El modelo extractivista ecocida y criminal impulsado por el estado venezolano con el apoyo de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB) sigue cobrando vidas, además de destruir los ríos más importantes de Venezuela. Esta vez la tragedia humana y ambiental ocurrió en la cuenca del río La Paragua, a poca distancia del Monumento Natural Guaiquinima y el Parque Nacional Caura, dentro de la Zona Protectora Sur del Estado Bolívar y de la Reserva Forestal de La Paragua.
SOSOrinoco ha identificado la ubicación de la mina “Bulla Loca” donde ocurrió el derrumbe que hasta el momento ha cobrado la vida de al menos 20 personas (confirmados) y decenas de mineros tapiados. Estos mapas e imágenes satelitales, cortesía de @Planet, demuestran la expansión acelerada de esta mina (80 hectáreas en 10 meses) y de otras en la zona, donde podrían ocurrir accidentes parecidos.
SOSOrinoco ha publicado varios informes sobre la expansión de la minería ilegal en La Paragua y la trágica realidad de los accidentes en las minas al sur del Orinoco:
Informe sobre minería en la Paragua:
https://sosorinoco.org/es/informes/la-mineria-en-el-paragua-asedia-al-monumento-natural-guaiquinima-el-infierno-a-las-puertas-del-paraiso/
Informe sobre accidentes mineros:
Informe sobre accidentes mineros:
https://sosorinoco.org/es/informes/la-otra-cara-del-arco-minero-los-accidentes-en-las-minas/
Este incremento en la minería ilegal ha sido promovido por el gobierno venezolano, a través de una política nacional extractivista, conocida como “Arco Minero del Orinoco”, aprobada inconstitucionalmente en 2016, que abarca una inmensa extensión del territorio venezolano (111.843 km2), adyacente a la costa sur del río Orinoco y que es la “marca” de una política de apertura total a la minería en general, pero que tiene como ambición principal el oro, el coltán, los diamantes, y minerales conocidos como “tierras raras” (rare earth materials). Esta política tiene la apariencia de tener un marco geográfico delimitado, pero en realidad busca desbordarse a las regiones adyacentes, que según los mapas oficiales no estarían dentro del Arco Minero, como es el caso de Parque Nacional Canaima, Parque Nacional Caura, Reserva de Biósfera Alto Orinoco, entre otras áreas protegidas y que ha dado pie a una fiebre de oro por todo el sur del Orinoco. El caso más atroz es el del parque nacional Yapacana, el cual estuvo hasta hace poco, y por más de 20 años, invadido por más de 10 mil mineros.
La actividad minera sigue creciendo desenfrenadamente en todas las Áreas Protegidas al sur del Orinoco. Es evidente que no hay ningún interés por parte de la autoridad ambiental oficial, que ha demostrado ser absolutamente incapaz de responder efectivamente a esta problemática. En los últimos años la presencia de grupos armados irregulares (“sindicatos”, mafias mineras, guerrilla colombiana) ha incrementado la violencia, toda ella relacionada de una u otra forma con la minería.
Este incremento en la minería ilegal ha sido promovido por el gobierno venezolano, a través de una política nacional extractivista, conocida como “Arco Minero del Orinoco”, aprobada inconstitucionalmente en 2016, que abarca una inmensa extensión del territorio venezolano (111.843 km2), adyacente a la costa sur del río Orinoco y que es la “marca” de una política de apertura total a la minería en general, pero que tiene como ambición principal el oro, el coltán, los diamantes, y minerales conocidos como “tierras raras” (rare earth materials). Esta política tiene la apariencia de tener un marco geográfico delimitado, pero en realidad busca desbordarse a las regiones adyacentes, que según los mapas oficiales no estarían dentro del Arco Minero, como es el caso de Parque Nacional Canaima, Parque Nacional Caura, Reserva de Biósfera Alto Orinoco, entre otras áreas protegidas y que ha dado pie a una fiebre de oro por todo el sur del Orinoco. El caso más atroz es el del parque nacional Yapacana, el cual estuvo hasta hace poco, y por más de 20 años, invadido por más de 10 mil mineros.
La actividad minera sigue creciendo desenfrenadamente en todas las Áreas Protegidas al sur del Orinoco. Es evidente que no hay ningún interés por parte de la autoridad ambiental oficial, que ha demostrado ser absolutamente incapaz de responder efectivamente a esta problemática. En los últimos años la presencia de grupos armados irregulares (“sindicatos”, mafias mineras, guerrilla colombiana) ha incrementado la violencia, toda ella relacionada de una u otra forma con la minería.
SOSOrinoco un grupo de investigación iniciado en el 2018 por un grupo de expertos dentro y fuera de Venezuela. Han estado trabajando de manera anónima, debido al alto riesgo que conlleva este tipo de investigación en Venezuela. Su compromiso ha sido documentar y realizar un diagnóstico a fondo de la región al sur del río Orinoco y crear conciencia sobre la tragedia que se está produciendo, así́ como perfilar las medidas urgentes que se deben adoptar para detener este desastre. Hasta la fecha se han publicado más de 30 informes en la página web.
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