociativo como medio de reconciliación en cada espacio y en cada rincón
de Venezuela.
Cientos de organizaciones sociales y comunitarias
emprenden cada día acciones dirigidas a edificar lazos de reencuentro ciudadano
en su entorno respectivo. Es cuestión de unir esfuerzos, de intercambiar
experiencias, de consolidar espacios de cohesión y de avanzar sin temor hacia
el futuro que merecemos todos, sin exclusión alguna.
Miguel Gonzalez Marregot
@migonzalezm
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico