Juan Bautista Salas 25 de noviembre de 2020
La «Ley Constitucional contra el odio, por la
convivencia pacífica y la tolerancia», desde su aprobación el 8 de noviembre de
2017, ha sido utilizada por el Estado venezolano como un
mecanismo de persecución, censura y autocensura en
el país, afirma el Reporte Especial “Normativa contra el odio: la censura hecha
ley”, de IPYS Venezuela.
“Al menos 23 afectados, entre medios de
comunicación y trabajadores de la prensa, ha dejado la norma
contra el odio desde el 2018”, señala el texto. A 17 afectados les aplicaron
acciones legales, entre las imputaciones de los tribunales y las denuncias
formales de actores públicos; mientras que los otros seis fueron amenazados e
intimidados con ser denunciados o procesados “por incitación o promoción al
odio”, reveló el trabajo de IPYSve, que además indicó que “el 2020 ha sido el
año con más personas detenidas y enjuiciadas por la norma aprobada por la
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con un total de 34 ciudadanos que han
sido privados de libertad”, según datos de la organización Foro Penal.
Este informe también relató que “funcionarios
públicos se han valido de la ‘Ley contra el odio’ para
perseguir e intimidar a medios de comunicación, periodistas, religiosos, trabajadores
de la salud, empleados públicos y hasta ciudadanos
comunes por hacer valer su derecho a la libertad de expresión y
opinión”, destacando que “dentro de esta legislación se pena el discurso de
odio, pero no se establecen límites claros sobre su categorización”, lo que
deja espacio a la libre interpretación, a la ambigüedad y da la potestad al
Estado de establecer cuáles mensajes son generadores de odio y cuáles no.
El
balance resaltó que “con la entrada en vigor de la normativa contra el odio,
publicar informaciones incómodas para el Estado representa un riesgo para ser
acusado e imputado por los delitos que la regla establece”, y citó los casos
del Diario La Región en Sucre y La Verdad de Monagas, como medios que fueron
señalados por presuntamente incurrir en la incitación o promoción al
odio.
IPYS
Venezuela exigió al Estado venezolano la derogación
de la “Ley contra el odio” por ser un instrumento que va en contra de los
estándares internacionales. De igual forma, la organización pidió la liberación
y el cese de las investigaciones contra los ciudadanos señalados por los
delitos contenidos en este estatuto, y el levantamiento de las medidas
cautelares aplicadas en cada caso.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico