Por Henrique Capriles
En los últimos años Venezuela
ha dado pasos agigantados hacia la pobreza, gracias a la incapacidad de Nicolás
Maduro para tomar decisiones acordes a la realidad del país. Pero a la
ineptitud de este señor se le suman otros factores.
Hace tiempo que el régimen de
Nicolás Maduro no es capaz de sostener la estabilidad social y política dentro
del marco de respeto al orden jurídico establecido, es decir, perdió su
capacidad de gobernar.
Intenta aferrarse al poder
sólo por la vía de la represión desmedida, pero a medida que despliega su
arsenal de armas, incluso algunas vencidas y otras con efectos no conocidos, se
deslegitima cada día más y acelera su salida del poder.
La protesta es uno de los
derechos humanos fundamentales y el gobierno sigue quebrantando esa garantía.
Que las protestas sean reprimidas y hayan sido atacadas por grupos armados civiles,
son demostraciones inequívocas de las graves violaciones cometidas contra
quienes nos manifestamos contra el quebrantamiento del orden constitucional.
Mientras en el país cada vez
son más contados los alimentos y las medicinas brillan por su ausencia, el
narco gobierno pretende intimidar a un pueblo que sale a la calle a exigir sus
derechos, con una represión sin precedentes, pero que no ha hecho mella en las
ganas de los manifestantes de seguir exigiendo la restitución del hilo
constitucional.
Ya existe el cálculo. En unas
horas de movilización, las fuerzas de seguridad del Estado pueden llegar a
lanzar hasta 300 artefactos lacrimógenos. Lo que podría representar un gasto
entre 2.700 y 14.000 dólares, que equivaldría entre 1,9 millones y 10 millones
de bolívares calculado a dólar Simadi (Bs. 717). Esto, tomando en cuenta que
cada artefacto puede costar en el mercado estadounidense entre 8,99 hasta 46 dólares.
Imagínense cuántos alimentos y
cuántas medicinas podrían traerse con 10 millones de bolívares que el gobierno
gasta en una sola tarde para no permitir que los venezolanos se expresen.
Multipliquen esos 10 millones de bolívares por cada tarde en la que los
venezolanos han salido a tomar las calles con el único fin de las que las
instituciones del Estado nos escuchen y se respeten nuestros derechos.
Las prioridades del gobierno
siempre han estado al revés, pero en la situación en la que vivimos, en la que
las mismas personas que dieron su confianza a quienes hoy están en el poder
también padecen y pasan por el trago amargo de acostarse sin comer, la actitud
de la cúpula corrupta sobrepasa lo irracional.
Es por eso que hoy hay un
pueblo movilizado, con peticiones genuinas en la calle. En Venezuela se dio un
Golpe de Estado y eso no cambia borrando unas líneas a una sentencia, el
autogolpe continúa, no fueron devueltas las competencias al Parlamento, ya que
las aclaratorias fueron sobre medidas cautelares y tienen carácter
temporal, por eso decimos que el autogolpe sigue y estamos llamados a
derrotarlo.
No existe norma jurídica que
establezca que el TSJ pueda suspender el funcionamiento de un poder público por
el incumplimiento de una decisión y la figura de desacato se fija a personas
naturales que se rebelan, previa realización de procedimientos penales a
solicitud del Ministerio Público.
También por órdenes de Maduro,
uno de sus títeres nos impuso una inhabilitación para intentar sacarnos de la
contienda política. Las supuestas faltas por las que se dicta la inhabilitación
no afectaron el patrimonio público, pero además todas las acciones señaladas
están apegadas a la Ley, y durante la apertura y transcurso del procedimiento,
las pruebas de la defensa fueron negadas. Es evidente que es una medida montada
por retaliación, que, además de ser desproporcional, ya que por una multa de 10
dólares se me impone una inhabilitación de 15 años (la máxima de la Ley
Orgánica de la Contraloría de la República); también es inconstitucional porque
el Contralor se otorga la función de decidir quién puede o no optar a cargos
públicos sin pasar por tener una sentencia firme.
Todo forma parte del mismo
paquete del autogolpe de un régimen que sabe que por los votos no se mantendrá
en el poder. La mayoría de este tipo de regímenes terminan divorciados de la
democracia, porque entienden a ésta, no como un proceso negociado con el fin de
incluir y servir a todos, sino como una batalla absoluta entre la voluntad del
pueblo y quien se oponga a ella.
Sabemos que el gobierno juega
sucio y se le metió en la cabeza escoger la oposición que a ellos les convenga
para realizar una contienda electoral, por eso, hoy más que nunca, todos los
venezolanos, estemos o no investidos de autoridad, estamos llamados a ejercer
nuestra ciudadanía para restablecer el hilo constitucional, tal como lo
contempla nuestra Constitución Nacional en el artículo 333, porque esta no es
una lucha de un solo hombre, sino de todos los venezolanos.
Los venezolanos estamos en la
calle porque queremos recuperar el hilo constitucional, queremos que se
respeten las competencias de la Asamblea Nacional, electa por 14 millones de
venezolanos; queremos que se convoque a elecciones libres y se establezca un
cronograma electoral, nuestra Constitución es muy clara en cuanto a los
tiempos; queremos que se libere a los presos políticos y no haya
inhabilitaciones, porque en ambos casos violenta los derechos políticos que
tenemos como venezolanos; y por último, pero no menos importante, queremos que
se abra el canal humanitario para que lleguen a nuestro país los alimentos y
medicinas que tanto necesita nuestro pueblo.
Nuestra arma es la
Constitución, es nuestro camino a un destino distinto, a un horizonte de
oportunidades, a una nueva Venezuela.
Sigamos adelante en la calle,
exigiendo lo que por derecho nos corresponde. Nos han quitado tanto, que hasta
nos quitaron el miedo. Sigamos adelante, que el sol viene alumbrando con
fuerza. Nos vemos en las calles de toda Venezuela el próximo 19 de abril, es
hora de parir una nueva independencia para nuestra patria, la independencia
frente a la corrupción y la dictadura que hoy impera.
¡Qué Dios bendiga a nuestra
Venezuela!
16-04-17
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