Por Carlos Vilchez Navamuel, 17/09/2015
Las experiencias en diferentes países con
Estados benefactores son claras, el fracaso es el común denominador, los
Estados estatistas y benefactores son poco eficientes, gastan en demasía, crean
élites y gollerías en la función pública, encarecen los servicios, elevan los
impuestos y producen corrupción, esto ha
sucedido aún en países donde la mayoría de ciudadanos se saben son honestos como es el caso de Suecia, donde el
Estado Benefactor sucumbió, Suecia se dio cuenta de esto hace muchos años y por
eso cambió su modelo político y económico, sin embargo mientras eso sucedía en
el norte de Europa, en el sur de ese continente, países como Grecia
convirtieron al Estado Benefactor en una piñata para políticos, sindicatos y
funcionarios públicos y algunos beneficios para los ciudadanos sobre todo en el
retiro y las pensiones.
Basta, es suficiente de tanta prueba y de
tanto error, es hora de dar un giro completo, no debe castigarse más a la
mayoría de los ciudadanos a costa de grupos privilegiados que insisten en mantenernos
dentro de este modelo, algunos analistas como verán a continuación visualizan
ya el ocaso de este sistema.
Nuestra región no se queda atrás, el mejor
ejemplo ha sido Venezuela, un país riquísimo, implantó el sistema estatista del
Estado benefactor (Socialismo del Siglo XXI) y hoy día está en una crisis
económica y política sin igual.
El conocido periodista cubano, Carlos
Alberto Montaner, recientemente escribió un artículo titulado: “El ocaso del Estado
Benefactor” El escritor inicia su escrito así: “Edmund S. Phelps, Premio Nobel
de Economía en el 2006, ha escrito un artículo importante sobre los fundamentos
de la fracasada economía griega. Explica cómo el gasto público excesivo, el endeudamiento, el déficit fiscal, el
corporativismo, los contratos colectivos, los reclamos aplastantes de los
sindicatos, el sistema de pensiones y la torpe manera de recaudar impuestos,
han hundido la economía helena. Pero Phelp va más allá: advierte que Francia,
Italia, e incluso Alemania, van por el mismo camino”.
En su artículo Carlos Alberto Montaner
advierte también que “A esa lista habría que agregar varios países
latinoamericanos. Concretémonos en las tres
democracias ejemplares de nuestro vecindario: Uruguay, Chile y Costa Rica. Las
tres naciones comparecen en la lista de Transparencia Internacional como las
más honradas y respetuosas de la ley. Las tres, sin embargo, presentan claros
síntomas de decadencia relativa. No crecen lo suficiente, apenas innovan, los
gobiernos gastan más de lo prudente, y sus estudiantes no dan la talla cuando
contrastan sus conocimientos con los de casi todas las naciones de la OCDE”.
http://www.elblogdemontaner.com/el-ocaso-del-estado-benefactor/
Pero ¿Qué hacer ante semejante tarea? Para
nosotros la fórmula es revertir lo hecho, para empezar reducir el gasto y la
planilla de forma inteligente y sostenida, 10 años podría ser un tiempo suficiente,
apertura económica real, bajar impuestos y facilitar en todo lo posible al
emprendedor, al empresario y al inversionista el qué hacer para producir
eliminando leyes y reglamentos que son de interés estatista.
Juan Carlos Hidalgo, analista sobre América
Latina en el Cato Institute con sede en Washington, y premio Libertad ANFE
2014, escribió en su columna del
periódico, La Nación, del 14-09-2015 que “La decimonovena edición de El índice
de Libertad Económica en el Mundo publicado recientemente revela que en el
período 1990-2013 las economías más libres crecieron en promedio más rápido
(3,27% anual) que las menos libres (1,17%). Un mayor crecimiento sostenido en
el tiempo explica por qué los países más libres tienen un PIB per cápita
promedio 5,5 veces superior a las de sus pares con economías más intervenidas”.
Deberíamos estudiar en profundidad
distintos programas de ajustes y reformas que se han llevado a cabo en otros
países como por ejemplo en Suecia en los años 90 y Canadá posteriormente que en
su oportunidad redujo el gasto del 50% al 45% del PIB y que acaba de reducir los
impuestos y en Nueva Zelanda, que abarcó un recorte del 61% al 43% del PIB en
los desembolsos de las Administraciones Públicas.
Carlos Vilchez Navamuel
@carlosvilchezn
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