Yakary Prado Romero 24 de marzo de 2021
Autoridades
locales ofrecen detalles del restrictivo plan que anunció Willemstad para
conceder residencia temporal a migrantes indocumentados
El ministro de Justicia de Curazao, Quincy Girigorie,
confirmó este 17 de marzo los alcances del plan Integración
Responsable, que beneficiará a un grupo de migrantes indocumentados que
hacen vida en la isla.
En una rueda de prensa, Girigorie comentó que “por
razones humanitarias” concederían un permiso a las personas
indocumentadas que han estado ilegalmente durante más de un
año en Curazao y que cumplan con “ciertas condiciones”.
El ministro detalló que esta medida solo beneficiaría a
quienes entraron a Curazao antes del 13 de marzo de 2020.
En su declaración también destacó que unos 9.000
venezolanos residen ilegalmente en la isla, al tiempo que matizaba
que no todos los inmigrantes indocumentados serán elegibles para
optar por el permiso de residencia.
En concreto, detalló que solo entre 3.000 y
4.000 personas indocumentadas que cumplen los requisitos podrían
optar por la residencia temporal que ofrecen en el marco de este
plan.
Posteriormente, en una entrevista concedida al
programa radial “Alegre Despertar”, Girigorie aclaró que el plan de
integración responsable no va a ser un período de gracia para
legalizar a todos los indocumentados.
“Esto es aplicable para todas las nacionalidades, se
aplica a los que entraron antes del 13 marzo del 2020 legalmente, no
para los que entraron en una lancha o algo así”, remarcó.
En los últimos años de recrudecimiento de la
crisis humanitaria en Venezuela, la vía marítima ha sido la mayormente
empleada por quienes huyen del país para llegar a islas cercanas como Curazao.
Estos ciudadanos quedarían excluidos de recibir este beneficio.
Response for
Venezuelans, plataforma de coordinación interangencial para
refugiados y migrantes, admitió a mediados del año pasado que la pandemia había
presionado el aumento de venezolanos que huían de
su país en peligrosos viajes en barco, quienes terminaban más
expuestos a trata de personas al llegar a su destino de origen por no
poder tramitar una estadía legal.
Intención económica de fondo
El ministro de Justicia de Curazao describió en la entrevista
referida el perfil del migrante que podrá disfrutar
de esta oportunidad de legalización temporal.
“Es para personas que entraron legalmente,
tienen empleo, son gente honesta, que trabaja y quiere ayudar a su
familia y contribuir también con Curazao. O que entraron legalmente y
se hicieron ilegales: entraron como turista y encontraron trabajo, no
lograron arreglar su permiso o pagaron un permiso a un gestor que no les hizo
bien. Esas personas pueden aplicar en este momento”, abundó.
Recalcó que la novedad del plan es
que, habitualmente, las leyes no permiten que la persona
en situación ilegal pueda tramitar el permiso de residencia.
“En este caso, dijimos que si cuentan con todos los requisitos para recibir el
permiso y están ilegales, vamos a hacer una excepción y les vamos a dar su
permiso”.
La organización no gubernamental Human
Rights Defense Curaçao (HRDC) había alertado el pasado mes de
febrero que la iniciativa oficial llegaba tras años de negligencia en
el tema del manejo migratorio y de la “violación
fundamental de los derechos humanos de los migrantes
y refugiados vulnerables”.
Del mismo modo, destacaban la confusión que
reinaba en los inmigrantes indocumentados sobre los alcances
de la medida. La ONG también dejaba por sentado su principal inquietud:
que el plan solo integrara a profesionales universitarios, con cierto
poder adquisitivo y que dejara por fuera a personas sin diploma formal
y con pocos ingresos.
Carrera de obstáculos
En el sitio
web del gobierno de Curazao en el que se detallan las condiciones
del plan de Integración Responsable, se deja claro que aunque los
motivos humanitarios “jugaron un papel importante” para diseñar este
proyecto, la principal motivación es económica.
“La contribución de estas personas a la
tesorería de Curazao también es un factor determinante. Esto
representa uno de los principales beneficios de la implantación de esta
política”, se lee textualmente en la nota oficial del gobierno.
La oficina de Inmigración de Curazao enumera
en su página en
internet los requisitos para solicitar la residencia
temporal en Curazao (unos generales y otros específicos en función del
motivo por el que se solicita el permiso), que se enfocan en la
capacidad económica del solicitante.
Los interesados en tramitar la residencia
temporal deben consignar
un comprobante de ingresos, un pasaporte válido -documento de difícil
trámite para los venezolanos dentro y fuera de su país- , acta de
nacimiento y certificado de buena conducta -que no tengan más de dos años de
emitidos-, y una declaración general y de garantía del empleador del
solicitante.
