Comunicado
Conferencia Episcopal, 29/01/2013
Ante los hechos de violencia ocurridos en el Centro Penitenciario de la Región Centro
Occidental “Uribana”, ubicado en el estado Lara, la Comisión de Justicia
y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolana, se dirigen a la opinión pública y
a los medios de comunicación social:
1. Manifestamos nuestra más honda tristeza y preocupación
por los hechos violentos que han ocurridos en el Centro Penitenciario de la Región
Centro Occidental “Uribana”, a partir del pasado viernes 25 de enero, que hasta
el momento, ha arrojado 58 personas muertas y 88 heridos, entre los que se cuentan
dos pastores evangélicos.
2. A todos los familiares de las víctimas, así como a
todos los miembros de la Iglesia Evangélica Venezolana les queremos expresar
nuestra solidaridad y oración en estos momentos de tristeza y dolor.
3. Lamentamos y condenamos el funcionamiento impune y abierto de bandas y
mafias internas que ejercen el control absoluto dentro de las instalaciones de
los internados judiciales y penitenciarías, lo que origina que la población penitenciaria
tenga acceso a armas de guerra y armamento de uso exclusivo de los cuerpos de
Seguridad del Estado, ocasionando constantemente muertes y actos violentos en
los recintos penitenciarios.
4. Constatamos la violación constante de lo establecido en el artículo 43
de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela donde se establece
que el Estado debe de garantizar de manera especial la vida de las personas que
se encuentran privadas de libertad en las cárceles.
5. Vemos con preocupación que la implementación de políticas penitenciarias
por parte del Ministerio del Poder Popular para los Servicios Penitenciarios son
inoperantes e ineficaces; y sigan por lo tanto ocurriendo hechos violentos que
vulneran el derecho a la vida a la integridad de las personas privadas de
libertad. Además observamos que el hacinamiento, la falta de alimentos
adecuados, la violencia descontrolada, los retardos procesales y las vejaciones
que sufren sus familiares, entre otros, siguen afectando a las personas
privadas de libertad en Venezuela, lo cual choca con el anuncio del exiguo presupuesto
aprobado para el presente año fiscal.
Ante esta realidad la Iglesia Católica no puede
quedarse inerte
6. Exigimos al Ministerio del Poder Popular para los Servicios
Penitenciarios, de cumplimiento del artículo 272 de nuestra Carta Magna
referido al Sistema Penitenciario y que se comprometa de manera más decidida a
solucionar la grave crisis penitenciaria existente y se tomen todas las medidas
necesarias para la no repetición de estos hechos y para la garantía efectiva de
todos los derechos humanos de las personas privadas de libertad bajo custodia
del Estado venezolano.
7. Rechazamos categóricamente que a pesar de haber pasado ya más de una
década de gobierno se siga buscando culpables de la crisis carcelaria en el
pasado o responsabilizando a terceros, en vez de asumir su propia
responsabilidad y utilizar todas las energías en buscar soluciones para el
presente y cambiar la historia de los recintos penitenciarios en el futuro.
8. Solicitamos al Estado que ante hechos de violaciones de Derechos Humanos
en las cárceles haga investigaciones eficaces, independientes e imparciales que
permitan procesar y sancionar a los responsables para que no siga reinando la
impunidad.
9. Exigimos al Ministerio del Poder Popular para los Servicios
Penitenciarios, nos permita la entrada en aquellos centros en los que ha sido
suspendida la visita de los agentes de la Pastoral Social y Penitenciaria. A la
vez solicitamos la garantía de la vida y de los derechos humanos de los
privados de libertad, de los funcionarios que laboran en los recintos y una
revisión del sistema penitenciario de modo que este sirva para que la persona
encuentre el verdadero sentido de su vida y la pena se convierta en una
oportunidad de desarrollo personal y restauración. Esta tarea no es sólo
responsabilidad del Estado y debe éste buscar y aceptar la colaboración de las
organizaciones que desde diversos ángulos se ocupan por años de la realidad
carcelaria.
10. Ante este drama penitenciario que se vive en nuestro país y que es la
negación absoluta de la Dignidad Humana, no es posible asumir una actitud
cómoda y tranquila, por lo cual apelamos a la responsabilidad ciudadana y a una
actitud evangélica y nos comprometemos que desde nuestra acción pastoral seguiremos
acompañando a los privados de libertad y a sus familiares.
Pedimos a todos los cristianos: orar intensamente a Dios Nuestro Señor
por la solución de la crisis carcelaria, orar por los difuntos y por sus familiares y a acompañar en la medida
de sus posibilidades a las personas privadas de libertad siendo testimonio de
caridad fraterna.
En
Caracas, a los 29 días del mes de enero 2013
Mons. Roberto Luckert León
Presidente
Oficina de Justicia y Paz
Mons. Baltazar Porras
Presidente
Comisión de Pastoral Social
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