Lidis Méndez 21 de febrero de 2024
El
caso de Rocío San Miguel representa un abuso de poder del Estado contra el
espacio cívico y la sociedad civil organizada en Venezuela, además de demostrar
la poca voluntad de las autoridades para cumplir con el ordenamiento jurídico
que las rige y respetar el debido proceso.
A lo
anterior se añade que el caso contra la activista parece más un error que una
buena estrategia, porque Rocío San Miguel aparte de ganar un juicio al Estado
venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), cuenta
con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH); por lo tanto, las autoridades tienen un mandato en cuanto a su
obligación de protegerla.
La persecución y encarcelamiento por motivos políticos no es solo un peligro para la persona o grupo afectado, sino para toda la sociedad, por lo que ser indiferente a hechos tan sistemáticos en medio de nuestra precaria existencia social, es realmente inaudito. Este acto no solo afecta a la activista y a su familia, sino que constituye un ataque directo contra el tejido social y la sociedad civil organizada.
En un
contexto donde la represión se ha convertido en una estrategia común y
selectiva, las consecuencias se hacen sentir de inmediato en el cuerpo social a
través de la desconfianza hacia el Estado, la indignación ante las autoridades
y el repudio hacia los autores intelectuales de este tipo de acciones.
Impedir
el ejercicio de nuestros derechos por la vía de la fuerza es una acción que se
ha salido de control en Venezuela, el Ministerio Publico funge como verdugo de
sindicalistas, miembros de partidos políticos, periodistas y defensores de
derechos humanos, obviando su rol como garante independiente en la
administración de la justicia, el juicio previo y el debido proceso.
Una
sociedad sana tiene el deber de condenar enérgicamente estos actos y presionar
sistemáticamente para que se respeten los principios fundamentales que
garantizan la dignidad y la libertad de las personas hasta que se pueda probar
que es culpable de los hechos que se le imputan. Cuando el abuso de poder
afecta no solo a la persona detenida, sino también a su familia, la tragedia se
amplifica.
El
camino hacia unas elecciones medianamente confiables de 2024 esta obstaculizado
por las inhabilitaciones y persecuciones políticas, en tal sentido, cabe
preguntase si ¿Estamos realmente luchando por un cambio en las esferas
del poder o nos quedamos atrapados una red que impide el florecimiento de
nuevas ideas y perspectivas? La respuesta pública sobre este dilema no
debe limitarse a conocer los sucesos y giros mediáticos, sino también a evaluar
críticamente la condición de las instituciones, los funcionarios, los
“representantes políticos” y a nosotros mismos.
En
medio de los carnavales y semana santa quizás sea difícil observar una
reflexión colectiva y acciones enfocadas de un sector significativo de la
población, pero indudablemente el verdadero desafío estará en los meses que
están por venir. Debido al desorden social en el cual subsistimos, quizás el
ciudadano común perciba la política como una herramienta sin sentido, y más aún
cuando observa que desde las esferas de la «justicia» se puede fabricar
cualquier mal ante el cual se encuentra literalmente indefenso.
Y es
precisamente en este punto, donde acecha el peligro del abuso del poder y donde
sus autores se dan por satisfechos, porque ellos sí saben que el conformismo,
la indiferencia, la falta de empatía y la pasividad son más destructivos que la
crisis económica, la corrupción, el clientelismo y el amedrentamiento.
Pero
el agravio a la unidad familiar para extralimitar un control que asegure
«resultados legítimos y confiables» en las próximas elecciones, es sin lugar a
dudas el mayor signo de malignidad y debilidad que se haya observado hasta el
momento.
Y esto
es aterrador, porque contra los delirios y la estupidez estamos indefensos.
Llegamos a un punto donde ni las protestas ni el uso de la fuerza logran nada
aquí; un gobierno completamente satisfecho de sí mismo, se ciega fácilmente y
se vuelve iracundo al defenderse. Por esta razón, se requiere mayor cautela
cuando las acciones parecen inverosímiles, ya que persuadir a personas
irracionales es un sinsentido y peligroso, quizás por eso Mari Pili expresó que
«el silencio es por miedo, no por falta de indignación o de vergüenza ante los
hechos».
Sin
embargo, es importante tener en cuenta que la libertad y el bienestar
son derechos fundamentales de todo ser humano, no podemos callarnos por respeto
a quienes sufren por ser (o haber sido) unos verdaderos héroes y heroínas;
por todos los seres humanos que luchan por el bienestar de otros a expensas del
suyo propio, por aquellos que aman su país tanto como aman a su familia, nos
mantenemos en resistencia cívica con la cabeza fría y un corazón ardiente
exigiendo justicia, orden y libertad.
Lidis
Méndez
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