Se aclara además que la solicitud debe ser enviada por
cada miembro de una familia y que el registro solo se puede hacer si se
cumple con todos los requisitos.
Las postulaciones se abrirán desde el 22 de
marzo hasta el 22 de septiembre de 2021. El proceso de análisis
y decisión final se podría tardar hasta seis meses, según
advierten.
Wilson de Lima, excandidato
al Parlamento en el año 2016 por el partido MAN, declaró a Crónicas
del Caribe que los solicitantes deberán desembolsar una importante
cantidad de dinero para tramitar la residencia temporal.
El permiso de residencia por primera vez cuesta 635
florines más estampillas, mientras que
el permiso de trabajo cuesta 1.000 florines. La ley indica que es
la compañía la que asume el costo del permiso de trabajo, pero en la práctica,
es el trabajador quien lo paga por necesidad, señala De Lima.
El migrante debe cancelar para ambos trámites una cifra superior a
los 935 dólares.
Advirtió que, de ser rechazada la solicitud, no
se reintegrará al migrante el 100% del dinero pagado para realizar los
trámites.
Informó también que los permisos de estadía en
la isla son solo por un año, a excepción del permiso que se le otorga a
inversionistas que presenten capitales superiores a 185.000 dólares, que
es de tres años.
Esto significa que las personas que soliciten su
residencia temporal en el marco del plan de integración
responsable, tendrán que realizar nuevos trámites para la renovación
del permiso un año después de que les sea concedido, con todo el
papeleo y recursos económicos que eso implica.
¿Muchos los llamados, pocos los escogidos?
El sitio
oficial en Facebook del gobierno de Curazao se llenó de consultas
durante la emisión de la rueda de prensa del ministro de Justicia.
Buena parte de las dudas eran de
venezolanos que no cuentan con un empleo formal o que
no podían cumplir con algunos de los requisitos exigidos. Hoy todos se
preguntaban si quedarán excluidos de este proceso.
“Yo soy capaz de pagar todo lo que es debido a
esta isla, hay mucha gente que no tiene trabajo como yo y la mayoría
no nos hemos portado mal acá. Yo limpio tres casas por semana a una familia,
tengo un año con ellos. ¿Tengo que pedirles una carta de trabajo, eso
serviría?”, preguntaba una venezolana identificada como Selinda León.
Otra venezolana, Flor Ventura Pérez, manifestó su
inquietud porque el plan no permitirá la legalización de ciudadanos que,
aún indocumentados, ya están contribuyendo de alguna forma con la economía de
la isla.
“Desde 2016 hasta la fecha pago el hospital y todo lo
que se debe pagar lo estamos pagando. Pagar otro permiso no es nada, solo
queremos que nos den la oportunidad de legalizarnos”, expresó.
Algunos, por su parte, denunciaron el carácter
restrictivo del proyecto de integración.
“Esto parece un casting para tomar a
todos los profesionales graduados y desechar a los
obreros”, comentó en la misma red social un venezolano en Curazao
identificado como Joe Castellanos.
Otra inquietud frecuente es el “limbo legal” en
el que están algunas parejas en la isla, en el caso de que uno
o ambos miembros estén ilegales.
“Hay muchas mujeres que tienen hijos o su pareja en
Curazao, pero no han podido casarse porque el Registro Civil no casa
ilegales ¿Podrán estas personas aplicar para tener un permiso y poder
casarse en Curazao?”, fue la duda que plasmó otra de las venezolanas en la
sección de comentarios.
Retroceso en derechos para el migrante
De Lima denunció que desde el año 2008 las autoridades
de la isla han adelantado políticas que le han ido quitando
“estratégicamente” derechos a los ciudadanos inmigrantes.
“Todos los inmigrantes que no tienen un permiso
indefinido de estadía en la isla viven cada año esta tortura. Es una suerte
de esclavitud moderna”, opinó el excandidato al
Parlamento.
Indicó como referencia que antes del 1 de enero de
2013, toda cabeza de hogar que trabajaba podía pagar el seguro social y toda su
familia caía bajo el amparo de la protección de esa persona. En la
actualidad, solo pueden gozar del beneficio del seguro social quienes
tengan la nacionalidad curazoleña, un engorroso proceso que
puede tardar años.
También apuntó que los niños que
nacieron de inmigrantes sin nacionalidad, no tienen derecho al seguro
social de sus padres o hermanos que nacieron antes del 1 de noviembre
de 2014.
“Esto viola tratados internacionales, todos los
gobiernos tienen la responsabilidad de velar y proteger la integridad de cada
niño”, agregó.
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