Por Miguel Pizarro
Venezuela lleva años
padeciendo una crisis económica y social, años de inflación, recesión y
corrupción. Para 2015, el propio Banco Central de Venezuela estimaba que el
nivel de inflación era de 180,9%; nuestro país tenía el peor desempeño
económico en América -y aún lo tiene-, según CEPAL; tenía una deuda de 5.000
millones de dólares a la industria farmacéutica, según la Federación
Farmacéutica Venezolana; y ya se sufrían las primeras consecuencias de la
indolencia de este régimen: desabastecimiento, epidemias, desmejoras
significativas en el poder adquisitivo e inseguridad.
A partir del año 2016, desde
el parlamento se han aprobado decenas de acuerdos que evidencian la crisis en
el sector salud, la violación a la libertad de expresión, la problemática de
los servicios públicos, la emergencia económica, las reiteradas violaciones a
los derechos humanos, el abuso de poder por parte del Ejecutivo. Exhortando al
Estado a tomar medidas que permitieran revertir cada una de estas situaciones y
así prevenir el agravamiento de la crisis. La respuesta del Estado fue la
omisión.
El deterioro de la calidad
de vida, la violación de los derechos económicos y sociales y el padecimiento
de los venezolanos no comenzó en 2018 con las sanciones económicas, en su
mayoría a individuales.El desvío de recursos, la creación de políticas públicas
como herramienta de control social, la subinversión y más aún la indolencia e
irresponsabilidad del régimen son los causantes de esta tragedia.
Hoy, luego de la orden
ejecutiva dictada por el Gobierno de Estados Unidos el lunes 5 de agosto, este
tema vuelve a estar sobre la mesa. Los victimarios pretenden convertirse
en víctimas: quienes han violado el derecho a la alimentación, a la salud, a
una vida digna, quienes han dejado a los venezolanos en la miseria, la hambruna
y la pobreza, se excusan tras las sanciones para no admitir que son ellos
quienes han devastado nuestra nación.
El pasado 4 de julio de
2019, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la
Organización de Naciones Unidas hizo público el informe sobre la situación de
Venezuela, y en él se ratifica que la tragedia en el sector económico y social
no viene dada por estas sanciones, en cambio, ya el país se encontraba en
crisis antes de estas medidas. “La economía venezolana, especialmente su
industria petrolera y los sistemas de producción de alimentos, ya estaban en
crisis antes de que se impusiera cualquier sanción sectorial”, cita el informe.
Hoy, según informes emanados
por los organismos del propio sistema de Naciones Unidas, 7 millones de
venezolanos necesitan Ayuda Humanitaria, más de 4 millones de venezolanos han
migrado a causa de la violencia, la inseguridad y las amenazas, y la falta de
alimentos, medicinas y servicios esenciales, 3,2 millones de niños en Venezuela
requieren con urgencia comida y medicinas y somos el quinto país con mayor
transmisión de sarampión en el mundo. Al menos 56% de los niños que son
evaluados por Caritas Venezuela sufren desnutrición, una situación que se fue
agravando desde el año 2015, y que se pudo prevenir y actuar para ayudar, pero
quienes debían ser garantes de esto no lo hicieron, esta es la evidencia de un
modelo político que se ha dedicado a empobrecer a todo un país, mientras solo
una pequeña élite constituida en su mayoría por afectos o miembros del partido
oficial y entes del Estado se ha hecho 12 veces más millonaria.
Actualmente, Venezuela es
uno de los países más corruptos de América Latina, corroborado por la ONG
Transparencia Internacional.
En 2018 se conoció uno de
los robos más grande de la historia de nuestro país, una investigación de 6
países a 70 funcionarios venezolanos evidenció con un desfalco de 13.199 millones
de dólares
Solamente el exviceministro
de Energía, Nervis Villalobos, quien era uno de los involucrados, se hizo con
4.200 millones de dólares. Otro de los ejemplos de la corrupción son los
Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), una supuesta
solución al problema alimentario que solo generó dependencia en la población y
el aumento absurdo de las cuentas bancarias de empresas y Estado. Y según el
diputado Carlos Paparoni, los responsables se han lucrado con más 206 millones
de dólares por sobreprecio entre transacciones, distribución y embalaje de
estas cajas. Recientemente, en México, bloquearon 19 cuentas personales y
jurídicas relacionadas con la venta de productos de baja calidad y con
sobreprecio destinados a las cajas CLAP
Ellos intentan refugiarse y
simplificar el problema alegando que la solución a toda la crisis venezolana es
que se levanten sus sanciones.
Argumentos totalmente
alejados de la realidad, estas medidas de presión se han hecho a individuales,
afectan al funcionario que pretende seguir utilizando los recursos de los
venezolanos a través de transacciones financieras y a todo aquel país, empresa
o particular que pretenda continuar entablando negocios con el régimen
–negocios que evidentemente solo benefician sus intereses personales–
Cada una de las medidas que
ha tomado la comunidad internacional solo es consecuencia de la indolencia de
quienes hoy usurpan el poder; es un freno para su corrupción; y un mecanismo de
presión para procurar una solución política. No es secreto, ni para los
venezolanos, ni para el mundo, que es el Estado venezolano el único responsable
de las muertes, la migración y el sufrimiento de millones de personas que, a
pesar de la adversidad, luchamos por nuestros derechos, trabajamos sin descanso
por construir el cambio que anhelamos para Venezuela.
09-08-19
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