Carlos Tablante 02 de julio de 2019
@TablanteOficial
La
desaparición forzosa, tortura y asesinato del Capitán de Corbeta Rafael Acosta
Arévalo no es solo responsabilidad de los actores materiales que ahora Maduro
señala a través de sus subalternos en los poderes públicos. Es por todos sabido
que en la DGCIM y en el Sebin no se hace nada sin órdenes superiores.
Pisoteando
la Constitución, el Estado de Derecho y de Justicia, como es su característica,
la dictadura de Maduro persigue, tortura y asesina a los disidentes. Además,
viola de nuevo los artículos 45 y 46 de la Constitución Nacional que establecen
que “se prohibe a la autoridad pública sea civil o militar, aún en estado de
emergencia, excepción o restricción de garantías, practicar, permitir o tolerar
la desaparición forzada de personas”. Más adelante del mismo artículo 45, la CN
subraya que el “funcionario o funcionaria que reciba orden o instrucción para
practicarla (la desaparición forzosa) tiene la obligación de no obedecerla y
denunciarla ante las autoridades competentes” o en su defecto “acudir a
instancias internacionales”.
Por
su parte, el artículo 46 señala que “toda persona tiene derecho a que se
respete su integridad física, psíquica y moral” por lo que “ninguna persona
puede ser sometida a penas, torturas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes”. Además, la responsabilidad de los que ordenan o permiten esta
conducta está claramente señalada cuando se dice que “todo funcionario público
o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o
sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere
este tipo de tratos, será sancionado o sancionada de acuerdo con la ley”.
Por
el contrario, actualmente los responsables de la mayoría de estos hechos gozan
de impunidad. La misma impunidad que protege a los corruptos que desde los
cargos mas altos hasta los mas insignificantes de la estructura gubernamental,
han saqueado y saquean los recursos de todos los venezolanos.
Resulta
inaceptable que mientras la dictadura asesina a oficiales venezolanos que
decidieron cumplir con su rol en defensa de la Constitución, premia a otros que
han sido sancionados nacional e internacionalmente por corrupción. Esta semana
Maduro designó al general Carlos Osorio, ex ministro de Alimentación y ex
presidente de CASA, en la presidencia de la Corporación Venezolana de Minería,
colocando en sus manos el control total del oro y todos los minerales del país.
Seguramente también tendrá a su cargo la relación con las redes criminales que
operan impunemente en el arco minero.
Sin
duda, el asesinato del Capitán Acosta Arévalo, perpetrado casi al mismo tiempo
que Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos
finalizaba su visita al país, impide continuar con las reuniones entre la
oposición democrática y la dictadura hasta que no se inicie una investigación
internacional, independiente e imparcial y se castigue ejemplarmente a los
responsables.
Otras
importantes exigencias que debemos hacer es insistir en la liberación de los
más de 630 presos políticos y en el cese de la persecución de quienes piensan
distinto al régimen.Todo ello dando prioridad a la emergencia humanitaria que
sufre la mayoría del pueblo venezolano.
Siempre
hemos dicho que la salida deseable a la pesadilla que vivimos debe ser la
negociación que permita realizar elecciones generales con un nuevo CNE, con todas
las garantías democráticas que estamos exigiendo, es decir, sin presos
políticos, sin inhabilitados, sin exiliados y con la presencia de observadores
internacionales independientes que sean garantes de la mas absoluta
transparencia en el respeto al derecho al voto que ha estado asediado por el
ventajismo y el fraude.
Finalmente,
lo mas importante es el derecho a la vida. El artículo 19, por su parte,
establece que “El Estado garantizará a toda persona conforme al principio de
progresividad y sin discriminación alguna, el goce y ejercicio irrenunciable,
indivisible e interdependientes de los derechos humanos. Su respeto y garantías
son obligatorios para los órgano del poder público, de conformidad con esta
Constitución y con los tratados sobre derechos humanos suscritos por la
República”, como queda ampliado en el articulo 31. Igualmente, los delitos
contra los derechos humanos no prescriben (art. 29).
Ha
quedado al descubierto la falsedad y perversión de la autocracia que en nombre
de los pobres no solo ha destruido a Venezuela, arruinando la vida de millones
de personas, sino que también ha eliminando fisicamente a decenas de
venezolanos, ya sea en el contexto de manifestaciones públicas, de operativos
policiales (FAES), militares y de los servicios secretos, o de la tortura en
instalaciones de la FAN.
Ya
basta de impunidad! Exigimos justicia!
Carlos
Tablante
@TablanteOficial
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